Seguridad: ¿Política de Estado?

Los mendocinos manifiestan una creciente desconfianza hacia la policía, que se traduce en una serie de sensaciones: miedo a ser la próxima víctima de un delito, bronca hacia las autoridades y negación a pisar una comisaría, aunque sea para formalizar una denuncia que puede servir para atrapar a un delincuente.

¿Por qué estamos como estamos?, es la primera pregunta que surge al analizar la problemática de la seguridad en Mendoza. Las respuestas a esto pueden surgir, también, desde las sensaciones: “porque son todos corruptos”, “hace falta mano dura”, “hay que eliminar la pobreza”, “los policías son ladrones”, “falta profesionalismo”, y muchas otras frases como las que MDZ recoge todos los días, por docenas, de sus lectores.

Vivimos una crisis que no puede dimensionarse en el tiempo, habida cuenta que aun antes de la fecha signada como bisagra en cuanto a políticas de seguridad –como fue la reforma de 1998- Mendoza sufría la inseguridad, aunque de otra manera: policías desobedientes, bajo nivel de esclarecimiento de hechos y escasa participación de los vecinos en tareas de prevención del delito, por ejemplo.

Por ello, y ante las últimas noticias en la materia que hablan de presos que se escapan de sus lugares de custodia, jóvenes que matan por nada, golpes comando inéditos en la historia y policías que a la vez son ladrones, MDZ convocó a un grupo de personas que trabajan en organismos estatales vinculados estrechamente a la Seguridad.

Reunimos alrededor de un desayuno de trabajo al ministro del área, Carlos Ciurca; al ex ministro de Gobierno (1997/98) y actual presidente de la Inspección General de Seguridad (IGS), Félix Pesce; el ex ministro de Justicia y Seguridad  Leopoldo Orquín (1999-2004) y actual director de la IGS representando a la UCR; el ex presidente de la Comisión Bicameral de Seguridad y actual diputado, Daniel Cassia y Gonzalo Barrios, director de la IGS por el Partido Demócrata.

"Lo peor aún no llegó"

Nos anticipamos a las conclusiones que dejó el encuentro, resumiendo las coincidencias:

• Todos fueron capaces de reconocer que estamos mal en materia de seguridad y todos, también, creen que es lo suficientemente grave el momento que se vive como para reclamar de las fuerzas políticas un nuevo espaldarazo, como ocurrió en 1998 y bajo una situación excepcional, como fue la insubordinación total de la fuerza al poder civil;
•  Todos, además, coincidieron en que “lo peor aun no llega”, suscribiendo una teoría que detalló el ex ministro Orquín en torno a la próxima incorporación al delito de los jóvenes que se criaron durante la etapa crítica de 2001.
•  Y ninguno aceptó hablar “a calzón quitado” de la existencia de bandas delictivas integradas por uniformados en actividad o retirados, aunque aceptaron que las leyes creadas con la reforma realizada hace 10 años, tienen falencias y merecen mucho más que un retoque ocasional.

Y al final, ¿por qué estamos como estamos?

“En Mendoza –dijo- no estamos peor que en otras provincias”, afirmación que acompañó desde el arranque Leopoldo Orquín. Pero consideró que aquí tenemos un “valor agregado: el de la no resignación”.

Analizó la situación y empezó desde “abajo”, desde el rol de las familias “desintegradas” y cuánto golpea la droga a los jóvenes. Ciurca no tuvo empacho en poner en “las familias” mucha de la responsabilidad que hay en que sus hijos, sobrinos y vecinos caigan en actitudes violentas que luego el Código Penal encasilla como “delito”.

“Tenemos que sacar de las plazas a los chicos que se drogan, pero muchas veces los vecinos se niegan a aceptar la realidad de que muchas veces son sus propios hijos, o los chiquitos que conocieron como buenos y que ahora le causan mucho daño al barrio”, reflexionó el ministro.

En el campo de las soluciones, dijo que también “tienen que ver con el trabajo de base”. La violencia de los barrios es heredera, según el análisis de Ciurca, de “otras violencias, como fueron los asaltos a los supermercados o la desocupación”.

A todo esto, Ciurca está convencido de que hay que sumarle tres escalones de trabajo: prevención de situaciones delictivas, asistencia a las personas que han sido víctimas y esclarecimiento de hechos “para eliminar la impunidad”.

