Política La Justicia sólo contra algunos

Nadie va preso en Mendoza: la impunidad de los poderosos

Aumenta la cantidad de presos, pero no hay detenidos por delitos de "guante blanco" y corrupción. No solo no hay presos por esos delitos, sino que las causas están estancadas
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Pablo Icardi

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Nadie va preso en Mendoza: la impunidad de los poderosos

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Nadie va preso en Mendoza: la impunidad de los poderosos(La Voz)

Nadie va preso en Mendoza: la impunidad de los poderosos | La Voz

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Hay un debate subyacente en Tribunales y en particular en la Suprema Corte de Mendoza. Es quién investiga en serio al poder político y económico. En los últimos dos años aumentó la cantidad de personas detenidas por delitos. Pero la pregunta que surge es quiénes son los que van presos en Mendoza y por qué delitos. Pues la respuesta técnica también responde a lo que puede surgir del sentido común: no hay ningún preso por causas vinculadas a la corrupción o a la gestación de delitos. Los llamados delincuentes de guante blanco siguen gozando de impunidad.

No solo no hay presos por esos delitos, sino que las causas están estancadas. Y si el hecho de que no haya dirigentes políticos sospechados presos, más llamativo es que tampoco haya empresarios o personas vinculadas al mundo económico. De hecho en algunos casos resonantes los empresarios están vinculados solo como "partícipes secundarios": la mano "que da", no tiene condena prácticamente.

Una radiografía de los presos de Mendoza puede ayudar a trazar esa realidad: si se pudiera tipificar al "preso modelo" sería una persona de menos de 35 años, sin estudios y detenido por un delito con menos de 10 años de cárcel. Del total de presos, el 67% de los presos de Mendoza tienen menos de 35 años. El 51% no llegó a terminar la primaria o no fue a la escuela y, en el global, el 95% no terminó la secundaria. Solo hay 8 personas con título universitario que están detenidas. El 69% de los presos estaba desocupado o subempleado al momento de ser detenidos. La amplia mayoría de los presos tiene condenas menores a los 9 años.

El foco de la política criminal impulsada por el Gobierno ha estado puesto en los delitos de mayor impacto para la vida cotidiana, como los hurtos y robos. No es casual que haya aumentado fuertemente la cantidad de detenidos. Así, por ejemplo, en 2016 hubo un récord: del total de población penitenciaria que había (4300 personas) casi 1700 habían sido apresadas ese año.

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La tensión que se genera dentro del Poder Judicial se ancla en una frase: "La justicia penal es la justicia de los pobres", aseguró a MDZ uno de los jueces que cuestiona el enfoque actual. Y apunta a la falta de un entramado para investigar el origen de los delitos económicos.

A quién se investiga

El año pasado de creó la Unidad Fiscal de Delitos económicos, con la idea de especializar la investigación de esos temas. Los datos que surgen de esa fiscalía también sirven para abonar la teoría que la justicia penal es la justicia de los incautos. Desde que se creó la Unidad Fiscal entraron 1534 causas. La amplia mayoría son por estafas y otros delitos cometidos entre privados, principalmente "estafas genéricas". Solo 2 de esos expedientes son por cohecho, es decir por coimas. También ingresaron solo 2 denuncias por enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos y una sola por negociaciones incompatibles con un cargo público y asociación ilícita. El delito relacionado con la función pública más denunciado es el peculado, que condena con penas de hasta 10 años al "funcionario público que sustrajere caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo" o "el funcionario que empleare en provecho propio o de un tercero, trabajos o servicios pagados por una administración pública".

Los únicos detenidos que hay por delitos de "guante blanco" están acusados por delitos federales; en particular estafas a la AFIP por facturas truchas y también contrabando, aunque sobran los dedos de una mano para contarlos.

Los fiscales aclaran un punto en el que no dejan de tener razón: es el propio sistema el que ayuda a que haya una sensación de impunidad con esos delitos porque el propio Código Penal prevé penas leves, muchas de ellas excarcelables, para los funcionarios y empresarios sospechados. 

En la provincia las denuncias por corrupción no avanzan y son tomadas también para las chicanas políticas. El actual Gobierno acusa a los jueces de no animarse a investigar a los ex funcionarios y ponen como ejemplo la causa por enriquecimiento ilícito del ex gobernador Francisco Pérez, iniciada luego de que se conociera que había comprado un departamento de lujo mientras era funcionario. Desde la oposición retrucan, aunque por ahora no se animan a hacerlo a viva voz, amenazando con denunciar al actual mandatario Alfredo Cornejo; no por sus bienes sino por los emprendimientos gastronómicos de sus familiares.

Varios de los últimos gobernadores y funcionarios de primer rango tuvieron como primera decisión tras dejar los primeros planos políticos mudarse de casa  (a una mejor) y emprendieron caminos comerciales insospechados antes. Allí hay una premisa que se olvida: en el caso de los funcionarios se invierte la carga de la prueba (para investigar el enriquecimiento) y deben justificar el origen de los recursos con los que adquirieron sus bienes. En Mendoza eso pasa de largo. 

En Tribunales también tienen respuestas cruzadas a las dudas sobre por qué no se investigan a los poderosos. Dos jueces con influencia contestaron a la consulta de MDZ. Uno dijo que "ellos no quieren que un peronista vaya preso". Otro, como acto fallido, respondió: "en nuestro gobierno no había presiones". Ambos hacen clara referencia a la pertenencia política a distintos sectores. Allí está pues la respuesta sobre por qué no se investiga al poder. Como le ocurre a un perro, la justicia ladra y bravuconea en círculos, hasta que se da cuenta que al atacar se puede morder su propia cola.