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Crítica situación en Alco Canale: 600 suspendidos

Junto con el Gobierno, la empresa busca inversores para superar la situación y restablecer los puestos de trabajo.
Foto: Captura de pantalla, sitio oficial de ALCO
Foto: Captura de pantalla, sitio oficial de ALCO

La crítica situación de la conservera Alco Canale se agravó días atrás con la suspensión de 600 trabajadores, por lo que el Gobierno provincial volvió a tomar intervención en el caso.

La empresa se había comprometido a llevar adelante un plan de emergencia sin afectar los puestos de trabajo. Sin embargo la crisis tocó fondo y dejó en suspenso a la gran mayoría de los empleados.

Ante esta situación el Gobierno provincial convocó a las partes a una reunión para buscar una solución consensuada.

El Gobierno estuvo representado por Guillermo Cruz, subsecretario de Industria y Comercio, y Alejandro Jofré, subsecretario de Trabajo, mientras que por la conservera asistieron Alco Canale, Camilo Carballo (padre e hijo) y el gerente Roberto Lahm; y por el gremio, Ricardo Bertero del Sindicato de Trabajadores de la Alimentación de San Rafael y delegados de los trabajadores de la empresa.

Representantes de la empresa y el Gobierno buscan una solución


La reunión, una de las primeras de la denominada Mesa de Diálogo planteada por el Gobierno, se convocó luego de que la empresa suspendiera a los 600 trabajadores permanentes que tiene en las tres plantas que posee en Mendoza, Tunuyán, Tupungato y Real del Padre (San Rafael), ya que una de las condiciones para continuar con la ayuda oficial era el mantenimiento de las fuentes de trabajo.

Desde la empresa, adujeron que están buscando asociarse con otras empresas ya que no son sujetos de crédito, para lograr acceder a las líneas de financiamiento nacionales que le permitan levantar la suspensión de trabajadores, regularizando la situación salarial y continuar con la producción de las plantas.

Al finalizar la reunión, Bertero comentó: "La empresa necesita financiamiento de forma urgente para reincorporar el personal y poder arrancar la temporada, que si hacen damasco, comienza los primeros días de diciembre" y agregó que "a nivel nacional son seis plantas y 3.000 empleados. Sino se soluciona este inconveniente, tienen un futuro incierto".

Guillermo Cruz señaló: "Nuestra misión como Gobierno es intimar a la empresa para que se mantengan las fuentes de trabajo y colaborar en la medida que podamos para que logre la capitalización que necesitan para que las plantas de producción no se vean afectadas".

Más allá de las gestiones realizadas desde marzo hasta ahora, el funcionario aclaró que "el Gobierno participa como mediador en un conflicto entre privados y que pretendemos darle una solución definitiva a esta empresa, a través de la incorporación de un socio, crédito privado u otra medida más dura, que arrastra problemas desde hace varios años".