Las claves de un conflicto que parece no tener salida

El comienzo del conflicto. Hacia finales de 2018, para limitar las reelecciones indefinidas de los intendentes, Alfredo Cornejo promulgó por decreto la reforma de un artículo de la Constitución provincial (198) que había sido votado en 2009 y que no alcanzó en aquél momento las mayorías necesarias como para quedar ratificada, según el criterio que estableció la Suprema Corte en un fallo de 1989. El gobernador sacó ese decreto por una decisión política y después de varios meses en los que, la simple amenaza de que lo firmaba, la utilizó para tratar de mantener a raya al PJ. Cornejo siempre estuvo de acuerdo con que esa vieja reforma debía ser promulgada y esgrimió siempre que estaba la voluntad popular de ponerle un tope a las reelecciones indefinidas. Pero a decir verdad, el decreto vio la luz en la cercanía del arranque del proceso electoral porque no importaba tanto el reclamo popular de que debían acotarse los períodos de los intendentes. Sino que el objetivo siempre fue pasar a retiro de un plumazo a los viejos caciques del PJ y sobre todo a Emir Félix en San Rafael, distrito con el que Cornejo está obsesionado con ganar en las próximas elecciones. El gobierno siempre tuvo en claro que la firma de ese decreto podía desembocar en un planteo de inconstitucionalidad. El problema que se agregó fueron los tiempos: al firmarlo tan cerca de la fecha de elecciones, llevó a la provincia hasta un conflicto institucional sin precedentes que involucró a la Suprema Corte en una crisis de la que no sabe cómo salir. Los intendentes del peronismo hicieron su juego también. Por un lado adelantaron las elecciones en los cuatro departamentos en los que fueron afectados (San Rafael, Lavalle, San Martín y Tunuyán) a la vez que acudieron a la Justicia no solo para que revea la legalidad del decreto del gobernador, sino que además hicieron un planteo para que los dejen inscribirse para competir hasta que se resuelva la cuestión de fondo. Contrataron abogados locales y fueron a Buenos Aires, también. Los intendentes tomaron los servicios de un abogado constitucionalista porteño, Jorge Alejandro Amaya, quien colaboró con el desarrollo de la estrategia judicial. La clave es que para ellos la Constitución de Mendoza establece un procedimiento reglado para su reforma y que, en definitiva, el fin no justifica los medios. Es decir: un hecho es que la sociedad mendocina esté de acuerdo con modificar la Constitución para limitar a los intendentes (de hecho la reforma del 2009 fue votada por el 83%) pero otra cosa distinta es que este cambio se haga a través de una interpretación que hace el Poder Ejecutivo de las mayorías del padrón electoral que impone la Carta Magna y que fueron interpretadas de la misma manera por la Corte hace 30 años. Para Amaya “son admisibles las interpretaciones dinámicas de la Constitución, mientras no desvirtúen el sentido literal que la misma Constitución tiene. Si yo tengo una norma constitucional (sobre las mayorías necesarias para las reformas) que no admite demasiadas interpretaciones y ha sido interpretado por la Corte después, que es el último interprete del sistema constitucional, no cabe adaptarla a las apetencias políticas del momento”.

Una victoria "a lo Pirro" de los intendentes. Todavía no está firmado, sucederá entre lunes y martes, pero ya está decidido qué jueces integrarán la Sala II que deberá resolver la medida cautelar presentada por los intendentes para que les permitan competir mientras se resuelve en la Suprema Corte la cuestión de fondo. Dalmiro Garay rechazó la recusación en su contra y eso terminó habilitando (porque así lo habían acordado) a Mario Adaro para hacer lo propio, con lo cual el exministro de Gobierno de Celso Jaque será uno de los jueces que decidirá si Emir Félix, Roberto Righi, Martín Aveiro y Jorge Giménez podrán, al menos, inscribirse como candidatos para competir el 28 de abril en sus respectivas PASO municipales. Los otros dos magistrados que resolverán son Omar Palermo y José Valerio. La sentencia por la medida precautoria se conocería recién dentro de una semana, pero algo ya está claro: se le hará muy difícil a esta Sala rechazar el pedido de los jefes comunales porque, más allá de las argumentaciones que dio la Asesoría de Gobierno, está claro que Cornejo los afectó en sus derechos al promulgar un cambio en las regla de juego electoral muy sobre el límite. Una decisión en contrario sobre este planteo, podría tener ribetes de escándalo. Ahora bien. Esa habilitación para los intendentes podría aparecer como cosa juzgada. Pero no será así. El presidente del máximo tribunal, Jorge Nanclares, dio luz verde a los planteos de Cornejo y apuró el trámite del expediente que la propia Corte tenía dormido desde diciembre y, según anticipó, en abril podría salir la sentencia acerca de la constitucionalidad o no del decreto de promulgación del 198. El 28 de abril son las elecciones para elegir candidatos en los cuatro departamentos afectados y el Gobierno apuesta a una sentencia antes de esa fecha para forzar al PJ a cambiar a los candidatos que quedarían habilitados por la medida cautelar. ¿Cómo saldrá esa sentencia? Nadie puede decirlo todavía. Pero existen algunos indicios, sobre todo, por lo que se habló en estos días de turbulencia en el cuarto piso de Tribunales. Los jueces están buscando la manera de evitar que esta crisis se los lleve puestos internamente y buscan la forma para que el voto (que además será plenario) se produzca lo más alejado posible del ruido político electoral. Hay un perfil en ese voto en el grueso de los miembros de la Corte, incluso de los más relacionados con el PJ: para ellos los criterios aplicados por el mismo tribunal en 1989 para modificar la Constitución merecen ser revisados. Es decir, podrían terminar dejando en pie al decreto de Cornejo. Es más: en el mismo sentido dictaminará el Fiscal de Estado a quién la Corte la corrió vista para que opine de esta cuestión. Fernando Simón no se tomará los 21 días que tiene de plazo para contestar (su respuesta saldrá en menos de 10 días) y terminará avalando que sea modificado el criterio aplicado por la Corte en el fallo de Aida Kemelmajer de Carlucci, de Fernando Romano y del actual ministro ,Pedro Llorente de hace 30 años. Es decir, el Fiscal también apunta a dejar en pie el decreto de Cornejo.

