Sánchez Rey: una "brasa caliente" que deberá resolver la Séptima Cámara del Trabajo

Sánchez Rey: una "brasa caliente" que deberá resolver la Séptima Cámara del Trabajo

Mientras el Jury de Enjuiciamiento analiza posibles sanciones contra el juez Antonio Sánchez Rey, la Suprema Corte envió el acuerdo entre el magistrado y una ART a la Séptima Cámara del Trabajo. Ésta deberá homologar o rechazar el resarcimiento de $4,5 millones por un accidente en la playa de estacionamiento del Poder Judicial.

Antonio Sánchez Rey es juez de la Quinta Cámara del Trabajo y el 2 de mayo del 2017 se apretó un brazo con el portón eléctrico de la playa de estacionamiento del Poder Judicial. Ése fue el principio de un complejo entramado judicial que involucra denuncias de aprietes, una investigación penal y un sospechoso convenio con Provincia ART por 4,5 millones de pesos. La última novedad es que la Suprema Corte remitió el convenio millonario a la Séptima Cámara del Trabajo para que determine si está en regla y corresponde homologarlo.

Así lo decidieron los jueces supremos Dalmiro Garay, José Valerio y Mario Adaro (este último en disidencia), quienes declararon que "en la presente causa deberá entender la Eximia Séptima Cámara del Trabajo". De esta manera, el expediente caliente quedará en manos de los jueces Ana María Salas, Sergio Jesús Simo y Jesús Eduardo Salvador Lazo. Ellos deberán evaluar el convenio que quedó inmerso bajo un manto de sospechas no solo por el monto sino también por la forma en la que Sánchez Rey pretendía que se apruebe.

Según los compañeros de Sánchez Rey en la Quinta Cámara del Crimen, Viviana Gil y Jorge Consolini, existieron aprietes por parte de su colega para que no se excusaran de resolver y la propia Cámara que el integra homologara el convenio.  

Pese a que existían evidentes causales de para que dieran un paso al costado y se excusaran de intervenir, recién lo hicieron cuando MDZ reveló que la misma cámara que integra Sánchez Rey era la que iba a aprobar su acuerdo millonario. 

"El señor Sánchez Rey se dirigió a mi despacho y me manifestó que yo era un cagón que si ante estas situaciones actuaba de forma temerosa nunca iba a llegar a ser juez", señaló ante la justicia el conjuez Consolini.  Por su parte, Viviana Gil expresó que Sánchez Rey le dijo que si se excusaban de resolver y remitían el expediente a la Sexta Cámara del Trabajo, "yo iba a ser objeto de un jury y el doctor Consolini nunca iba a ser juez".

Una vez que los miembros de la Quinta Cámara del Trabajo se excusaron de intervenir, el convenio pasó a la Sexta Cámara, pero ocurrió lo mismo. Los integrantes de ese tribunal dijeron tener un impedimento moral para analizar el expediente debido a que "poseen trato cotidiano con el actor, en razón de que los despachos se encuentran emplazados en el mismo sector del edificio". Con ese pretexto Eliana Lis Esteban Olivares, César Augusto Rumbo Peregrina y Diego Fernando Cisilotto Barnes se excusaron y el convenio fue a parar a la Suprema Corte.

El 22 de abril, hace dos días, el máximo tribunal decidió darle una "solución excepcional" al caso y remitieron el expediente a la Séptima Cámara del Trabajo. Así lo dispusieron los jueces Garay y Valerio con el voto en disidencia de Adaro. Para este último, se corre el riesgo de que la Séptima Cámara también se excuse de resolver y para evitar que eso ocurra deberían remitir las actuaciones a un tribunal integrado por el cuerpo de Conjueces Especiales.

De esta manera, se suma un nuevo capítulo en la novela que ha tenido ramificaciones en diferentes ámbitos. Por un lado, el delegado regional de la SRT Gustavo Cairo, dijo que el convenio de Provincia ART triplica lo que recomendaba pagar la comisión médica de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. "Lo que correspondía pagar era un millón y algo de pesos, y el reclamo era de más de cuatro millones", indicó Cairo.

Mientras tanto, los términos del convenio por $4,5 millones fueron observados por la Unidad Especial para la Prevención del Fraude en las Relaciones Laborales y los Recursos de la Seguridad Social del Ministerio de Trabajo de la Nación. A raíz de lo observado, esta unidad pidió el jury de Sánchez Rey y denunció penalmente a los firmantes, a raíz de lo cual la justicia ordenó allanamientos en los estudios de los abogados. Entre los investigados aparece el abogado de Sánchez Rey, su hijo Diego Sánchez Azcona.

¿Querés recibir notificaciones de alertas?