Y aquí se detuvo: Ciurca cree que en Mendoza es la impunidad el punto de inicio del círculo vicioso del crimen.

“El delito –dijo- se transforma en un hábito, porque hay que gente que con 12 o 15 imputaciones tienen la posibilidad de alardear con que nunca sus causas llegaron a juicio”.

Ciurca, coincidiendo con un pensamiento popular que amenaza con transformarse en norma, sentenció que “es allí en donde se encuentra una justificación jurídica a eso que la gente repite en torno a que los delincuentes entran por una puerta y salen por la otra”.

“Hemos perdido diez años”

Fue el último titular de esa cartera antes de la reforma policial impulsada por Cazabán y que extirpó de esa jurisdicción todo lo que tuviese que ver con asuntos de seguridad o penitenciarios, al crearse el ministerio de Justicia y Seguridad, en 1998.

Pesce, en su nueva función, consideró que “hemos perdido diez años en donde se podría haber avanzado”. Sin embargo, como logro, resaltó lo hecho por un partido diferente al suyo. Destacó que “hubo un plan quinquenal en la época de Orquín, pero cada gobierno quiere empezar todo de nuevo, en una manía fundacional que realmente ha impedido la continuidad de las políticas de Estado”.

“La seguridad –expresó Pesce- es un bien fundante del Estado de derecho y es una de sus tareas indelegables, como lo es la educación o la salud, por ejemplo”.

Como diagnóstico, evaluó que “la inseguridad es una característica de la sociedad en esta época del mundo” y dijo que ya nadie discute que “su multicausalidad reconoce como única forma de abordar el problema, a uno multidisciplinario”.

Pero supo admitir que aun “es una demanda insatisfecha”. Haciendo propia una frase popular, calificó la realidad mendocina y argentina de la siguiente manera: “No es que la verdad sea triste, sino que no tiene remedio”.

“Perdemos competitividad”

“Falló el cortoplacismo, una forma equivocada de actuar frente a la problemática que impidió aplicar la única posibilidad de tener éxito, que es con una visión estratégica de verdaderas políticas de Estado”, señaló Pesce.

En su crítica a lo que consideró como un desperdicio de oportunidades brindadas por la “unívoca vocación política” que demostraron los principales referentes en la materia hace diez años, Pesce mencionó un nuevo escollo para Mendoza a raíz de la inseguridad: “Estamos perdiendo competitividad a nivel inversiones”, además de todo lo que socialmente ya se ha perdido.

“En Mendoza –agregó- no sólo te roban, sino que te matan” y criticó a los “organismos que aparecen nada más que cuando surge una crisis y que deberían tener trabajando en forma permanente equipos interdisciplinarios, buscando y encontrando soluciones”, en obvia referencia al Consejo Asesor de Seguridad que preside Roberto Godoy Lemos.

“Hay que prepararse para tiempos peores”

Orquín es un político avezado: fue intendente, legislador provincial y nacional y fue el único ministro de Seguridad que duró cuatro años en el cargo, a pesar de los embates de la realidad, las demandas de la sociedad y los torbellinos de la política.

Hoy, ocupa un cargo menor en estatura política: es director de la IGS representando a la UCR y tiene como misión principal controlar a los policías. Pero su experiencia no es desaprovechada por las autoridades provinciales y lo tienen como un hombre de consulta permanente.

Coincidió con Ciurca, a quien calificó como “un buen ministro”, en que “Mendoza no es la provincia que peor está en cuanto a la inseguridad” y, recordando sus viejas y habituales peleas con el funcionario nacional Mariano Ciafardini, dijo que “esa percepción son sólo remembranzas de las operaciones que nos hacían desde Buenos Aires para dejarnos mal parados, pero la gente ya no le cree”.

Pero advirtió que “si bien no estamos peor que las provincias más grandes, estamos perdiendo las ventajas comparativas”.

Su dramática perspectiva del futuro la sustentó en datos socioeconómicos. Orquín sostuvo que “sufrimos el embate de los niños subalimentados y víctimas de todo tipo de violencias que sufrieron la década de los 90; pero aun no se incorporan al delito decenas de miles de chicos que fueron víctima de la crisis del 2001”.

