Por qué ser transparente en el Gobierno no debe ser igual a ser invisible

Someterse a los controles sin atenuantes le da más poder a la política, aunque quienes la ejercen crean lo contrario, por viejos prejuicios y miedos.
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Gabriel Conte

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Por qué ser transparente en el Gobierno no debe ser igual a ser invisible

Hay una oportunidad para salir de la opacidad histórica del Estado: que quienes motorizan la gestión pública con cada gobierno pongan en marcha leyes de transparencia cuya aprobación, cuando no su puesta en efectivo cumplimiento, se demora más de lo esperado, a pesar del entusiasmo con el que cuando se presentan las iniciativas se habla sobre ellas.

Uno de esos casos es la Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública (creada por Ley 8993). Hace unos días, el periodista Juan Carlos Albornoz se refirió en MDZ a "los funcionarios invisibles" del Gobierno y es la oportunidad para hablar de la necesidad de la visibilidad de la transparencia, con herramientas concretas y chequeables.

¿Por qué es importante que haya órganos de control en funcionamiento claro y con disponibilidad de sus acciones al conocimiento público? Los que saben ya lo han señalado en las numerosas reuniones a las que concurrieron, invitados por el Gobierno. Se fueron siempre satisfechos por la vocación, pero aún hoy esperan algo más: voluntad de puesta en marcha.

Expertos en visibilidad de la transparencia y accesibilidad de datos, recuerdan que:

- Estos organismos son indispensables para controlar las funciones del Estado: para evitar el autoritarismo y/o para velar por un servicio público de calidad.

- En el caso de la acéfala y desfinanciada autoridad de control de la Ley de Ética Pública la situación es más preocupante. Esta oficina no solo debería velar por la integridad en el ejercicio de los cargos de funcionarios públicos, sindicalistas y contratistas del Estado, sino que también sería la autoridad de aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública, que tiene media sanción y se encuentra trabada en diputados por desinterés del oficialismo.

- La megaoficina ha sido prevista como "órgano técnico e independiente, con autonomía funcional, financiera y presupuestaria encargado de los registros y las investigaciones administrativas necesarias para el cumplimiento de la (...) ley" (artículo 25), un genuino reconocimiento para posibilitar la libertad de acción al momento de investigar a los políticos y a todos aquellos que administran fondos públicos.

- La ley ubica como máxima autoridad a un auditor de la Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública, que debe ser designado por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado, con un mandato de cinco (5) años de duración y solo puede ser removido por Jury de Enjuiciamiento. Incluso, contempló una serie de requisitos mínimos para garantizar una base de idoneidad en un cargo tan importante: 

a. Ciudadanía en ejercicio; 

b. Haber cumplido treinta (30) años de edad y no tener más de sesenta y cinco (65) años; 

c. Ser profesional Abogado, Contador Público Nacional o Licenciado en Administración Pública y Ciencias Políticas con al menos cinco (5) años de ejercicio de la profesión; 

y d. No haberse acogido al beneficio jubilatorio en ningún régimen público o privado.

 Quizás hubiera convenido agregar una audiencia pública para dotar de mayor participación ciudadana al procedimiento de elección, pero en general, los requisitos son los mismos que para las más altas autoridades provinciales.

- Pero a pesar de estas loables previsiones legislativas es evidente el total desinterés de la una importante porción de la política en dotar de financiamiento y de personal calificado a una entidad que debería controlarlos. En efecto, por las versiones que circulan, se pretende ubicar a la cabeza de este futuro órgano de control a un funcionario proveniente de las entrañas de la misma política. 

- En las organizaciones que están trabajando como think tanks -a falta de que lo hagan los propios partidos- sostienen que el hecho de que "políticos que controlan a políticos terminaría siendo un pecado original que desnaturalizaría esta imprescindible función de garante de la transparencia y de la integridad pública a nivel provincial".

- Alertan sobre organismos de control con los mismos vicios de la política. Esta historia se replica tanto en el tribunal de cuentas, como en Fiscalía de Estado y en los entes de control de los servicios públicos (e incluso en la justicia).

- Lo cierto es que hay una oportunidad única de fortalecer nuestras instituciones con órganos que verdaderamente sirvan de contrapeso a los poderes constituidos. Se trataría de una verdadera independencia, financiamiento e idoneidad permitirán cumplir con los indispensables objetivos de estas dos leyes que tanto reclama la ciudadanía: transparencia y responsabilidad de los funcionarios públicos.

Y queda claro: ser transparente no es ser invisibles, sino todo lo contrario.