Las personas detrás del escándalo por la designación del Defensor

La designación del Defensor de Personas con Discapacidad terminó en un escándalo político. En Mendoza hay 350 mil personas con alguna discapacidad y en uno de cada tres hogares vive una persona que necesita asistencia. Sin embargo, no se cumplen sus derechos. 

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Pablo Icardi

Jaliff condujo una Asamblea caliente.

La designación del Defensor de Personas con Discapacidad terminó en escándalo por las pujas políticas entre el oficialismo y la oposición. La votación terminó empatada en 42 votos y ninguno de los candidatos alcanzó los dos tercios de los votos de la Asamblea Legislativa como indica la norma. La puja es entre el candidato del oficialismo, Juan Carlos González, y el del peronismo, Germán Ejarque. Ambos son militantes partidarios y también activistas defensores de los derechos de las personas con discapacidad. Pero la pelea en el recinto se redujo a una puja partidaria.

“Vamos a volver”, decían los peronistas. Los radicales, reprochaban con más chicanas. Y el senador Juan Carlos Jaliff, a cargo de la sesión, trataba de calmarlos a los gritos.

El cargo de Defensor fue creado tras la adhesión de Mendoza a la ley nacional de discapacidad, que apuesta a garantizar el cumplimiento de los derechos y a una cobertura de salud del 100%, entre otras cosas. El Defensor tiene una duración de 5 años y requiere aprobación legislativa (tras un concurso). A diferencia de otros cargos, la votación en este caso es pública y por eso también se hizo público el escándalo.

El problema es que con esa puja se deslegitima la función del Defensor, que tiene entre sus funciones pelear por el cumplimiento de los derechos de las personas que tienen alguna discapacidad frente a obras sociales, prepagas y hasta el propio Estado.

En Mendoza, según el último censo, hay 350 mil personas que tienen alguna discapacidad. El propio INDEC realizó una encuesta específica el año pasado y allí se determinó que en el 29% de los hogares hay alguna persona que tiene una o más discapacidades. En ese universo, el 60% no tiene Certificado Único de Discapacidad, el documento que los habilita para exigir el cumplimiento de sus derechos (como viajes gratis, asistencia de salud del 100%, entre otros). Incluso muchas personas no acceden al Certificado por desconocimiento.

Del total de personas con discapacidad, el 30% no tiene ninguna cobertura de salud y la mayoría de ellos ni siquiera accede a una atención del propio Estado.

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