El PJ apunta a la Corte nacional. Los cuatro intendentes tiene claro este panorama: la Corte hará lugar seguramente a la medida cautelar, pero eso no les garantizará que efectivamente lleguen al momento de la elección general. El conflicto, lejos de zanjarse con un fallo de la Corte provincial, seguramente se agudizará. Los puentes con Juan Carlos Maqueda ya están tendidos. Emisarios del peronismo mendocino sondearon a este miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para explorara la viabilidad de un recurso extraordinario que les permita habilitar el debate en ese tribunal, La apuesta es política, por supuesto. Los peronistas saben que en la actualidad la relación de la Corte nacional no es la mejor con el gobierno de Mauricio Macri. Pero el voto de este juez no implica que haya acuerdo de los otros cuatro que integran el cuerpo. Y además la Corte nacional, en este tipo de casos, siempre opta porque estos conflictos sean resueltos por los tribunales locales. La estrategia jurídica, sin embargo, es esperar a que salga la medida cautelar y allí, muy posiblemente, presentar un recurso extraordinario de excepción por retardo de justicia. El argumento, como en la precautoria, suena razonable: si falla en abril, la Corte mendocina les estaría diciendo a los intendentes que no podrán presentarse solo unos días antes de la elección. Esto llevaría el conflicto a un callejón sin salida y le da aire a quienes agitan el argumento de que de este problema no se sale con discusiones jurídicas. Sino a través de un acuerdo político que implique que Cornejo pueda dejar en firme su decreto, pero que tanto Félix, como Righi, Aveiro y Giménez puedan presentarse por esta última vez. Difícil que Cornejo acepte esta idea: como un remedo del kirchnerismo, este es un gobernador que va por todo.

El poder hegemónico. No es la primera vez que, cuando pierde una batalla en una guerra que el mismo inició, Cornejo borra los límites de la institucionalidad. Lo hizo cuando quiso ampliar los miembros de la Corte y no pudo. Varias cuestiones de gravedad en este caso. Por supuesto que no quedan registros, pero no es un secreto en Tribunales la presión del Gobierno para que el fallo sobre la cuestión de fondo de la Corte no solo sea rápido. Sino que además sea plenario de todos los jueces. Nanclares evidentemente apuró el expediente esta semana, que estaba dormido desde hace dos meses. Pero se produjeron situaciones peores. La oficina de prensa de la Gobernación funcionó como la usina de la movida mediática en contra del Fiscal de Estado, Fernando Simón, promoviendo la difusión de un ataque al funcionario, a quien Cornejo tildó de funcional al PJ por haber dictaminado que la Corte debía hacer lugar a la medida precautoria reclamada por los intendentes. La tarea es esa área es difundir las actividades y la agenda del Gobernador, se les paga para eso, y no para perseguir supuestos opositores en cargos con rango constitucional, además. Pero los embates contra el Fiscal no cesaron allí. Emisarios del gobernador lo amenazaron en la cara con impulsar un jury en su contra por lo que había firmado. “Nunca pasamos una cosa así”, relataron a MDZ en la Fiscalía, dos días después del episodio. Ese hecho sin precedentes marca, otra vez, como Cornejo desdibuja la línea de un gobernador que acumuló un poder innegable. Pero que muchas veces lo maneja de manera hegemónica.