Con dudas sobre el financiamiento, arranca la campaña electoral

Mañana comienza oficialmente la campaña electoral para las PASO. La ley provincial impone límites, pero no hay mecanismos de control. Cuánto pueden gastar y qué tienen prohibido hacer los candidatos. 

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Pablo Icardi

Cornejo junto a Suarez cierre de campaña 2015

Pachy Reynoso/MDZ

Parece una formalidad, pues gran parte de los dirigentes políticos de Mendoza están en “modo electoral” desde hace tiempo. Pero mañana arranca oficialmente la campaña electoral para las elecciones primarias provinciales que se realizarán el 9 de junio. Esa formalidad tiene como particularidad que se hace bajo el marco de la ley provincial, un instrumento que tiene muchas cláusulas y pocos instrumentos ejecutivos.

Desde mañana es legal promocionar a los candidatos y es probable que varios funcionarios se tomen licencia para dedicarse a la campaña de tiempo completo. En ese plan están Martín Kerchner, pre candidato a Intendente de Luján, y está en duda lo que harán los intendentes que aspiran a un ascenso, en particular Rodolfo Suárez, Alejandro Bermejo y Omar De Marchi. Los jefes comunales descansan en la comodidad de esos cargos para ir de gira cada día a otros municipios. Otros, como Anabel Fernández Sagasti, tienen aún más facilidad por ser legisladores nacionales, acaso el cargo político que más laxitud de control tiene. De hecho, en cada año electoral el Congreso baja sensiblemente el rendimiento.

Cómo se financian

La ley provincial tiene, al menos de manera testimonial, pautas generales para gastos de campaña. Así, por ejemplo, ningún partido puede gastar más de 27 millones de pesos en promocionar a los candidatos para las elecciones generales (para las PASO es la mitad). Esa cuenta surge de la ley, que pone como referencia la unidad fija con la que se calculan las multas de tránsito y la cantidad de electores. Los recursos pueden conseguirlos a través de los aportes estatales (este año serán 27 millones de pesos para repartir), los aportes privados y también lo que pongan sus militantes. Allí es donde los oficialismos ganan: en todas las rendiciones de cuentas de las campañas figuran como principales aportantes los funcionarios políticos, empleados afines y toda la estructura de recursos humanos que rodean a los gobiernos. Sean aportes propios o no, figuran sus nombres. La misma ley no exige demasiado en cuanto al control. Por ejemplo, no exige la bancarización de los aportes privados, por lo que casi todo se maneja en la informalidad. En eso es aún más frágil que la ley nacional.

Los partidos tendrán más complicada la búsqueda de financiamiento. Por un lado por la crisis que golpea a los particulares y a las empresas que suelen aportar. Y por otro el “efecto cuadernos”. Tras las revelaciones del chofer Oscar Centeno y la investigación que sigue la justicia por los aportes de campaña del 2015, los partidos y los empresarios buscan ser precavidos.

Los sistemas de recaudación tienen un mecanismo casi automático con los militantes, funcionarios y dirigentes. Cada partido tiene una tabla tácita de aportes según el cargo que ocupe cada uno. Los candidatos también tienen tablas de aportes y “promotores”. Pero suelen ser quienes encabezan las listas los principales referentes para conseguir recursos. Todo, en un plano de informalidad que escapa a la simulación de control que impone la ley. Es la propio Junta Electoral la que tiene la potestad, pero no los recursos para auditar que no haya irregularidades.

La campaña dura un mes, pero las propagandas en medios electrónicos solo 15 días y no puede ser contratada por los partidos ya que el Estado es el que paga y reparte los espacios (el gasto es del 6% de lo destinado anualmente a publicidad oficial). Para los oficialismos las próximas dos semanas pueden ser intensas. Es que hasta 15 días antes de la elección no pueden comunicar actos de gobierno que puedan vincularse con la elección. Por eso es probable que haya una maratón de inauguraciones y anuncios, aunque la época de vacas flacas conspira contra esa intención.

Fuera del proselitismo, el principal gasto del Estado será la impresión de boletas. Cada una de las fuerzas políticas que se presentan en las PASO provinciales recibirá $8 millones para que tengan al menos una bolea por cada elector.

Más allá de la arquitectura legal que regula la campaña, las PASO de Mendoza tienen un condimento político atractivo. Las dos principales fuerzas políticas tienen competencia interna en serio, donde las fuerzas y candidatos en pugna pelean por el poder. Esa puja puede hacer ganar en calidad el debate de la campaña. Hay un mes para saber si será así.

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