Polémica en Río Negro: legalizaron la "muerte digna"
La Legislatura de Río Negro sancionó anoche una ley que reconoce el derecho de los pacientes terminales a una "muerte digna" y les permite negarse a recibir tratamientos médicos que consideren desproporcionados respecto de sus expectativas de mejora. Así, se convirtió en el primer distrito del país en tener una norma de este tipo.
La ley, basada en conceptos bioéticos pero a la que se opone la Iglesia Católica, fue avalada por los votos de la mayoría de los diputados, que responden al radicalismo, y entrará en vigor cuando el gobierno provincial la reglamente, informa el diario La Nación.
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La polémica iniciativa, presentada por la legisladora radical Marta Milesi, había sido aprobada en primera vuelta en julio pasado y ayer resultó ratificada en un segundo debate.
Establece que "toda persona que padezca una enfermedad irreversible en estado terminal tiene derecho a manifestar su rechazo a los procedimientos quirúrgicos, de hidratación y alimentación y de reanimación artificial cuando éstos sean desproporcionados a las perspectivas de mejoría y produzcan dolor y sufrimiento". Los heridos en accidentes que quedasen en la misma situación de los pacientes terminales también son considerados en la flamante norma.
Asimismo, garantiza "que no se interrumpan las medidas tendientes al control y alivio de ese dolor en los últimos instantes de vida", conocidas como cuidados paliativos.
No obstante, la ley sancionada anoche en Río Negro protege a los médicos que cumplan con lo ordenado. El texto prevé que "ningún profesional que haya obrado de acuerdo con disposiciones de esta norma estará sujeto a responsabilidad civil, penal ni administrativa".
Igualmente, los profesionales podrán negarse a interrumpir los tratamientos de pacientes terminales: la norma incluye una cláusula que admite la "objeción de conciencia", para lo cual cada establecimiento asistencial deberá abrir un registro en el que los médicos dejarán constancia de su posición.
La ley aprobada anoche también prevé que toda persona legalmente capaz pueda expresar, mediante una "Declaración de voluntad anticipada", su consentimiento o rechazo a los tratamientos médicos que pudiera recibir, en previsión de que circunstancias clínicas le impidan expresar su voluntad oportunamente.
Esa declaración, según explicó la autora al presentar el proyecto, busca que se respeten "las instrucciones de una persona sobre la atención y el cuidado de su salud", en el supuesto de situaciones terminales.
En otros países, como los Estados Unidos, esta práctica no sólo resulta habitual, sino que está estandarizada.
Igualmente, los profesionales podrán negarse a interrumpir los tratamientos de pacientes terminales: la norma incluye una cláusula que admite la "objeción de conciencia", para lo cual cada establecimiento asistencial deberá abrir un registro en el que los médicos dejarán constancia de su posición.
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Esa declaración, según explicó la autora al presentar el proyecto, busca que se respeten "las instrucciones de una persona sobre la atención y el cuidado de su salud", en el supuesto de situaciones terminales.
En otros países, como los Estados Unidos, esta práctica no sólo resulta habitual, sino que está estandarizada.
