La Corte rechazó planteos contra el Código Contravencional

El máximo tribunal desestimó los planteos realizados por la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Cuyo (F.A.D.I.U.N.C.). Los docentes universitarios alegaban que la ley 9099 limita su derecho a huelga y que es un "elemento represivo contrario al derecho de protesta".

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Edificio del Poder Judicial vista desde terraza Muni Capital

ALF PONCE/MDZ

La aplicación del nuevo Código Contravencional en la provincia de Mendoza ha generado cuestionamientos desde diferentes agrupaciones políticas, sociales y sindicales. Algunos planteos siguen su camino judicial pero hay otros a los que la Corte los ha dejado truncos. Por ejemplo, el máximo tribunal ha rechazado el planteo de la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Cuyo (F.A.D.I.U.N.C.) sobre la violación del derecho a protesta.

Específicamente, Fadiunc había solicitado constituirse como "amigo del Tribunal" en la demanda iniciada por la Asociación para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos XUMEK. Desde esa institución solicitaron la inconstitucionalidad de varios artículos de la ley 9099 entendiendo que violan derechos constitucionales. En ese marco, Fadiunc pretendió acompañar los planteos de Xumek poniendo énfasis en que se encuentra comprometido el derecho a huelga de los gremios, consagrado en el art. 14 bis de la Constitución Nacional.

"Los paros, forman parte del derecho a la huelga, los cuales implican una manifestación pública" resaltan desde Fadiunc y solicitan que "se declare la inconstitucionalidad de los art. 46, 47, 50, 51, 55 incs. b) d) y f), y 117 de la Ley N° 9.099". Además, puntualizan que "sólo se penaliza a quien se manifiesta, siendo un instrumento represivo contrario al derecho de protesta".

Sin embargo, los jueces Dalmiro Garay, Julio Gomez y Jorge Llorente desestimaron el pedido de Fadiunc y determinaron que no reunían las condiciones necesarias para constituirse como "amicus curiae" en la causa. 

De todas maneras, la cuestión de fondo sigue sin resolverse y la Corte aún tiene que determinar la constitucionalidad de la polémica ley 9099 que entre otras cosas sanciona a quienes organicen "manifestaciones o reuniones públicas que convoque masivamente a personas en locales cerrados o al aire libre sin dar aviso a la autoridad competente".

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