Amnistía repudió el trato que recibió la niña violada en Tucumán

La sede argentina de Amnistía Internacional (AI) repudió hoy el "embarazo forzado" que debió afrontar en Tucumán una nena de 11 años por causa de una violación y la "violencia institucional y malos tratos" a los que fue sometida.

En un comunicado, la entidad rechazó "la violencia institucional ejercida por el Sistema Provincial de Salud de la Provincia de Tucumán (SIPROSA)" y "la demora injustificada de acceso a la interrupción legal del embarazo (ILE)", que "vulneró el derecho de la niña a su salud, autonomía, privacidad e intimidad".

"De acuerdo al marco jurídico actual, tenía el derecho de acceder un aborto legal. Tanto la madre como la niña manifestaron de forma clara y oportuna su intención de interrumpir el embarazo", señalaron.

Para la organización "hubo un entramado de obstaculizaciones y dilaciones deliberadamente impuestas" para evitar su derecho a la ILE, que "por acción u omisión" expuso a la nena "a un contexto de tortura y malos tratos y pusieron en riesgo su vida y salud".

También consideró "inaceptable que el sistema de salud haya vulnerado su intimidad, difundiendo detalles sobre su historia clínica, su estado de salud y su decisión de acceder a una práctica médica lícita como lo es el aborto".

"El embarazo a edad temprana trae aparejados riesgos a la salud de niñas y adolescentes" y también tasas de retraso o abandono escolar que profundizan "la desigualdad de género", advirtió la entidad y señaló que en lo que va del año hay casos de gestaciones infantiles forzadas Chaco, Jujuy, Tucumán y Misiones.

Algunas de las organizaciones firmantes, informaron, presentaron hoy "una acción judicial" contra las autoridades sanitarias nacionales a fin de que dispongan "las medidas necesarias para garantizar los abortos legales de acuerdo a la normativa vigente.

"Repudiamos la violencia institucional ejercida contra la niña, instamos a que se sancione a los responsables de la divulgación de información confidencial y a quienes intervinieron en la obstaculización de la práctica", reclamó AI Argentina al insistir en que se garantice el acceso a la ILE "en los términos previstos por la ley".