YPF: ¿Qué implica que la Corte pida opinión a Trump?

El máximo tribunal de EEUU solicitó consejo no vinculante al Procurador General en el caso de un fondo que reclama indemnización por la estatización de la petrolera. El abogado y exaccionista minoritario de la compañía Ricardo Paz Herrera hizo su análisis de la situación en MDZ Radio.

REDACCIÓN MDZ ONLINE

YPF: ¿Qué implica que la Corte pida opinión a Trump?

La Corte Suprema de los Estados Unidos invitó hoy al procurador general de ese país a presentar su punto de vista sobre el juicio entablado contra la petrolera argentina YPF por el fondo buitre Burford Capital, a raíz de la estatización de la compañía concretada en 2012, y en cuyo proceso se debe definir si continuará en Nueva York o en Buenos Aires.

El pronunciamiento de la Corte, que era esperado en las últimas semanas y fue publicado hoy en la orden del día del alto tribunal, pidió la intervención del procurador general de los Estados Unidos, que ejerce el republicano Noel Francisco, quien argumentará en nombre del Gobierno del presidente Donald Trump.

En diálogo con “Cambio de Aire”, por MDZ Radio , el abogado y exaccionista minoritario de YPF Ricardo Paz Herrera consideró que el problema de fondo es que el directorio de la petrolera “nunca denunció la ilegalidad de la compensación que se pide”. “Es el juicio más absurdo al que ha sido sometida la Argentina e YPF”, argumentó Paz Herrera. El abogado comentó: “La realidad es que el reclamo es de las empresas Petersen (de la cual era accionaria la familia Eskenazi)”.

La entrevista completa a Paz Herrera en "Cambio de Aire"

“Se hicieron del 25% de la compañía por 3.500 millones de dólares sin desembolsar un solo centavo. Cobraron dividendos por 1.500 millones de dólares y honorarios ilegales por ser mayores que las ganancias de la compañía. Pese a reclamo a congresistas por la expropiación, nunca hicieron caso a la sugerencia de que había que demandarlos por los daños que generaron al país”, agregó Paz Herrera, para quien “este juicio fue preparado antes incluso de la expropiación”.

El pedido de la Corte al gobierno de EEUU

La resolución conocida hoy expresó textualmente que "el Procurador General (Solicitor General) está invitado a presentar su escrito en este caso que exprese los puntos de vista de los Estados Unidos", una medida intermedia de las tres posibles que se consideraban en el caso.

La opinión de Solicitor General no es vinculante para la Corte, pero no se descarta el peso que puede tener la opinión de la Casa Blanca en el caso, y, en definitiva, acerca de una posible resolución más de tono político.

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El fondo Burford inició contra la Argentina una demanda en los tribunales de Nueva York por la expropiación de YPF, en la que reclama un resarcimiento de u$s 3.000 millones.

Por su parte, la Argentina a través de el procurador general de la Nación, Bernardo Saravia Frías y los estudios de abogados contratados por el Gobierno y la empresa YPF, habían solicitado ya a mediados de 2017 que el litigio se resuelva en los tribunales nacionales.

Al respecto, la Corte Suprema podía hoy decidir que el juicio volviera a los tribunales de Nueva York; que la causa fuera remitida a la Justicia argentina, o la finalmente adoptada de solicitar la opinión del Gobierno de Estados Unidos.

Tanto desde medios oficiales como desde la empresa se especulaba con que la buena relación que mantienen ambos gobiernos a través del vinculo personal de los presidentes Donald Trump y Mauricio Macri permitiría avizorar una opinión del procurador general en favor del cambio de jurisdicción.

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Respecto a la decisión de hoy, el canciller argentino, Jorge Faurie, indicó que Trump "valorará seguramente los intereses de los EE.UU. y entiende que Macri está haciendo un conjunto de reformas imprescindibles para el dinamismo de la economía y que desea un país del siglo XXI". "No dudo de que eso estará en la evaluación cuando (Trump) conteste sobre este tema", enfatizó el canciller.

Burford, no era accionista de la empresa al momento de ser nacionalizado el 51% del paquete de YPF, sino que surgió como demandante al adquirir acciones de la petrolera en manos del grupo argentino Petersen y reclama una indemnización por la estatización de la petrolera en el 2012.

En aquella oportunidad, el Estado argentino mediante aprobación del Congreso nacional dispuso el pago a la empresa española Repsol -por entonces controlante accionaria de YPF- de un resarcimiento de US$ 5.000 millones para compensar la nacionalización parcial de la compañía.

Las razones de soberanía que sostiene la Argentina entienden que ya que no existe ningún tipo de aversión a ese u otro fondo, tal como quedó demostrado a comienzos del 2016, cuando la actual gestión de Gobierno solucionó el conflicto con fondos y tenedores particulares de deuda que permanecía en situación de "default".

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