Un juez fijó fecha para rematar un pequeño pueblito cordobés
Un juzgado porteño dispuso el remate de un pueblo cordobés llamado San Nicolás debido a las deudas que el dueño de las tierras mantiene con un banco privado.
La decisión fue adoptada por el juez en lo Civil Carlos Molina, quien fijó el martes 18 de diciembre como la fecha en la que se llevará adelante el remate del pueblito llamado San Nicolás, ubicado a 14 kilómetros de la localidad cordobesa de Cruz del Eje.
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Según se informó en Tribunales, en el lugar viven cerca de 800 personas en 150 viviendas, que están emplazadas en una fracción de campo de 2.216 hectáreas.
La mayoría de los habitantes se dedican a la explotación de olivares y en el lugar hay una Iglesia, un Juzgado de Paz, un destacamento policial, una escuela, una sala médica y negocios comerciales.
Al disponer el remate, el juez Molina rechazó la medida cautelar interpuesta por el jefe comunal de San Nicolás, decisión que ya fue apelada ante la Cámara Civil.
Los habitantes del lugar pidieron el deslinde de la fracción donde se encuentra asentado el pueblo, unas 20 hectáreas, para que esa superficie pueda quedar excluida del remate.
Incluso los pueblerinos ofrecieron pagar al contado el valor de esas hectáreas al precio tasado por el acreedor, para evitar el remate de esa porción, pero esa petición fue negada.
Según explicó el abogado Eduardo De Luca, quien representa a varios pueblerinos, la medida apunta a frenar el remate en base a "la inmanencia del Estado y la imposibilidad del Poder Judicial de disponer de bienes del Estado".
"Los habitantes han invocado derechos posesorios anteriores al crédito del acreedor hipotecario, diferentes tratados internacionales sobre derechos humanos y la Convención de los Derechos del Niño, a los cuales nuestro país ha adherido e incorporado en la Constitución Nacional", indicó el abogado.
En rigor, los terrenos no están parcelados ni escriturados a nombre de sus habitantes sino que pertenecen al propietario del olivar.
Esta persona -según contó el abogado- "ofreció abonar la deudaen el mes de marzo de 2008 con el producido de la cosecha" al acreedor, que es un banco privado de capitales internacionales.
Incluso los pueblerinos ofrecieron pagar al contado el valor de esas hectáreas al precio tasado por el acreedor, para evitar el remate de esa porción, pero esa petición fue negada.
Según explicó el abogado Eduardo De Luca, quien representa a varios pueblerinos, la medida apunta a frenar el remate en base a "la inmanencia del Estado y la imposibilidad del Poder Judicial de disponer de bienes del Estado".
"Los habitantes han invocado derechos posesorios anteriores al crédito del acreedor hipotecario, diferentes tratados internacionales sobre derechos humanos y la Convención de los Derechos del Niño, a los cuales nuestro país ha adherido e incorporado en la Constitución Nacional", indicó el abogado.
En rigor, los terrenos no están parcelados ni escriturados a nombre de sus habitantes sino que pertenecen al propietario del olivar.
Esta persona -según contó el abogado- "ofreció abonar la deudaen el mes de marzo de 2008 con el producido de la cosecha" al acreedor, que es un banco privado de capitales internacionales.
