Víctimas del delito ¿víctimas de una estafa?

La provincia de Mendoza sancionó en 2008 una norma casi idéntica a la aprobada ayer en el Congreso. Sin embargo, ha pasado más de una década y nunca se aplicó.
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Mariano Bustos

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Víctimas del delito ¿víctimas de una estafa?(Alf Ponce / MDZ)

Víctimas del delito ¿víctimas de una estafa? | Alf Ponce / MDZ

Víctimas del delito ¿víctimas de una estafa?(Twitter)

Víctimas del delito ¿víctimas de una estafa? | Twitter

Víctimas del delito ¿víctimas de una estafa?

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Víctimas del delito ¿víctimas de una estafa? | Twitter

 En teoría, la situación de los damnificados por delitos en Argentina debería cambiar luego de que el Congreso sancionara la ley de protección de derechos y garantías de las víctimas. La Cámara de Diputados aprobó ayer por unanimidad el proyecto impulsado por Sergio Massa y Graciela Camaño, reconociendo así derechos y coordinando acciones "para promover, hacer respetar, proteger, garantizar y permitir el ejercicio efectivo de los derechos de las víctimas". Sin embargo, en Mendoza una ley similar lleva casi una década sin cumplirse.

Los puntos en común entre el proyecto sancionado este miércoles en el Congreso y el que vio la luz en 2008 en nuestra provincia van más allá del articulado. En ambos, tuvo un rol importante el actual diputado nacional Luis Petri. En concreto, junto a Daniel Cassia hace poco menos de una década le dieron forma una norma que fue sancionada por unanimidad en la Legislatura provincial. Pero a pesar de ello, nunca se implementó.

En Mendoza, el motivo por el cual las víctimas del delito nunca pudieron percibir los beneficios que la norma les otorgaba fue la falta de presupuesto. "Lo que faltó es voluntad política. Si hay voluntad política, el presupuesto se consigue", lamentó Cassia en comunicación con MDZ. Por aquel entonces, se calculaba que para brindar asistencia económica, tratamiento psiquiátrico y becas a los damnificados se destinarían 5 millones de pesos, pero el dinero nunca apareció.

De esa manera, la provincia se convertía en aquellos tiempos en una pionera en el reconocimiento de derechos a las víctimas, en sintonía con distintos programas internacionales que desde hace años son impulsados por la Organización de Naciones Unidas.

"Si comparás el proyecto nuestro y el que se aprobó ayer son muy parecidos. Pero acá nunca se implementó", recordó Cassia, quien desde hace tiempo dejó su banca de diputado pero que aún sigue de cerca el minuto a minuto de la política.

Ambos textos apuntan no solo a brindar una asistencia personalizada a víctimas y familiares de víctimas del delitos, sino que también contemplan otras aristas. Por ejemplo, tanto la ley mendocina como la que aprobó el Congreso establecen que la Justicia deberá informarles a las mismas el estado de la causa penal y la situación del imputado cuando esta lo requiera.

Incluso, a intervenir como querellante o actor civil en el procedimiento penal, conforme a lo establecido por la garantía constitucional del debido proceso y las leyes de procedimiento locales.

De todas maneras, la ley impulsada por el massismo y aprobada ayer por la Cámara de Diputados contempla otros conceptos nuevos como Centros de Atención las 24 horas -con abogados, psicólogos, médicos y peritos- y la creación de veinticuatro cargos de Defensor Público de Víctimas.

Más allá de las similitudes y diferencias entre ambas normas, en la provincia existe otro antecedente más cercano en el tiempo que también va en sintonía con fortalecer los derechos de las víctimas del delito.

En la reforma del código de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad -que apunta a terminar con la ociosidad de los presos- también se introdujeron artículos que posibilitan que los damnificados por distintos delitos tengan un rol más activo en los procesos judiciales y puedan tener acceso a información de la condena de su agresor.