“El país –dijo el ex ministro- ha cometido errores muy graves, que han impulsado a la gente hacia la delincuencia”. En este punto dijo que, para actuar, no hay que esperar que esos niños del 2001 “lleguen a la edad de la desesperación”, tal como calificó a la adolescencia.

Nuevamente, como en el 98

Las causas son diferentes y las consecuencias, también podrán serlo. Hablamos de la propuesta que lanzó Orquín en la mesa de MDZ en torno a que, como en 1998, debe convocarse a un nuevo acuerdo político para tomar decisiones de fondo en materia de seguridad.

- No hablamos de eso, decimos que la situación es lo suficientemente seria como para volver a sentarse como en 1998, pero la agenda es otra.

Como el resto, Orquín se negó a hablar de purgas y de policías que delinquen, ya sea integrando bandas o matando gente en lo que comúnmente se denomina “gatillo fácil”. Y prefirió concentrar sus críticas en los errores de la política, para sí corregirlos. “La política ha retrocedido –insistió- volvimos bastante para atrás. ¿Cuántos muertos le costó esto a Mendoza?”, soltó luego, para cerrar su análisis.

Su cálculo, en tanto, indica que “si hubiéramos continuado con lo iniciado en el plan quinquenal, hoy tendríamos 10 mil policías. Y hay que recordar –evaluó Orquín- que fue en esa época en que se habilitó la doble escolaridad, por ejemplo y entre muchas otras alternativas sociales, para enfrentar desde lo social la problemática de la inseguridad”.

“No estamos preparados”

“Yo me pregunto, ¿estamos preparados para lo que viene? Creo que no”, preguntó y respondió el demócrata. Apuntó a la capacidad que tienen los policías para enfrentar las situaciones y puntualizó su preocupación en que “faltan controles psiquiátricos a quienes ingresan a la Policía”.

Esto fue la causa de que “desde el año pasado, le han sacado el permiso de usar el arma a unos 40 policías”. Barrios fue duro en sus apreciaciones: “los policías llegan a usar el uniforme aun sufriendo patologías psicológicas”, por lo que reclamó una refuncionalización de las condiciones de ingreso a la fuerza.

Fue aquí cuando varios de los presentes agregaron sus consideraciones al respecto. Orquín contó que antes, los policías entraban condicionalmente a la policía y si no funcionaban, se les daba de baja. Mientras que Pesce especuló que  “si no se hubiera retrocedido en materia de políticas de seguridad, hoy absolutamente todos los uniformados serían egresados del Instituto Universitario de Seguridad Pública”, el IUSP.

“El vicegobernador debe conducir las acciones interministeriales por la seguridad”

El legislador que renunció a ser parte de la comisión Bicameral de Seguridad luego de que el gobernador Jaque no tuviera en cuenta sus propuestas para el ministerio, reflexionó que “no se puede estar todo el tiempo discutiendo” y comparó el tema con la realización “de una cirugía de cerebro en el Italiano: ¿se imaginan a un montón de gente discutiendo qué hacer frente al cerebro abierto del paciente?”.

Luego, tiró flores hacia Leopoldo Orquín al señalar que “nos guste o no nos guste, acá había un plan; se sentaron con un plan en la mano y con un equipo para ejecutarlo. Yo creo que ahora hay que hacer lo mismo”.

Cassia propuso cosas concretas, tal vez aquellas que pensó ejecutar si Jaque le confiaba la tarea de estar al frente del ministerio, cosa que esperaba (y no es ningún secreto, aunque se niega a admitirlo públicamente) pero que no consiguió.

“Yo dividiría el ministerio en dos áreas centrales, pero no con burócratas, sino con decisores ejecutivos: una dedicada estrictamente a lo coyuntural y la otra, a la planificación de las respuestas sociales y en la acción con las comunidades vulnerables”, dijo.

Una idea innovadora que dejó Cassia sobre la mesa es que “una persona importante del gobierno de la provincia, como puede ser el que ocupe el cargo de vicegobernador, debe conducir una política interministerial vinculada a la seguridad”.

Además, utilizó una calificación de lo que hay que hacer que lo arrima más a la definición del tema que tienen los sectores calificados como “progresistas”, al decir que de lo que hay que hablar es de “el gobierno de la seguridad”.

