Quieren crear por ley una oficina de presupuesto paralela

En la actualidad, Mendoza es una de las pocas provincias que cuentan con una "Oficina Legislativa de Presupuesto". Sin embargo, esta oficina de presupuesto paralela que funciona como organismo de consulta de legisladores y ciudadanos podría desaparecer con el cambio de gestión debido a que fue creada por resolución de Cámara, impulsada por la vicegobernadora Laura Montero, y las nuevas autoridades tendrán la capacidad de disolverla. Para que eso no ocurra, el año pasado se presentó un proyecto de ley que le daría estabilidad a los cuatro empleados que la integren.

La "escuelita" de economía de la Legislatura tiene distintas finalidades. La principal es contar con un órgano ajeno al Poder Ejecutivo que ausculte el gasto y el cumplimiento del presupuesto. Pero también sirve como órgano de consulta para los legisladores. El dato no es menor ya que pesar de que la de Administración Financiera establece que toda norma que autorice gastos no previstos en el presupuesto debe indicar su mecanismo de financiamiento, ningún legislador parece respetarla.

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La propuesta de los legisladores Daniela García, Ernesto Mancinelli y Cecilia Páez apunta a crear la OLP como un organismo descentralizado del Poder Legislativo de la Provincia de Mendoza.

Según señala, serviría para "fortalecer la capacidad legislativa de participar en el proceso de formulación, aprobación, modificación y seguimiento del gasto público provincial y municipal, fomentando la transparencia de la información pública". Además la normativa destaca que será útil para "brindar información y asesoramiento a los legisladores de ambas cámaras durante el proceso de aprobación de la Ley de Presupuesto".

En la actualidad, en la página web de la Legislatura se puede observar un minucioso seguimiento de la ejecución del Presupuesto Provincial y la idea es hacerlo extensivo a los Presupuesto Municipales, informando a los legisladores sobre los desvíos sobre el presupuesto aprobado.

Hoy la OLP funciona con un director general y tres empleados, por lo que el proyecto de ley entiende que no se necestaría más estructura que esa. La ley plantea que los integrantes serán "elegidos por concurso público de oposición y antecedentes, al que podrán presentarse todos los interesados que reúnan los antecedentes requeridos".

De todas maneras, aclara que tanto el Director General, y los sub directores pueden ser removidos, mediante votación por mayoría simple de ambas cámaras. En caso de ser removido, deberá llamarse inmediatamente a concurso para volver a cubrir las posiciones vacantes.