Otra queja por la inseguridad de Mendoza
La marcha de la Asociación Protección al Ciudadano (APAC) concentró sólo a unas 50 personas. Cuatro diputados y un senador le hicieron frente al reclamo. El lunes, reunión con Carlos Ciurca.
Una nueva marcha para pedir seguridad y justicia tuvo lugar frente a la Legislatura provincial. La convocatoria fue realizada por la Asociación Protección al Ciudadano (APAC), encabezada por Gloria Dávila, y fue presenciada por unas 50 personas, menor número que en otras oportunidades.
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De los 86 legisladores que sesionan en la Legislatura provincial, solo cuatro hicieron se pararon al frente de la Casa de las Leyes para escuchar a los familiares de las víctimas de los delitos. Esto enojó aún más a los ofuscados autoconvocados, a lo que el diputado justicialista Daniel Cassia respondió que, así como elllos evaluán el tema seguridad, otros están trabajando en otras temáticas.
Cassia estuvo acompañado del diputado concertado Luis Petri, el diputado demócrata Roberto Pradines y el senador justicialista Miguel Serralta. Estos políticos fueron los que tuvieron que escuchar el petitorio redactado por la asociación y los estremecedores testimonios de los familares de las víctimas de los delitos.
Con altavoz en mano, tanto la gente del Poder Legislativo como los autoconvocados tomaban la palabra. Cassia fue uno de los oradores que mayor tiempo habló y que crítico fuertemente al gobierno y al poder Judicial.
“Entiendo el dolor porque lo he pasado de cerca. Estamos acá poniendo la cara”, sostuvo el justicialista y en un tono sincero y duro agregó: “Uno no puede usurpar un ministerio. Los ministros los pone el gobernador. A nosotros nos pone la gente” y luego explicó que renunció a la Bicameral de Seguridad porque Jaque no lo convocó para trabajar.
Entre los gritos de los presentes se escuchaba: “¡Jaque mentiroso!”, “¿Dónde están los abogados que defienden a los delincuentes?, “el problema de esto es por la droga”. Entre insultos al gobierno, ondeaban banderas con los nombres de Rosita (la anciana que asesinaron en San José), Isaías Pérez (el joven asesinado en El Borbollón), Matías Olmos, entre otros.
El petitorio consistió básicamente en que el poder Legislativo provea de herramientas legales al Poder Judicial para combatir la inseguridad. A continuación mencionar clásicas situaciones que evidencian el delito en Mendoza –que según la asociación alcanza a 40 sólo en un fin de semana-: “no se puede subir a un colectivo tranquilo, no se puede parar en un semáforo en rojo, no se puede manejar un taxi” y también fueron nombrados los resonantes casos de abusos de los últimos días.
La necesidad de policías preparados, que un policía esté al frente del Instituto Universitario de Seguridad Pública y que Jaque aplique con urgencia la Ley de Emergencia de Seguridad fueron los otros puntos principales del petitorio.
Por su lado, el senador Serralta prometió que todos estos planteos serán llevados a la reunión que tienen el lunes en el ministerio de Seguridad, en la cual se hablará con Carlos Ciurca sobre esta problemática que debe ser una política de estado.
Palabras cruzadas entre legisladores y personas comunes muy enojadas, resaltó y llamó al silencio y la reflexión el testimonio de la madre de Isaías Pérez, asesinado hace 5 meses por robarles las zapatillas. La mujer, con lágrimas en los ojos y voz quebrada, dijo: “Llevo cinco meses y con mi familia no sé lo qué es dormir. No queremos violencia, sólo justicia. Mi hogar ya no es el mismo sin mi hijo”.
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