"Desamparo absoluto": la situación de una familia mendocina con covid-19

María tiene 31 años, es docente, madre de dos niños de 2 y 5 años, y esposa de Pablo. Ella escribió una carta, la cual envió a MDZ, denunciando la falta de asistencia que recibió ella y su familia, todos COVD-19. “Hoy quiero dejar asentado el desamparo absoluto que a nivel familia estamos sufriendo por parte de todo el sistema”, expresa la mujer al inicio del texto.

“Mi familia y yo somos COVID-19 positivos. ¿Cómo llegamos a este diagnóstico? Por nuestra cuenta”. “A nosotros nos tocó con síntomas leves pero quizás para muchos sea un cuadro grave y corre riesgo de quedar desamparado porque el sistema de salud en la provincia está colapsado”.

El 17 de agosto su esposo comienza a manifestar dolores físicos parecidos a los de un estado gripal, por ello averiguan qué camino seguir para que se le realice el hisopado (PCR) , por parte de las autoridades sanitarias, para descartar que los síntomas no fueran por COVID-19. “Nos advierten que a pacientes con síntomas leves no les facilitaban el estudio porque el sistema estaba saturado con casos graves o críticos”, cuenta María.

Al pasar de los días, su condición no mejoraba. El sábado 22 de Agosto, su hija mayor manifiesta dolor de cabeza muy intenso y fiebre de 37.5, “ante tales síntomas, junto a los ya manifestados por mi esposo, se encendieron nuestras alarmas”. Luego, a los dolores físicos que manifestaba Pablo se le suma la pérdida total del sentido del olfato.

Tanto Pablo como su hija mayor, tienen antecedentes de problemas respiratorios  “esto nos hizo solicitar el estudio para determinar si la afección era COVID-19, con el temor de que sus historiales médicos puedan significar una complicación del cuadro que termine por hospitalizarlos” relata María.

Es así como la familia comienza a gestionar todo para que Pablo se realice el hisopado. Decidieron que lo haría sólo él porque consideraban que el resto, al convivir con una caso positivo, iba a recibir también asistencia médica, asesoramiento y seguimiento.

Tras numerosos intentos de comunicarse con la línea oficial de Mendoza (0800-800-COVID), no hubo respuesta del otro lado.

Por tal motivo optaron por realizar el estudio de PCR de manera particular, “decidimos ser ciudadanos civil y socialmente responsables y solidarios. Contratamos de modo particular a alguien que nos pueda hacer el estudio para despejar la duda lo antes posible. Pagamos una suma considerable de dinero, con el mero objetivo de actuar responsablemente” declara María y agrega: “suponíamos que era muy poco conveniente que, si éramos positivos, fuésemos a una guardia a exponer a todo el mundo”.

El día 23 de agosto un bioquímico asistió al domicilio de la familia para realizar la extracción de muestra. Ese mismo día su hijo más pequeño comenzó a manifestar síntomas, con fiebre de hasta 38°, congestión y pérdida del gusto y del apetito, “lo controlamos con la ayuda de su pediatra que por Whatsapp nos dio indicaciones”, cuenta la madre.

El martes 25 de agosto recibieron el informe del estudio de hisopado por PCR positivo correspondiente a Pablo, “con manos temblorosas, pero voz firme, dimos la noticia a nuestros familiares y amigos, a nuestros lugares de trabajo y a todos aquellos con quienes pudimos haber estado en contacto por lo cotidiano de nuestra nueva normalidad. Y allí comenzó la verdadera pesadilla”. 

María expresa que ella y su familia están totalmente desamparados ante la situación que están atravesando, “desamparo por parte de las autoridades sanitarias, desamparo desde la obra social y desamparo del sistema laboral”.

Según la mujer, las autoridades sanitarias no dan respuesta, “de entrada, ya nos encontramos con que ante un llamado por sospecha de COVID-19 positivo, por presentar síntomas, no hay respuesta por estar los sistemas saturados debido a que los casos han crecido significativamente”.

El informe que recibieron de los resultados del hisopado especifica que el caso por ser positivo fue cargado en el sistema SISA (Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino). “Cualquier ciudadano promedio que escucha en los medios de comunicación, ni siquiera con tanta atención, a los gobernantes hablando de las garantías y derechos de sus ciudadanos piensa lo siguiente: -Ok. Ya fue informado nuestro caso al SISA. Tienen nuestros datos. Ya nos irán a llamar para ver cómo seguimos-”, expresa María.

“El 27 de agosto, ante el silencio aturdidor de todos, insisto en la comunicación al 0800-800-COVID de Mendoza”, cuenta la mujer quien luego de llamar varias veces y pasar varios minutos en espera finalmente tuvo respuesta del otro lado del teléfono. “Mi esposo dio positivo por COVID-19, mis hijos menores de edad han presentado síntomas, estamos desde el 17 de agosto aislados, estamos esperando que nos digan qué hacer”, contó la mujer a la persona que atendió su llamada.

María relata que luego de varias preguntas se constató que en la línea oficial de COVID en Mendoza no estaba registrado Pablo, es decir no estaba contabilizado como positivo en la base de datos. 

Luego de proveer a la telefonista toda la información solicitada ella imaginó que recibiría instrucciones sobre cómo seguir, pero sólo “se limitaron a decirnos que el aislamiento debía hacerlo el grupo familiar completo hasta 14 días luego de presentado el primer síntoma de mi esposo, desestimando los síntomas de mis hijos”. Es decir que, si para el 31 de agosto Pablo había pasado tres días completos sin síntomas, se consideraba dado de alta y podía el martes 1 de septiembre hacer vida normal. 

