Congelaron los bienes de iraníes acusados por el atentado a la AMIA

Congelaron los bienes de iraníes acusados por el atentado a la AMIA

La medida, dispuesta por la Unidad de Información Financiera, el organismo antilavado de activos, debe ser homologada por el juez de la causa y tiene vigencia inicialmente por seis meses.

El Gobierno nacional dispuso ayer el "congelamiento administrativo de bienes y/o dinero" de los iraníes acusados por el atentado a la AMIA, entre ellos el ex embajador Hadi Solemainpour y el ex agregado cultural en Buenos Aires Moshen Rabbani, informaron fuentes vinculadas al caso.

Las actuaciones tuvieron origen en un informe de inteligencia que "hace alusión a determinadas personas humanas que fueron inscriptas en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET) creado por el Decreto N° 489/2019" emitido el mes pasado, se explicó en la resolución a la que accedió Télam.

La inscripción "fue solicitada por el fiscal federal Sebastián Basso, a cargo de la Unidad Fiscal de Investigación del conocido atentado contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina", añadió la UIF.

Ese informe de inteligencia, se explicó también, sostiene que la Unidad Fiscal AMIA "informó acerca de la existencia de imputaciones y solicitudes de captura nacional e internacional de las personas humanas inscriptas en el RePET como resultado de su participación en el atentado terrorista" y sobre "la existencia de trabas de embargo y la inhibición general de los bienes" de esos individuos.

Los jerarcas iraníes alcanzados por el medida son Soleimanpour, Rabbani, Ahmad Vahidi, Alí Akbar Velayati, Alí Fallahijan y Moshen Rezai.

La UIF dijo que esos imputados, cuyo pedido de captura internacional se encuentra en vigencia a través de "alertas rojas" de Interpol, "se encuentran vinculadas con Hezbollah, la Organización de Seguridad Externa (ESO) y con determinadas personas de esa Organización, a partir de la asignación de diversos roles y funciones que les son atribuidos a cada uno de ellos" por el atentado a la AMIA.

También se advirtió sobre "la amenaza terrorista y los riesgos de financiación del terrorismo que representan las personas humanas mencionadas anteriormente".

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