Política Día Nacional de la Memoria

Si la justicia es lenta, no es justicia: menos del 24% de los represores tiene condena firme

En Mendoza hay procesos que demoraron más de 8 años. Más de 500 personas que eran juzgadas murieron antes de tener sentencia.
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Pablo Icardi

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Si la justicia es lenta, no es justicia: menos del 24% de los represores tiene condena firme

Si la justicia es lenta, no es justicia: menos del 24% de los represores tiene condena firme

Si la justicia es lenta, no es justicia: menos del 24% de los represores tiene condena firme

Si la justicia es lenta, no es justicia: menos del 24% de los represores tiene condena firme

Si la justicia es lenta, no es justicia: menos del 24% de los represores tiene condena firme(Pachy Reynoso/MDZ)

Si la justicia es lenta, no es justicia: menos del 24% de los represores tiene condena firme | Pachy Reynoso/MDZ

Si la justicia es lenta, no es justicia: menos del 24% de los represores tiene condena firme(Pachy Reynoso/MDZ)

Si la justicia es lenta, no es justicia: menos del 24% de los represores tiene condena firme | Pachy Reynoso/MDZ

 Si la justicia es lenta, no es justicia. Esa premisa vale para lo que ocurre en la vida cotidiana de Tribunales. Pero también con los procesos judiciales iniciados por delitos de lesa humanidad cometidos en los años previos y durante la dictadura militar. ¿Hay que celebrar que haya procesos ajustados a derecho para juzgar a los represores? Sí. Pero sin perder de vista que la lentitud afecta a la justicia que se necesita, incluso sobre los acusados.

Mendoza tiene en ese sentido un récord: dos de los tres procesos que más se han demorado ocurrieron en la provincia. La Megacausa de San Rafael y su residual, que demoraron7,6 y 8 años respectivamente, y el llamado "juicio a los jueces" que demandó 6 años de proceso. Probablemente esa sea una de las causas de la demora en Mendoza: quienes eran parte de la estructura delictiva y de encubrimiento estaban en situaciones de poder y particularmente en Tribunales Federales.

Esos jueces fueron condenados, aunque con beneficios. Otilio Roque Romano, por ejemplo, tiene prisión domiciliaria a pesar del pésimo antecedente que tiene, tras haberse fugado y escondido en Chile. Desde su "presidio" hogareño el destituido juez milita a través de las redes sociales.

Actualmente en todo el país son 1293 los imputados por delitos de lesa humanidad que están libres y 1034 los detenidos. Uno de los datos que ilustra las consecuencias de las demoras en los juicios es que 621 personas procesadas han fallecido, de las cuales 506 murieron antes de ser tener una sentencia. A pesar de la cantidad de sentencias, solo el 24% de los condenados tiene sentencia firme. Ese es el dato más fuerte de todos porque hasta que no ocurre eso se presume inocencia.