Cómo funcionará la extinción de dominio en versión Cornejo

El proyecto que presentó este miércoles para que "el Estado recupere lo robado" fija que el Ministerio Público Fiscal deberá presentar un relevamiento de causas en los 30 días posteriores a la sanción de la ley. Los fiscales civiles sólo necesitarán que exista una investigación en la Justicia Penal, pero podrán abrir el proceso incluso sin que las personas estén imputadas en ese fuero. El Gobierno cree que la expropiación podría demorar apenas unos meses. Las personas investigadas deberán probar en el proceso el origen lícito de sus bienes. Cuáles son los casos que podrían estar en la lista inicial.

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Juan Carlos Albornoz

El gobernador envió el proyecto de extinción de dominio a la Legislatura

Pachy Reynoso/MDZ

El Gobierno provincial pretende darle operatividad a la ley de extinción de dominio. Si el texto que mandó el Poder Ejecutivo pasa el filtro del Senado, el Ministerio Público Fiscal tendrá 30 días desde la aprobación del proyecto para hacer un relevamiento de causas en las cuales podría avanzar para que el Estado "recupere lo robado".

Y el Ejecutivo cree que en esa lista deberían estar todas o casi todas las causas de la Justicia Penal en las que se investiga por corrupción a ex funcionarios e intendentes de la última gestión justicialista. 

Primero y principal, aparece el ex intendente de Guaymallén Luis Lobos, acusado de enriquecimiento ilícito. Pero también se considera obvio en el Gobierno que se aplique la ley al caso del ex intendente de Santa Rosa, Sergio Salgado. Y varios más: se menciona también al ex ministro Diego Martínez Palau, al ex intendente de Luján Carlos López Puelles y "posiblemente" también al propio ex gobernador Francisco Pérez, por la adquisición de un departamento en el complejo Torres Agustinas.

El abanico, por supuesto puede ser todavía más amplio. En principio, no hay mención de dirigentes radicales, a pesar de que al menos un nombre aparece en causas de este tipo. Se trata del ex vocal del Instituto de Juegos y Casinos Miguel Bondino. El directorio justicialista que encabezaba Carlos Bianchinelli está investigado por el pago de sobreprecios.

Dependerá del criterio del Ministerio Público. También se considera una obviedad que la ley de extinción de dominio debe avanzar sobre bienes de la organización Tupac Amaru. Esa causa ha revivido en sede penal.

De acuerdo con el proyecto, los fiscales civiles apenas necesitarán una investigación abierta para iniciar el proceso. "Sólo hará falta que haya una investigación, ni siquiera será necesario que la persona esté imputada", explicó el subsecretario de Justicia Marcelo D´Agostino. Se generaría esta intervención en delitos como el fraude y el enriquecimiento ilícito, pero también ante otros de índole muy diferente, como la pornografía infantil.

El proyecto provincial comparte el espíritu del DNU de Mauricio Macri, aunque parece haber una expectativa mayor en Mendoza en cuanto a la operatividad. Hay una serie de delitos en los cuales interviene la Justicia Federal: narcotráfico, terrorismo y lavado de dinero, por ejemplo. Sin embargo, muchos otros pueden ser a abordados por la Justicia provincial, como la asociación ilícita, que es la carátula de la causa de la fiscal Gabriela Chaves contra la Tupac,

En el Gobierno dicen que Mendoza no necesitará crear cargos ni nuevas estructuras. Las investigaciones serán coordinadas por el adjunto del procurador Alejandro Gullé en materia civil, Héctor Fragapane; y serán llevadas adelante por los fiscales civiles, que hasta ahora tienen poca intervención en las causas de este tipo, donde los que resuelven son los jueces civiles.

El Gobierno tiene confianza en que estos factores se convinen bien con la oralidad de los procesos civiles, para agilizar al máximo las definiciones. "Los casos se podrán resolver en meses, cuando una causa penal tarda muchos años", se ilusionan D´Agostino.

El Estado provincial lograría de ese modo anticipar, por la vía civil, la expropiación y el decomiso de bienes, que recién llega después de la sentencia penal en el sistema actual.

La causa civil de extinción de dominio irá en paralelo a la penal, con una "inversión de la carga de la prueba": la persona investigada deberá probar que obtuvo sus bienes en forma lícita o que son anteriores a los hechos que se imputan.

Cada vez que haya sentencia, los bienes desapoderados serán transformados en dinero y destinados a la construcción y remodelación de escuelas. A la vez, se creará un fondo de garantía con una parte de la recaudación para atender aquellos casos en los cuales las personas terminen absueltas al final del juicio penal.

El porcentaje del fondo de garantía se fijará en un decreto reglamentario posterior a la sanción de la ley. El proyecto para iniciar el debate ya espera el retorno a la actividad de los legisladores.

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