Ultimátum de la Corte para Mendoza y La Pampa por el río Atuel

La Corte Suprema de la Nación dispuso hoy que tienen 90 días para llegar a un acuerdo. En caso de que esto no suceda, deberán justificar las razones y el máximo tribunal decidirá el curso de acción.
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MDZ Política

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La Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la firma de todos sus ministros, decidió fijar un plazo de noventa (90) días para que Mendoza, La Pampa y el Gobierno Nacional se pongan de acuerdo en el uso de aguas del río Atuel e indiquen el porcentaje de los costos de las obras que cada una de las jurisdicciones afrontará.

El máximo tribunal también resolvió que en el intercambio entre las tres jurisdicciones deberá tomarse en cuenta la propuesta presentada por la provincia de Mendoza hace dos semanas.

El pasado 9 de mayo, con el gobernador Alfredo Cornejo a la cabeza, se llevó a cabo un encuentro mano a mano entre representantes de Mendoza y funcionarios del Gobierno de La Pampa. El encuentro fue convocado por la Corte Suprema y los miembros de la comitiva mendocina acercaron una propuesta de obras para que analice el gobierno pampeano.

En esa reunión, Mendoza ratificó el esquema que había presentado en la CIAI (Comisión Interprovincial del Atuel Inferior) y el caudal ecológico que había planteado en base al método suizo. No obstante, se aclaró que es un caudal mínimo y que con monitoreos posteriores va a poder ser aumentado en base a las obras.

En ese mismo sentido, la comitiva mendocina presentó una serie de obras que había propuesto en la CIAI, enumeradas, costeadas y con un programa de 1 a 12 años. La propuesta contempla que en el primer año se buscará lograr el caudal mínimo permanente para después pasar a obras mayores como el trasvase que permita a las dos provincias tener agua no solamente para el medio ambiente sino para el uso que cada provincia ha planteado. La propuesta contempla alternativas con obras, con plazos determinados y con caudales específicos.

Finalmente, hoy la Corte dispuso que, en caso de que no arriben a un acuerdo, las jurisdicciones involucradas deberán informar las razones de la negativa y la Corte definirá el curso de acción a seguir.