Preocupación porque vence el plazo para la autovaluación de inmuebles

Desde el Colegio de Agrimensura de Mendoza piden que se derogue la Resolución que obliga a autodeclarar la valuación de inmuebles de más de $2.000.000.
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MDZ Política

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Este año, la ley de Avalúo incluyó en el régimen de Autodeclaración de Valuación de Inmuebles a propietarios de parcelas cuyo avalúo fiscal supere la suma de $2.000.000 o "toda otra parcela especial que sea calificada como tal por la Administración Tributaria Mendoza, por resolución fundada, comunicadas por ATM". Esta medida no solo desató críticas sino que fue llevado a la Corte por la Cámara de Desarrolladores Inmobiliarios principalmente por el impacto en barrios privados.

La aplicación de la autodeclaración está judicializada por presentaciones de inconstitucionalidad y se espera que la Corte se expida al respecto antes del 31 de mayo. Pero lo cierto es que la fecha límite está próxima a vencerse y la ATM exige que las declaraciones se hagan antes del jueves.

En base a ello, el Colegio de Agrimensura de Mendoza (CAM) sugirió dictar una norma adminsitrativa que derogue y sustituya a la Resolución 16/2018 de la ATM para dejar sin efecto esta disposición.

En base a un análisis y evaluación de la normativa que establece la obligación de realizar una autovaluación de inmuebles a las personas cuyas propiedades reúnan ciertos requisitos detallados en el Régimen de Autodeclaración de Valuación, desde el CAM expresaron que "la Dirección General de Catastro es la que tiene la capacidad y experiencia suficiente en la determinación de los avalúos de las propiedades de Mendoza". "Para ello utiliza un sistema de tasación masiva con fines tributarios. En las leyes de avalúos de los años anteriores se detallan las fórmulas de cálculo con todas las variables necesarias para ajustar equitativamente las distintas parcelas registradas en el último censo catastral, que se mantiene actualizado, entre otras actividades, con el trabajo técnico desarrollado por los profesionales de la Agrimensura que nuclea el CAM en el marco del Régimen Catastral", agregan.

"Esa responsabilidad de realizar periódicamente censo catastral y actualizar los valores de los inmuebles anualmente es de exclusiva competencia de la Dirección General de Catastro. A su vez, los agrimensores, con su tarea independiente, aportan el dato individual de las características de los inmuebles mediante mensuras realizadas al efecto de las transferencias de dominio. De esta manera, colaboran con la Dirección General de Catastro y garantizan una equidad tributaria para todos los contribuyentes de la provincia respetando así el criterio constitucional de 'igualdad ante la ley' que establece el Art.16 C.N.: La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas", agregan.

Por lo tanto sostienen que el impuesto Inmobiliario es un impuesto que debe liquidarse por vía administrativa porque su naturaleza jurídica es de carácter tributario y que los propietarios no pueden hacer una tarea de valuación para la que no están preparados por ser una tarea específica de profesionales habilitados para ello.

"Además, en nuestra calidad de organismo de colaboración del Estado, con la facultad de administrar la matrícula y sus acciones disciplinarias, sugerimos dictar una norma administrativa que derogue y sustituya la Resolución 16/2018 (ATM). También, sugerimos que en caso de utilizar el valor real de mercado de los inmuebles como base imponible, se debe definir para el cálculo del impuesto un porcentaje del mismo (base imponible) y una alícuota, que no afecte a los propietarios a futuro, porque ese valor de mercado se utilizará para liquidar impuestos nacionales como Ganancias y Bienes Personales, acrecentando los mismos", manifiestan desde el CAM en un comunicado.

Asimismo, recomiendan crear por ley un Tribunal de Tasaciones Provincial, un organismo técnico especializado con autonomía y autarquía funcional en las materias propias de su competencia, como lo tienen otras provincias, por ejemplo: San Juan.

"Por último, el CAM se pone a disposición del Gobierno provincial en caso de considerar necesario realizar una convocatoria a los representantes de los Colegios Profesionales que intervienen en el tráfico inmobiliario y Cámaras de Desarrolladores para tomar contacto con la realidad del mercado de compra-venta de inmuebles y poder resolver con justicia, equidad y proporcionalidad el impuesto a aplicar a las más de 700.000 parcelas que registra hoy la provincia. A su vez, a la sociedad en general, este Colegio le recomienda que recurra a un profesional legal y técnicamente habilitado para declarar el valor de su inmueble a fin de evitar posibles perjuicios en su tributo por falta de conocimiento sobre el tema", concluyen.