Una misión urgente para Cobos, Fernández Sagasti y Verasay

Los tres senadores por Mendoza deberían tener como prioridad desde el lunes hacer gestiones para que se destraben en la Cámara Alta las designaciones de dos nuevos jueves federales para Mendoza. Esta medida ayudaría a atenuar el colapso que se vive en ese ámbito: el Juzgado Federal Número 2 tramita nada menos que 200.000 causas civiles, tributarias y previsionales. Más detalles de la trama política que impide la votación de estos pliegos.

Avatar del Juan Carlos Albornoz

JUAN CARLOS ALBORNOZ

El edificio donde funcionará el Juzgado Federal Número 4 fue inaugurado el año pasado.

Prensa Gobierno de Mendoza.

Los tres representantes de la provincia en el Senado Nacional deberían abordar cuanto antes una misión trascendental para todos los mendocinos.

La Cámara Alta está frenando pliegos de jueces que Mendoza necesita incorporar en forma urgente para empezar a bajar la montaña de causas, en su mayoría de carácter tributario, que mora en las oficinas de los tribunales federales.

El número de expedientes asusta: hay unas 200.000 causas en trámite en el Juzgado Federal Número 2 de la provincia. Esa cifra por sí sola torna imposible el servicio de Justicia, al menos en lo que respecta a causas civiles, tributarias y previsionales.

El problema es histórico. Ya han pasado casi 10 años desde que el Congreso Nacional creó por ley el Juzgado Federal Número 4.

El trámite de designación de un magistrado para este juzgado nuevo demoró años. Sin embargo, ya está terminado: la jueza tributaria provincial Adriana Morcos pasó todos los filtros y su pliego espera la votación del pleno del Senado.

A la par, quedó en la misma condición el actual director de Personas Jurídicas, Sebastián Soneira, quien se había postulado para ocupar en forma definitiva el cargo de titular del Juzgado Federal Número 2, que hoy es subrogado por el juez tucumano Juan Carlos Nacul.

A fines de mayo debían tratarse las designaciones de Morcos y Soneira, pero la grieta política metió la cola: desde hace semanas está frenada en el Senado Nacional la votación de 60 candidatos a jueces federales.

En el pack judicial hay al menos dos nombres que generan polémica. Pedro Hooft es candidato a juez de Mar del Plata, pero es cuestionado por organismos de derechos humanos. Abuelas de Plaza de Mayo pide directamente el retiro del pliego que antes había enviado al Congreso Mauricio Macri.

El kirchnerismo y otros sectores del PJ se han hecho eco de esta queja. Sin embargo, Hooft no es el apellido más resistido por los kirchneristas. Se cree que a quien verdaderamente no quieren dejar pasar es a Ignacio Mahiques.

Mahiques se postula a juez federal de Mercedes (provincia de Buenos Aires), pero ya es fiscal. Y no se trata de un fiscal cualquiera: junto a Gerardo Pollicita, lleva adelante la acusación contra Cristina de Kirchner. Es nada menos que uno de los protagonistas del juicio por el direccionamiento de fondos para obra pública en Santa Cruz que sentó a la ex presidenta en el banquillo de los acusados.

El inicio de este juicio marcó el comienzo del problema para los jueces federales que mantiene stand by el Senado. La primera rebelión le marcó la cancha a Miguel Pichetto a fines de mayo como conductor del bloque justicialista. El gobernador tucumano Juan Manzur le avisó a Pichetto que sus legisladores no bajarían a votar los pliegos de estos jueces. Fue un síntoma claro de que avanzaba su ya concretado acuerdo político con Cristina.

Nunca más hubo quorum desde entonces para votar los pliegos. Nadie les puede pedir a Julio Cobos, Pamela Verasay y Anabel Fernández Sagasti, los senadores que representan a Mendoza, que solucionen la grieta que atraviesa nuestro país. Pero hay tal vez una alternativa de solución en la que ellos pueden incidir.

En el Gobierno provincial aceptan que para los senadores no sería fácil apurar los trámites, más allá del vínculo estrecho de Fernández Sagasti con Cristina. Pero aportan un plan B: separar en el paquete de pliegos a los aspirantes a jueces civiles, para que sean votados antes.

El gobierno de Alfredo Cornejo no puede mirar para otro lado ante semejante colapso en la Justicia Federal de Mendoza. "Estamos preocupados porque el que no tiene solución es el ciudadano. Si, por ejemplo, a alguien lo atropella una ambulancia del Ejército, la Justicia no va a actuar nunca, porque está colapsada", reconoció en ese sentido el subsecretario de Justicia Marcelo D' Agostino.

En la Cámara Federal comparten el diagnóstico del poder político. "La secretaría Tributaria es un desastre y tiene muchísimo atraso", comentan en ese ámbito. Es obvio: tramita más de 150 mil causas.

Es una de las dos secretarías que funcionan en el ámbito del Juzgado Federal Número 2. La otra es la Previsional, la cual tiene unas 7.000 causas.

Si los senadores consiguieran que se aprobaran los pliegos de Morcos y Soneira, habría por lo menos mejoras. El Juzgado Número 2 tendría finalmente un juez titular y sólo atendería las causas civiles. Mientras tanto, las secretarías Tributaria y Previsional pasarían al nuevo Juzgado Número 4, que tendría competencia exclusiva en esas dos áreas y la enorme cantidad de expedientes que manejan.

El espacio físico está listo. En agosto del año pasado, cuando todavía era presidente de la Corte Nacional Ricardo Lorenzetti, el supremo vino a Mendoza para inaugurar junto a Cornejo un edificio en la calle España que estaba en desuso por problemas con los ascensores. Allí fue trasladado el Juzgado Federal Número 2 y se prepararon las instalaciones para acoger al flamante Número 4.

En la Justicia Federal aportan que separar los pliegos no conflictivos del paquete general de aspirantes para que sean votados ayudaría también al sistema judicial de San Juan, que espera la designación de dos jueces para el tribunal oral federal de esa provincia.

La designación de los jueces para Mendoza en el Senado Nacional posiblemente no termine con todos los problemas. La Corte debería, además, crear más cargos para atender la montaña de causas atrasadas que espera el debut del Juzgado Número 4. Y hay dudas de que esto pase por la situación económica.

De todos modos, Cobos, Sagasti y Verasay tienen la posibilidad de ayudar para dar el primer paso en la mejora de la Justicia Federal. Y aunque más no fuera, el gesto de buscar soluciones para un problema que agrava la propia política, sería valioso.

Temas

¿Querés recibir notificaciones de alertas?