Suba del transporte: escaso interés en la audiencia pública

El Ejecutivo y las empresas hablar del aumento de costos. El boleto subiría a 10 pesos. Quejas del diputado Ramón, ante un auditorio casi desierto.
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MDZ Política

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Suba del transporte: escaso interés en la audiencia pública(Alf Ponce / MDZ)

Suba del transporte: escaso interés en la audiencia pública | Alf Ponce / MDZ

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Se llevó a cabo este miércoles la audiencia pública que analiza la suba del boleto de transporte público en Mendoza, donde se habló del aumento del costo por kilómetro recorrido y su afectación en el valor del pasaje, y se manifestaron duras críticas a la gestión del Ejecutivo y a las cifras expuestas por las compañías.

Ante una escasa concurrencia en el Espacio Cultural Julio Le Parc, solo hubo un total de ocho expositores en una jornada relativamente corta, entre los que se destacaron el secretario de Servicios Públicos, Natalio Mema; representantes de la  Asociación Unida Transporte Automotor Mendoza; y el diputado nacional y referente de la ONG Protectora, José Luis Ramón.

La audiencia pública se desarrolló en el marco del inminente aumento del boleto mínimo para los colectivos y el Metrotranvía, que el Ejecutivo llevaría, en menos de un mes, de $8,50 a $10.

Mema había adelantado que durante 2017 las empresas experimentaron un aumento del costo por kilómetro recorrido de un 24,8 por ciento en promedio, cifra que confirmó en la audiencia de hoy.

"En ese porcentaje entra lo que es el aumento del salario de los choferes por paritaria, el costo de combustible y el de mantenimiento de las unidades", explicó Mema

Así, el funcionario descartó que exista presión de parte de los empresarios y, por el contrario, aseveró: "Acá no hay tensión con los empresarios; ellos presentan su actualización de costos y nosotros hacemos la evaluación con técnicos que trabajan acá hace 20 años".

Por su parte, Ramón fue muy crítico respecto a la convocatoria de la audiencia pública, dado que "no permite la participación ciudadana", y señaló a MDZ que "como procedimiento, es muy malo e ineficaz, además de que no participan quienes realmente deberían hacerlo: los habitantes de departamentos alejados, las uniones vecinales y representantes de barrios con deficiencias en el servicio".

En su exposición, el diputado apuntó contra el Ejecutivo respecto a la creación de un ente que supervise el sistema del transporte público: "En un fallo, la Suprema Corte de Justicia obligó al gobernador a poner en funcionamiento el Ente Provincial de Transporte, pero éste envió un proyecto a la Legislatura y se dio por cumplido. Eso es una ilegalidad grave que deberá responder ante el máximo tribunal".

Por otro lado, Ramón dirigió severos cuestionamientos a las cifras manejadas por las empresas de transporte en cuanto a los costos por kilómetro recorrido, al sostener que "hacen trampa y mienten con los dos elementos que se toman en cuenta: la cantidad de combustible que consume cada unidad y la cantidad de personal que se requiere por unidad cada cien kilómetros"

"Sobre el primer elemento, en otras audiencias provinciales y con pruebas técnicas se demostró que cada unidad gasta 34 litros de gasoil cada cien kilómetros, pero las empresas de transporte mendocinas aseguran que sus colectivos gastan 41 litros; así lograron que el exgobernador Francisco Pérez dictara un decreto donde reafirma esto, lo cual está mal y lo objetamos", expresó Ramón. Para el legislador nacional, esta "maniobra" es "una raya de delito", dado que "las empresas de transporte pagan una tarifa diferenciada de gasoil de 7 pesos por litro".

En cuanto al personal por colectivo, Ramón señaló que "siempre se determinó que es 3,01 personas por unidad, pero ellos insisten en que la cifra es 3,10 trabajadores, siendo incluso que todas las empresas que prestan servicios tercerizan, es decir, cada vez tienen menos empleados".

Alegándose la representación de los consumidores, el abogado de Protectora aclaró que "entendemos y no cuestionamos el ajuste que debe tener el valor del boleto por el proceso inflacionario", pero esgrimió que los procedimientos legales son "ilegítimos" y cifras expuestas "falseadas" por las empresas, lo que es una "barbaridad" que afecta a los usuarios.