Con este concepto, el legislador pretende graficar que “hay que hacerse cargo desde todos los sectores, con pro-fe-sio-na-les (sic) del tema”.

Inmediatamente, lanzó fuertes cuestionamientos a la falta de compromiso que actualmente encuentra en el estado, con una lista de puntos oscuros, incongruencias y hasta contradicciones que encuentra en la actualidad, a saber:

- El Organismo Técnico Criminológico (OTC) no hace “ningún seguimiento” a los que han cometido algún delito;

- la Dirección del Liberado “tiene una sola funcionaria, y nada más” al frente de una tarea “que debiera ser prioritaria”;

- la cárcel Almafuerte “no tiene laborterapia ni controles de ingreso de armas, porque la inauguraron a las apuradas”;

- la Inspección General de Seguridad (IGS) “no tiene todas las herramientas para sacar de la fuerza las excepciones de policías que cometen delitos”.

¡Ay justicia!, ¡ay controles!

Dos ejemplos: la IGS que podría estar mejor y los jueces que no se animan a usar todas las herramientas que institucionalmente existen para buscar, atrapar y juzgar a los delincuentes.

En el primero de los casos, Cassia destacó que la Legislatura provincial logró aprobar una iniciativa que él sostuvo junto al ex legislador Enrique Ahumada y que buscaba darle más independencia a la Inspección, el organismo que debe controlar a los policías. Pero dijo que “salió lo posible, no lo necesario” y que eso motivó que recién se esté hablando de darle una autonomía económica, pero sus resoluciones, tal como explicó Pesce, “quedan a criterio de otras dos instancias: la Junta de Disciplina y el propio ministro, que tiene la atribución legal de opinar de manera diferente a lo instruido por esta instancia”.

Orquín y Barrios encendieron un alerta cuando comentaron alternadamente que “a nadie le gustan los controles” y “sectores corporativos buscan desacreditar al organismo de control, con la esperanza de que desaparezca”.

En cuanto a la Justicia y su rol en la lucha contra el crimen, Gonzalo Barrios no descartó que en Mendoza pueda estar pasando “lo mismo que en Buenos Aires” en donde presos peligrosos pueden salir con permisos especiales y seguir delinquiendo. “Peor acá: no hay ni siquiera pulseras o tobilleras para controlar a uno que anda suelto por la provincia”, acotó Cassia.

El legislador oficialista enumeró dificultades: “hace tres años que duerme un proyecto para cambiar el Código de Faltas integralmente; hay superposiciones de figuras jurídicas”. Y siguió Orquín con su propia lista: “los jueces no se animan a usar las instituciones previstas en el Código Procesal Penal; sólo un juez en mi gestión como ministro solicitó aplicar la figura del agente encubierto y así logró resolver un caso en una semana…”

Final. O principio, de nuevo

En un círculo virtuoso, cada uno en una rueda aporta un algo superando al anterior y, al final, puede advertirse que la rueda gira y todos lucen con un rostro que muestra la alegría del deber cumplido.

En un círculo vicioso, los aportes son dispares y al cerrarse la vuelta completa hay que empezar de nuevo porque no hay acuerdo, se repiten errores, cunde el caos.

La reunión convocada por MDZ puede encuadrarse en la primera de las definiciones: todos tienen responsabilidades y podrán formularse críticas mejor o peor intencionadas sobre cada uno, pero están allí, donde pocos quieren estar.

Las políticas de seguridad en Mendoza, en tanto, se encuentran inmersas en el segundo círculo. Quedó claro en las críticas y las autocríticas que supieron hacer los participantes del encuentro.

Tal vez con demasiada crudeza, hoy sabemos que “estamos mal, podremos ir mas o menos subiendo la cuesta, pero lo que viene es peor”.

Por eso lo que queda, según lo definieron todos los participantes de la mesa de análisis de MDZ, es construir nuevos consensos. Para ello, no habrá que repetir errores y habrá que aceptar que cosas que se hicieron antes, pueden continuarse, aun cuando las caras de los gobernantes vayan cambiando.

Se ha dicho aquí que hay que retomar el diálogo, el camino de las propuestas y acelerar el paso de las acciones. ¿Será posible?