Quieren prohibir la venta de cubiertos plásticos en Mendoza

Un legislador del PJ se hizo eco de la problemática mundial que implica la contaminación de los océanos. En base a ello y pensando en el medio ambiente propuso un proyecto de ley para que a partir del 1 de enero del 2023 no circulen en Mendoza vasos, platos, copas, tazas, cubiertos, bandejas alimentarias y sorbetes descartables.

"Se estima que 8 millones de toneladas de plástico se arrojan al mar anualmente. Casi la mitad de todo el plástico producido se usa para crear productos de un solo uso o que tienen una vida útil menor a los 3 años, con una conclusión más que sugerente: la contaminación por plásticos es un problema creado durante el tiempo de una sola generación", expresa el proyecto en sus fundamentos.

Incluso, sin darse cuenta se hace eco de información imprecisa como la supuesta isla de plástico en medio del océano. En este sentido, afirma que "entre California y Hawai se ha detectado una gran isla de plásticos de 1,5 millones de Km cuadrados, y también han aparecido otras en las costas de Chile y México". En realidad lo que existe es una mayor concentración de partículas de plástico en esas aguas, las cuales son ingeridas por peces que luego son consumidos por seres humanos. 

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Más allá de esa imprecisión, lo cierto es que el legislador agrega que "la industria del reciclaje presenta complicaciones y no es rentable, y las opciones alternativas para los consumidores son limitadas". 

En base a todo ello, propone prohibir en Mendoza "el uso, distribución, comercialización y entrega de vasos, platos, copas, tazas, cubiertos, bandejas alimentarias y sorbetes descartables, que estén compuestos en su integridad por cualquier variedad de plástico". Además, agrega que desde el 1 de enero del 2023, se exigirá que ese tipo de productos estén fabricados al menos en un 50% con sustancias biodegradables para poder ser comercializados. En una segunda etapa, a partir del 2030, se exigiría que el 100% de los materiales sean biodegradables.

El proyecto fue presentado en la Cámara de Senadores y designa a la Secretaría de Ambiente como autoridad de aplicación. Por último, en el artículo 8 establece multas para quienes no cumplan con la normativa.