El Estado le reclama sus sueldos a un "abogado" que no tenía título

El gobernador Alfredo Cornejo y el ministro de Gobierno Lisandro Nieri firmaron un decreto para que el asesor de Gobierno "inicie acciones judiciales contra Ángel Sebastián Cotta. Se trata de un exempleado estatal que en 2011 fue contratado como asesor legal del Ministerio de Seguridad y en 2016 se descubrió que no estaba recibido de abogado. Si bien la cesantía se firmó en octubre del 2017, la novedad es que irán por los sueldos que le pagaron de forma indebida.

"Instrúyase al Señor Asesor de Gobierno para que en representación de la Provincia de Mendoza, inicie acciones judiciales contra el señor Ángel Sebastián Cotta, D.N.I. Nº 29.148.432, por lo percibido indebidamente como consecuencia de haber invocado falsamente el título de abogado y por el daño y perjuicio producido al Estado por tal situación", se puede leer en el artículo 1 del decreto 301 publicado este jueves en el Boletín Oficial.

Para entender el caso hay que remontarse al mes de agosto del 2011. Mediante el decreto 1350 firmado por Celso Jaque se le asignaron funciones en la Dirección de Asesoría Letrada de Ministerio de Seguridad, asesorando y emitiendo dictámenes legales. Entre los años 2012 y 2013, estuvo adscripto a la Honorable Cámara de Senadores en carácter de abogado.

 Sin embargo, en 2016 se lo suspendió luego de que trascendiera que no tenía título habilitante. Al iniciar el sumario, se comprobó que Ángel Sebastián Cotta ingresó a la facultad de Abogacía de la UNCuyo en el año 2002 y aprobó 11 materias. Sin embargo, en el año 2007 pidió el traslado a la Universidad de Mendoza, casa de estudios de la que no figura como egresado. Incluso, se constató que no se encuentra inscripto ni matriculado en el Colegio de Abogados.

Su conducta está tipificada penalmente, por lo que se le inició una causa  penal por estafa ante la Unidad Fiscal de Delitos Económicos. Además, se firmó la cesantía del empleado en octubre del 2017.

Por último, este jueves se oficializó la intención del Estado de exigir que el abogado trucho devuelva el dinero que cobró durante años.