Opinión: Proponer una reforma educativa en plena pandemia es irracional

Por Enzo Completa*

En los últimos días nos enteramos que el gobierno provincial pretende modificar en plena pandemia y de manera inconsulta varios puntos claves del sistema educativo mendocino, a partir de la sanción de una ley que oculta prejuicios y desconfianza hacia los docentes y que abre las puertas a algunas modalidades peligrosas, como la descentralización del funcionamiento escolar. Frente a un escenario claramente adverso, la DGE no se repliega y pide obediencia a los mismos gremios que por otro lado critica por denunciar el cierre de paritarias por decreto.

En la provincia de Mendoza entre 2016 y 2019 se registró uno de los ajustes estructurales más grandes del país en materia de presupuesto educativo: la inversión en esta cartera se redujo un 31%, revirtiendo la tendencia del período 2012-2015 cuando se incrementó un 13%. Obviamente, el impacto más fuerte lo sintió el sistema público. La gestión de Alfredo Cornejo redujo casi a la mitad (45 puntos porcentuales) la inversión por alumno de gestión estatal, de acuerdo a la ejecución presupuestaria y al propio presupuesto provincial. El golpe al sistema educativo fue tan duro que debería haber terminado en knockout con la pandemia, pero se logró amortiguar su impacto gracias al esfuerzo inconmensurable de los docentes.

En este contexto llega la reforma que propone el Gobernador Suárez, la cual preocupa a toda la comunidad educativa provincial. Hay puntos muy poco claros como la municipalización de servicios educativos (la experiencia de los SEOS debería servirnos como antecedente para exigir más explicaciones) y otros tantos que no otorgan ningún tipo de respuestas a problemas urgentes del sector, como la conectividad y la ausencia de dispositivos para estudiantes y docentes de primarias y secundarias públicas en Mendoza.

Tanto para esta administración como para la anterior del mismo signo político, la educación no fue una prioridad en ninguno de sus 5 presupuestos. En 2015, cuando el peronismo entregó el gobierno, el área Educación alcanzó el 29,8% del (mal llamado) gasto público. Cuando Suárez asumió ese número se había derrumbado a 18,4% según se reconoció en la llamada ley de leyes. 

En este contexto de pandemia, con la imposibilidad de generar espacios concretos de debate, y con estos antecedentes de ajuste radical sobre la educación mendocina, la “invitación” a discutir una reforma a la ley provincial educativa es irracional. Más que una reforma educativa se trata de un paquete de contrarreformas regresivas a favor de la bimodalidad, de los negocios de empresas tecnológicas y de la desfinanciación del sistema educativo.

Miles de docentes, estudiantes, administrativos, preceptores, bedeles y celadores ya se han expresado en contra de este proyecto. Señor Gobernador, necesitamos que escuche a las escuelas. #ParemosLa ReformaEducativa. Sin un debate genuino y en el medio de una crisis económica y sanitaria sin precedentes Mendoza no puede más que oponerse a la reforma.

* El autor es Doctor en Ciencias Políticas (UNR)