Solo el 24% de las causas judiciales iniciadas en Mendoza llega a sentencia

Mendoza es la provincia con más juicios a nivel nacional. El tiempo de resolución promedio de una causa supera los tres años y la mayoría queda archivada por falta de pruebas o prescripta por la demora en investigar. Crece la industria del juicio laboral.
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Roxana Badaloni

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Solo el 24% de las causas judiciales iniciadas en Mendoza llega a sentencia

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Solo el 24% de las causas judiciales iniciadas en Mendoza llega a sentencia

Solo el 24% de las causas judiciales iniciadas en Mendoza llega a sentencia

 El Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cipecc) le ha puesto una mala nota a Mendoza en el acceso a la información judicial en comparación con el resto del país. La provincia aparece en el puesto 16, debajo del promedio en cuanto a la transparencia y la accesibilidad a la información a través del sitio oficial del Poder Judicial (www.jus.mendoza.gov.ar).

Con datos de la Administración del Poder Judicial, Mdz accedió a las estadísticas de la Justicia de Mendoza entre 2003 y 2013 en cuanto a las causas iniciadas y resueltas. No se aclara en cuántos casos las causas prescribieron o hubo extinción de la responsabilidad por haber retrasado los tiempos procesales, lo que termina beneficiando al investigado. “Nadie puede estar indefinidamente como sospechoso y es habitual ver que en los casos de corrupción las causas pasan de un juzgado a otro y al final prescriben”, explican abogados penalistas mendocinos. De las 475.074 causas iniciadas en 2013, hubo alguna resolución en 183.257 (38,5%) entre sentencias y autos definitivos (resolución sobre cuestiones secundarias). Pero sólo en 24,5 hubo sentencia, que puede ser apelada en caso de primera y segunda instancia.

En el comparativo de la última década, lo que más crecieron son las causas laborales. “Los abogados caranchos y los juicios por inhabilitación están a la orden del día con graves sospechas de certificados apócrifos y fraudes”, dice un abogado del fuero local. Se pasó de 7.511 causas laborales en 2003, a 9.009 en 2013.

Estadísticas del Poder Judicial

Causas ingresadas año 2013 475.074

Sentencias año 2013 116.296

Porcentaje sentencias respecto a causas ingresadas 24,4%

Porcentaje de causas resueltas respecto a causas ingresadas 38,5%

Muchos litigios, lentos procesos

Las estadísticas del Poder Judicial de Mendoza dejan al descubierto el alto grado de litigios y la lentitud con la que se resuelven el tercio de causas que llegan a sentencia. Durante 2013 fueron 475.174 las causas iniciadas en los distintos fueros y en el primer semestre de 2014, van163.569.

La tasa de litigio en Mendoza es de 24.000 causas judiciales cada 100.000 habitantes por año, casi el triple de la media nacional, que es de 8.800 causas, lo que la transforman en la sociedad que más judicializa sus conflictos. En Córdoba la tasa es de 10.000 causas ingresadas por año cada 100.000 habitantes, mientras que en Santa Fe es de 14.000.

La duración de los procesos es otro punto en contra: el promedio en el fuero civil es de 36 meses para la resolución de una causa, según un informe realizado por el área de Políticas Públicas de la UNCuyo. En defensa de la institución, el coordinador de Políticas Públicas del Poder Judicial y ex legislador radical Raúl Vicchi dice: “Hay juzgados trabajando a contra turno y hasta jueces que citan a audiencias en las tarde, por no dan a basto con la demanda”.

El informe del Cipecc revela que, sobre un total de 82 puntos posibles, las provincias mejor posicionadas son Formosa con 55, Ciudad de Buenos Aires, 54 y Neuquén y Salta con 50. Mendoza quedó de la mitad para abajo con sólo 20 puntos en la calidad de información pública judicial. Los ejes que se evaluaron fueron: transparencia activa, producción de datos, actos jurisdiccionales, compras públicas, selección y remoción de magistrados, interacción, personal, código de ética, capacitación, sistemas de control y participación ciudadana.

Causas penales

En la información sobre delitos del Ministerio Público de la Primera Circunscripción, que es lo que investigan las fiscalías, el último dato público es del primer semestre del año pasado. De enero a julio de 2013, hubo 60 homicidios.

En 2012 en el Gran Mendoza y Lavalle: 106 homicidios, 12.450 robos agravados, 23.640 robos simples y 150 abusos sexuales.

En 2011: 102 homicidios, 10.791 robos agravados, 20.210 robos simples y 88 abusos sexuales.

En 2010: 88 homicidios, 10.540 robos agravados, 18.861 robos simples y 96 abusos sexuales.

Escasa información sobre causas de sobornos y enriquecimiento ilícito de funcionarios

En febrero de 2012, el fiscal de Control Administrativo de la Oficina Anticorrupción de la Nación, Julio Vitobello, solicitó a la Suprema Corte de Mendoza, un informe sobre las causas tramitadas y las acciones llevadas a cabo durante los últimos cinco años, en relación a conductas vinculadas a los delitos de soborno y enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos, ya sea en calidad de autores, cómplices o encubridores.

El cuestionario se realizó de acuerdo a las disposiciones de la Convención Interamericana contra la Corrupción. En la respuesta que aportó Mendoza, enviada por la coordinadora del Ministerio Público María Teresa Day, aparece la cantidad de causas en la que se involucra a funcionarios públicos. El dato sorprende: o hay menos corruptos o se denuncian y se investigan menos casos. En 2007, fueron 107 los políticos investigados, en 2010 llegó a 125 y en 2011, bajó a 91.

En total, en los últimos cinco años (de enero de 2007 a abril de 2012) fueron 561 las causas a funcionarios por soborno o enriquecimiento ilícito. Sin embargo, el Poder Judicial de Mendoza omitió responder cuántas de estas causas por corrupción iniciadas se encuentran en curso, cuántas suspendidas, cuántas han prescriptos por no haber sido concluidas en los términos establecidos, cuántas han sido archivadas sin que se haya podido adoptar un decisión de fondo y cuántas han tenido imputación de responsabilidad o absolución. La poca información se traduce en falta de transparencia de la Justicia local.

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