Política Ley de Ética Pública

Un auditor para controlar a los 100 mil estatales antes que a la cúpula del Gobierno

La designación de un diputado del oficialismo como Auditor genera dudas sobre la independencia que tendrá. Las claves: la información que acumulará y la capilaridad en otros poderes.
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Pablo Icardi

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Un auditor para controlar a los 100 mil estatales antes que a la cúpula del Gobierno

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Un auditor para controlar a los 100 mil estatales antes que a la cúpula del Gobierno

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 El gobernador no resistió la misma tentación que sus antecesores y nombró, nuevamente, a alguien afín para un organismo de control. Cornejo postuló a Gabriel Miró como Auditor de la nueva oficina creada por la Ley de Ética Pública. El candidato no tendrá cambiará de empleo dentro del Estado, pero no tendrá una mudanza larga: dejará de ser legislador y, si el Senado aprueba su pliego, tendrá una oficina en la misma legislatura. Si Miró quiere cumplir con el espíritu de la ley de ética pública, tendrá que hacer un esfuerzo: dentro de sus "controlados" estarán quienes aún hoy comparten comités radicales y han sido parte del equipo de Gobierno.

Algo similar había hecho ya Cornejo al nombrar en el Tribunal de Cuentas a alguien que le había rendido fidelidad política.

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Miró es abogado laboralista y ha hecho toda su carrera en ese ámbito. No tiene ningún antecedente en entes de control de la corrupción, tampoco su historia académica ronda por ese lado. Pero al analizar el alcance del cargo que ejercerá, hay un dato importante: como Auditor tendrá el control de las sanciones, sumarios y faltas disciplinarias de los 100 mil estatales de la Provincia. Al entender la lógica con la que el Ejecutivo se ha manejado, probablemente la intención sea poner el eje en auditar a esos 100 mil estatales, y no tanto a la cúpula del Gobierno. Y hay otro agregado: el alcance del Auditor llega al Poder Judicial, al Legislativo y a los municipios, por lo que si se hace un uso político de ese cargo la capilaridad que al Gobierno le gusta tener en todo el Estado va a tener más vasos comunicantes.

Allí sí tiene experiencia para aportar Gabriel Miró, pues como subsecretario de Trabajo ha tenido que llevar conflictos con los estatales y también ha sido uno de los ejecutores de la estrategia para cuestionar al Poder Judicial (así se nota en alguno de los proyectos que presentó en la Legislatura, como el pedido para que la Corte explique cuánto gasta en la Dirección de Derechos Humanos).

La ley le quita a Fiscalía de Estado la oficina de investigaciones administrativas y le transfiere casi todas sus competencias al Auditor; un traspaso que se da desde un órgano extra poder a uno político y de bajo rango: depende de la Unidad Legislativa que conduce la vicegobernación. Allí también surge una duda con otro tema delicado: la confidencialidad de las investigaciones que se puedan hacer. Hay quienes piensan que la cercanía política entre la Auditoría puede atentar no solo contra la independencia, sino también con el blindaje de información sobre quienes pueden recaer denuncias o investigaciones. Justamente la información es una de las claves: esa oficina acumulará datos de todos los organismos estatales, de sindicalistas y hasta de empresarios vinculados con el Estado.

Aunque el cargo tiene una duración de 5 años y apunta a ser "contracíclico" es difícil creer en que podrá separarse de la gestiónactual; más cuando los hechos de corrupción suelen tener un deelay entre que ocurren, se conocen y son denunciados. Es decir, a Miró probablemente le lleguen denuncias sobre la gestión de Cornejo aún cuando él mandatario deje el cargo. Y le ocurrirá como a Fernando Simón: deberá excusarse de buena parte de las causas porque no será ético que él los aborde. Es que, por ejemplo, tendrá en su archivo las declaraciones juradas de sus actuales compañeros de banca, de quien lo designó y de todo el equipo con el que políticamente se siente cómodo.