Regalías: tarde o temprano, Mendoza demandará a la Nación

El juicio tendría como argumento el perjuicio económico que provocó el casi extinto congelamiento de precio en los combustibles que fijó la Nación por 90 días. Sin embargo, Mendoza tiene un argumento más fuerte para acudir a tribunales: la necesidad de que exista un antecedente judicial que impida volver a aplicar este tipo de medidas. Básicamente, para no espantar a los inversores de este rubro.

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El Gobierno Nacional cerró una pelea judicial con las provincias por  una de las medidas post PASO de Mauricio Macri al anunciar que asumirá el costo total de la eliminación del IVA. Pero queda al menos un frente de conflicto abierto que es de mucha importancia para Mendoza: el congelamiento del precio de los combustibles.

Aquella medida, que desde setiembre se está comenzando a desactivar, afectó solamente al grupo de las provincias petroleras, que son las que cobran regalías. Mendoza está entre ellas. No ha acudido a la Justicia, pero tiene demasiadas razones para hacerlo.

En agosto, el DNU original de Mauricio Macri congeló el barril de petróleo en 59 dólares y el llamado "dólar petrolero" en 45 pesos. Luego ese dólar fue subiendo hasta llegar a los 51.77 pesos, que provocó la suba del 5 por ciento de este viernes.

El congelamiento de 90 días terminará en forma definitiva el 13 de noviembre. En el medio hubo dos subas, de 4 y 5 por ciento respectivamente. La última de ellas, para amortiguar el impacto que se podría producir el 14 de este mes, cuando finalice la medida, según argumentó el Gobierno Nacional.

Pero en el medio quedó para discutir el golpe por disminución de las regalías que sufrieron las provincias petroleras. En agosto, Neuquén, Río Negro, La Pampa, Tierra del Fuego y Chubut, así como varias empresas, no tardaron en presentar un amparo ante la Justicia.

Se puede decir en este sentido que Mendoza está calculando los tiempos para sumarse al reclamo judicial. "La Provincia no pierde nada que no pueda hacer después", asegura en este sentido el ministro de Gobierno, Lisandro Nieri, para calmar ansiedades.

Desde el primer momento, el Gobierno provincial sostiene que, más allá del golpe a la caja, el congelamiento del precio de los combustibles es una mala señal para las inversiones en petróleo convencional y no convencional.

Mendoza espera mucho de esos recursos y no puede relajarse ante medidas que puedan desincentivar a los inversores. Comparten este razonamiento el Poder Ejecutivo y la propia Fiscalía de Estado.

Hace un tiempo, el fiscal de Estado, Fernando Simón, presionó por carta al Poder Ejecutivo para que demandara a la Nación, tanto por la pérdida de recaudación por la eliminación del IVA como por la pérdida de regalías.

En el primer caso, el gobierno de Alfredo Cornejo no hizo mucho caso. En su condición de aliado de la Casa Rosada, aceptaba conceptualmente la decisión de mitigar el golpe de la inflación en los bolsillos de la gente con una reducción impositiva, aunque perdiera algo de plata.

Que la Corte aprobara el amparo de las provincias opositoras sobre el IVA y, al final, el decreto nacional que generalizó el impacto de esa decisión judicial en todos los distritos, terminó liberando al Gobierno mendocino de dar más explicaciones.

Pero el asunto de las regalías petroleras plantea un escenario diferente. La Fiscalía de Estado recomienda avanzar urgente con la demanda y habla de un perjuicio superior a los 1.000 millones de pesos.

Afilando un poco el lápiz para la cuenta, se ha informado que el grupo de provincias petroleras asumió desde agosto el 25 por ciento del costo de la medida. El otro 75 por ciento lo afrontó la Nación.

En agosto, según la Oficina de Presupuesto del Congreso Nacional, las provincias petroleras en conjunto perdieron 763 millones de pesos. Pero en octubre ya se calculaba que las pérdidas habían trepado a bastante más del doble.

Más allá de la plata, Fiscalía de Estado cree que se debe dejar sentado el antecedente de que un congelamiento de combustibles o medidas similares del Gobierno Nacional que afecten a las provincias petroleras, como lo fue en el pasado el "barril criollo" de la era kirchnerista, pueden tener consecuencias judiciales.

Hay quienes consideran además que Mendoza debe tener esa demanda como arma para sentarse a negociar en mejores condiciones ante una presunta propuesta de acuerdo fiscal del nuevo presidente de la Nación, Alberto Fernández, cuando llegue ese momento.

Se nota, sin embargo, que el tema no está en la agenda de lo más urgente para Cornejo. Aunque no deje de lado la posibilidad de hacer el juicio.

Hay solo una diferencia de intensidad entre el Gobierno provincial y la Fiscalía de Estado. Entre ambos se ha ido generando un diálogo, a pesar de que Simón tiene origen en el PJ, y el funcionario nunca haría un reclamo judicial autónomo.

Más allá de las razones políticas, Fiscalía de Estado no lo haría porque la Corte no aceptaría una demanda que no sea ratificada por el gobernador. Pero espera de él acciones rápidas después del proceso electoral.

No se nota vértigo por ahora en el Ejecutivo. Pero pide fe. Y para dar garantías, recuerda que la gestión radical metió un juicio en 2016 por los históricos recortes del 15 por ciento de la coparticipación federal que se aplicaban desde hace mucho tiempo.

También señala -una vez más- que en 2012 el PJ gobernante frenó el intento radical de hacer la demanda y que eso le hizo perder a la Provincia mucha más plata que la que está en juego ahora: unos 30 mil millones de pesos.

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