Una ONG católica denunció penalmente a la jueza que intenta suspender la IVE

La presidenta de Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), Teresa Bosio, presentó una denuncia penal contra la jueza Marta Aucar de Trotti por prevaricato (arbitrariedad en alguna resolución). La denuncia apunta contra una resolución en la que esta jueza concedió darle lugar a una medida cautelar presentada por activistas provida en la que reclamaban suspender en la provincia de Chaco la Ley 27.610 de interrupción voluntaria del embarazo.

Según informó el diario Página|12, la organización católica CDD reclamó en la denuncia que se habilite la feria "porque la cautelar concedida en Chaco reviste 'gravedad institucional'". Si a la jueza Aucar se la encontrara responsable del delito de prevaricato, podría corresponderle la pena de de inhabilitación, además de una multa.

Según la denuncia presentada, Aucar "se está atribuyendo funciones que, en principio, no son del Poder Judicial, porque ella se atribuyó la potestad de legislar para todos y suspender en toda la provincia del Chaco la aplicación de la ley".

Además, la denuncia se fundamenta en que "el fallo (de Aucar) carece de argumentos, copia y pega la presentación del amparo. No hay desarrollo técnico". Y agrega que, "lo más preocupante de la situación es que además de dictar una resolución para todo el mundo, se toma atribuciones federales, porque las cuestiones de salud pública son federales. Sin embargo, ella es jueza provincial y falla en relación a eso". 

Por otra parte, añade que la jueza "no hizo el control para saber si quienes lo pidieron estaban legitimados a presentarse en nombre del pueblo chaqueño. Y sin embargo a ese pedido, elevado por personas que no representan a nadie, se les hace lugar".

Por otra parte, el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, reafirmó que se cumplirá con la norma que habilita la interrupción voluntaria del embarazo (IVE).