Por escuelas seguras y educación de calidad: ¿nos acompañan?

En estos momentos nada se discute más que el regreso a clases presenciales. Las fuerzas políticas, los funcionarios de gobierno dan sendas declaraciones sobre la importancia de “volver a las aulas”. Como si alguien pensara que no lo es... “El 100% de las escuelas está en condiciones de empezar”, exclama Thomas. "Hay riesgos, pero se puede avanzar con protocolos” declara Trotta.

¿Acaso necesitan explicar a las familias lo difícil que es tener niños/as o adolescentes encerrados en casa, intentando aprender algo desde un aparatito maltrecho y deshumanizado? ¿Van a decirnos a docentes, que también somos madres y padres, el cansancio y la sobrecarga laboral que resulta de tanta virtualidad?

Sabemos, además, que la virtualidad agravó males ya conocidos. Porque miles de niños/as y adolescentes no tienen acceso a internet ni dispositivos o en la misma familia comparten el mismo entre varios. Por lo cual, la desigualdad en educación nunca ha sido más grande, más brutal.

Sabemos, también, que los bellos discursos y las sanas intenciones no resuelven los problemas concretos sino van pegados, como la sombra al cuerpo, de acciones concretas. Es por esto que la verborrea de la presencialidad se cae a pedazos cuando uno ingresa a una escuela. De las reales, de las que están en el barrio y que, usted, lector o lectora, seguramente tiene cerca.

Para no hacer abstracción. Algunos ejemplos: la Esc. Dr. Armando Figueroa, de San Martín, fue incendiada en septiembre de 2020. Las obras están a medias y los/as niños/as tendrán que asistir a clases en módulos sin ventilación y que no permiten nada de distanciamiento. El protocolo: bien, gracias.

La Esc. de Formación Integral 7-010 de Las Heras que recibe a jóvenes y adultos/as con discapacidades y que tiene una matrícula que supera las 100 personas trabaja en un edificio prestado, pensado para niños/as de primario, con talleres diminutos que no tienen ventilación. Hay dos baños –literal, dos inodoros- para todos/as los/as estudiantes. Están incorporados a las aulas. Y no están adaptados para personas con discapacidad.

Podríamos agregar la Esc. Arturo Jauretche de Luján de Cuyo, que tiene zonas de terreno socavadas por las aguas del pozo séptico o aulas divididas con placas y mal ventiladas. Son obras que esperan hace años.

La lista sigue y sigue. Falta de servicios básicos como agua. Techos que se llueven. Baños en condiciones desastrosas. Falta de servicio de internet. En estas condiciones, la aplicación de cualquier protocolo suena a broma cruel. Y de plan de vacunación sin fechas concretas.

¿Cómo se llega a esto? Porque desde hace años el presupuesto cae (ver gráfico). Y es una decisión política, porque las escuelas no son prioridad. Según la ley de educación provincial vigente, el 35% del presupuesto anual del Estado debería estar destinado a educación. En 2021, será del 18%.

La coronación de la barbarie pedagógica son los cierres de cursos que ya comenzaron. Son decenas de aulas menos y cientos de estudiantes cuyos cursos serán fusionados. El resultado: menos distanciamiento en detrimento de los ya devaluados protocolos; docentes desocupados y más recorte. Una fórmula brillante para arrasar con la escuela pública.

Mamás, papás: ¿saben cuánto vale la salud de sus hijas e hijos? Entre $20.000 y $30.000 por escuela por única vez en el año. Para comprar todos los insumos de limpieza, todo lo que los protocolos exigen para prevención y para los gastos de librería de la institución.

¿Saben cómo se sostiene una escuela mensualmente? Con el “fondo fijo” que envía el gobierno y que equivale a unos $2.000. El resto son rifas, cooperadora, buena voluntad de la comunidad frente a la desidia del gobierno.

También en materia presupuesta entra nuestro salario. Y también tiene que ver con la calidad educativa. ¿Enseñará igual una docente que trabaja doble turno y luego sigue corriendo o planificando en casa que una que trabaja en un solo cargo? ¿Será igual la calidad de la enseñanza del profesor que trabaja el límite de horas cátedras en cinco o seis escuelas y que a veces tiene otro trabajo extra a aquel que puede dedicar sus capacidades, su formación y su tiempo por menos horas mejor pagadas? La realidad nuestra es, hoy, trabajar hasta la extenuación a cambio de un salario miserable que alcanza para llegar a mitad de mes. La canasta básica total de $54.000 le saca $30.000 al salario inicial docente. Y a los/as celadores/as, mucho más.

Mamás, papás, familias, estudiantes: es hora de pasar a la acción. Tenemos que hacerlo juntos, codo a codo. Se trata de lograr que el Estado cumpla con cada obligación que le corresponde: garantizar escuelas seguras; un plan de vacunación concreto; garantizar recursos para una educación de calidad, abonos, merienda y todo lo que las y los más vulnerados necesitan para verdaderamente acceder al derecho de estudiar; salarios dignos. De eso se trata. De que los funcionarios empiecen a hacer su parte, porque hasta aquí, ustedes y nosotros ya hemos hecho todo.

Por eso luchamos. Por escuelas seguras y educación de calidad. La educación pública depende de ello. Por eso el lunes y el martes paramos y movilizamos. ¿Nos acompañan?

SINDICATO UNIDO DE TRABAJADORES/AS DE LA EDUCACIÓN