Al recibir esa información María preguntó: “¿se lo somete a un segundo hisopado?”. La respuesta que recibió, según cuenta la mujer, fue: “no, porque como su esposo se hizo el hisopado de manera particular, queda fuera del sistema de seguimiento médico y de investigación epidemiológica oficial”. 

“Si te haces el hisopado, hacelo por las entidades sanitarias públicas o privadas, haciendo todo el caminito burocrático, o bien por medio de la obra social. Eso sí, para que te lo hagan, tenés que estar muriendo de síntomas, con 40° de fiebre, sin poder respirar, o tosiendo sangre”, advierte María y comenta “si tenés síntomas más leves, te quedarás esperando, asumiendo que lo tuviste, o contagiando a gente pensando que es un simple ataque de alergia por la época del año”.

"Nunca hubo ni habrá una autoridad médica que revisara a mi esposo ni a mi familia. En consecuencia, el -alta médica- se la dio a mi esposo el tiempo. No tenemos alta médica emitida por ninguna autoridad sanitaria, a pesar de que se reclamó en ese preciso momento”, escribe María.

El día 29 de agosto María inició de manera online en la página del Gobierno de Mendoza el trámite para solicitar la constancia de aislamiento oficial para poder presentar en sus trabajos, para que no se le descuenten los días que pidió para el cuidado de integrantes de su familia. Hasta el día de la fecha no ha recibido ninguna respuesta.

Además, María decide comunicarse con la línea de COVID de la obra social, para informar la situación de su esposo. “Vuelvo a comentar toda la situación al operador que me atiende amablemente. Me tomaron los datos, y luego de comentar síntomas y trámites ya realizados y demás, se me comunica la siguiente conclusión: la obra social solo hace seguimiento médico e investigación epidemiológica a los afiliados que se realizaron el hisopado por medio de la misma obra social. Si lo hiciste por fuera, es el estado quien debe hacerse cargo”. Sin embargo, “Desde el estado me dicen que es la obra social la que debe hacer el seguimiento por el solo hecho de ser afiliado. 

El domingo 30 de agosto, a un día del -alta médica- de Pablo, María comienza con síntomas: pérdida total del gusto y del olfato, congestión y decaimiento.  La mujer decidió llamar a la obra social para contar su situación y ver si recibirá algún tipo de asistencia. Al comunicarse, según cuenta la mujer, le respondieron: “por protocolo, usted ya es positiva, o sea que no tiene sentido que le gestionemos un turno con un médico para su diagnóstico: usted ya tiene covid”. 

“Pero señores, quiero un seguimiento médico”, les respondió la mujer y la respuesta que obtuvo fue: “lo sentimos, pero usted no puede asistir a un turno presencial siendo positivo por COVID-19, para no exponer al resto de la sociedad ni al personal médico. Si se siente mal, si empeora su estado, por favor llame al número de emergencias. Mientras tanto aíslese”.

María vuelve a llamar a la línea oficial, para solicitar el certificado de COVID-19 positivo a su nombre para presentar en sus trabajos y poder justificar los días que no dará clases por encontrarse en cama y sin voz. “Me entero de que mi esposo nunca había sido ingresado en la base de datos. Que yo sí estaba, pero como conviviente, no sospechosa de ser positiva. Mis hijos no estaban en la base de datos tampoco”, cuenta la mujer quien nuevamente debe brindar los datos de todos los integrantes de la familia y contar la situación en la que se encuentran. 

Luego de esta llamada, según cuenta María, ella, su esposo y sus hijos finalmente pasan a ser casos positivos de COVID-19 para el sistema.

María también denuncia “desamparo del sistema laboral”, ya que desde los dos colegios en los que trabaja, por disposición de la DGE, le han dicho que si no presenta un certificado a su nombre emitido por el Ministerio de Salud que diga que es COVID positivo se le descuentan 14 días del sueldo. 

“Para el sistema sanitario, basta con el positivo de mi esposo para contabilizarme a mí como positiva. Pero para el sistema laboral, no. Yo no seré COVID positiva hasta que se demuestre lo contrario en mis trabajos. No sirve presentar el informe de COVID positivo de mi contacto más estrecho, que es mi esposo. No sirve presentar un certificado de un médico particular contratado para el seguimiento del caso. No sirve el trámite online en curso”, escribe la mujer.

“Y así, señores, se castiga al que trabaja, al que se enferma de un virus que está afectando al mundo entero y no por su voluntad. El sistema entero castiga sin atención, sin certificación, sin seguimiento a quién contrae el virus. El sistema entero castiga descontando días de un sueldo pobre a una docente que desde que se declaró la cuarentena, no dejó de trabajar un segundo ni de poner al servicio del sistema educativo todos sus recursos, posponiendo muchas veces el cuidado de sus propios hijos para hacer que la escuela siguiera abierta”, denuncia María.

“Y concluye en su carta: “El sistema castiga a quien con honestidad y por responsabilidad y solidaridad paga un hisopado de manera particular. Ciegamente confían en que lo que digo es cierto, en mis capacidades de interpretación de consignas y en mi buena voluntad de cumplir con las normas de aislamiento. Nadie me solicitó constancias de lo que estaba diciendo y nunca nadie nos controló para ver si estábamos o no cumpliendo con el aislamiento debidamente”.

“Hoy es 4 de septiembre y aún no tengo respuesta de nadie. Nadie responde por nosotros. Estamos en casa. Y nos quedaremos el tiempo que dicte el virus que nos apresa. Desamparados…”, concluye María.

Los nombres de las personas involucradas fueron cambiados para preservar su identidad.