En medio de tensiones, el "Adolfo" lanzó su candidatura en San Luis

Tras conseguir que la justicia electoral puntana suspenda la realización del Congreso Provincial del Partido Justicialista, el senador nacional anunció oficialmente que competirá en las elecciones de este año para conseguir la gobernación. Finalmente podría enfrentarse con su hermano Alberto Rodríguez Saá, quién ya adelantó sus intenciones de buscar la reelección.

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Redacción mdz

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La justicia electoral de San Luis suspendió la realización del Congreso Provincial del Partido Justicialista al admitir un amparo presentado por el senador nacional Adolfo Rodríguez Saá contra la convocatoria al encuentro que había realizado previamente su hermano, el gobernador Alberto Rodríguez Saá, quien tenía previsto encabezar el debate partidario el 8 de febrero.

Ante ello, el senador y ex gobernador sanluiseño anunció la construcción de un frente electoral, que lo tendrá como candidato a la gobernación, a la cabeza de una lista única, para competir en las elecciones generales del próximo 16 de junio.

En un plenario realizado en la sede del Partido Justicialista sanluiseño al que asistieron ayer militantes de toda la provincia, Adolfo Rodríguez Saá, aseguró que "la sede del partido sigue siendo la misma".

"Los que faltan es porque se han ido", apuntó el legislador en directa alusión a su hermano, el gobernador Alberto Rodríguez Saá, que no se pronunció públicamente respecto del revés que recibió por parte de la justicia Electoral Federal en su llamado al congreso partidario.

El fallo del juez Juan Esteban Maqueda y la secretaria electoral Sonia Marry Randazzo que suspendió el llamado al Congreso provincial se conoció horas antes del plenario, donde el senador advirtió que quienes llamaban al congreso querían "imponernos por la fuerza una conducción que pretende echarnos".

"Pretendieron sacarme de la política y ahora pretenden echarnos del partido y del movimiento del que somos una parte muy importante", consideró el senador al comentar ante el público la decisión judicial que favoreció la impugnación presentada por su sector.

"Acá estamos en la sede del Partido Justicialista, acá estamos los dirigentes del partido peronista, acá estamos los dirigentes de los partidos políticos que conformaron un frente con el peronismo todos estos años", remarcó el hombre que buscar volver a gobernar la provincia por sexta vez.

En la sede partidaria y sus alrededores, la militancia acompañó en gran número y con muestras de apoyo a Adolfo Rodríguez Saá, que en su discurso celebró la decisión de no ir finalmente a las Primarias Abiertas y Simultáneas (PAS), en un principio convocadas para el 21 de abril; una fecha que había recogido las quejas de la mayoría de las fuerzas políticas, dado que ese día será, este año, el domingo de Pascuas.

"Invito a los que no están" a la sede del partido peronista "a dialogar y a participar", dijo y realizó un análisis comparativo de su gestión con la de su hermano, al afirmar que en su trabajo de base "los puntanos y puntanas le marcaron el camino".

Con la aceptación de la impugnación se inició un proceso de judicialización que amenaza romper la estructura existente del Justicialismo puntano, debido a la disputa por las candidaturas a la gobernación que mantienen el actual mandatario y su hermano, senador nacional por San Luis.

El gobernador, que preside el Congreso provincial, había convocado al máximo organismo partidario para el próximo 8 de febrero y el llamado fue publicado por el Diario de la República, que es propiedad de su familia, antes de que se realizaran las notificaciones correspondientes al Consejo Provincial que preside su hermano Adolfo Rodríguez Saá.

En su apelación, los asesores "adolfistas" consideraron a la convocatoria falsa, porque en el edicto publicado se menciona que es una resolución del Consejo Provincial del Partido Justicialista, cuando ese organismo (que preside el senador Rodríguez Saá) no se había expedido sobre el tema y la resolución fue suscripta sólo por el gobernador, sin facultades ni mandato para hacerlo.

Si bien en su resolución las autoridades electorales aclaran que se hace lugar a la medida cautelar mientras se sustancia este procedimiento y se dicta sentencia definitiva, la decisión abre las puertas a un proceso de judicialización en el marco del malestar por el cambio de fechas de las PAS, que debieron adelantarse para el 21 de abril porque la fecha del 28 de abril dispuesta primero por el gobernador no contemplaba el plazo de 50 días que establece la legislación para designar candidatos antes de la elección general.

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