Matemos la industria mendocina: ya frenaron la minería y ahora van por el petróleo

En base a campañas que promueven el temor, ahora se busca prohibir el fracking. No se escucha a los técnicos y se aprovecha la falta de conocimiento.
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Edu Gajardo

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Matemos la industria mendocina: ya frenaron la minería y ahora van por el petróleo

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Matemos la industria mendocina: ya frenaron la minería y ahora van por el petróleo

Parece una historia repetida en Mendoza. Se piensa avanzar con el desarrollo de una actividad industrial lícita y comienza la oposición desde distintos sectores. Es una especie de campaña del terror en la que se apunta a una industria como un mal para la provincia y la mejor solución es prohibirla. Primero fue la minería y ahora van por el fracking.

Es que el avance del Ejecutivo provincial para desarrollar la extracción de petróleo no convencional a través de la fractura hidraúlica y la oposición que encontró en grupos y abogados ambientalistas, y en una diputado del justicialismo que pidió prohibir el método, recuerda lo ocurrido con la minería en el gobierno de Cobos.

Mientras los que tienen el conocimiento técnico avalan el método y señalan que -tal como en todas las actividades industriales- con los cuidados y control es posible realizarla sin dañar el ambiente, por otro lado surgen los discursos que apelan al temor y los recursos judiciales para frenar cualquier desarrollo.

La industria en la provincia está complicada y la matriz productiva no se diversifica. Lo hoy mantiene las arcas del Estado es el petróleo y es necesario su desarrollo para que Mendoza siga adelante y pueda crecer. El futuro está es el petróleo no convencional y, por ahora, no hay otra forma de conseguirlo. Existe un sistema técnicamente probado y si se aplican los controles, como en toda industria, no debe tener problemas. Entonces, por qué poner "palos en la rueda" para que se desarrolle el fracking.

El diputado Gustavo Majstruk presentó un proyecto para prohibirlo mientras existan "pruebas definitivas de que su utilización no pone en riesgo el medio ambiente, la salud de los pobladores y las cuencas hídricas". El legislador representa al sur provincial, la misma zona donde se gestó la oposición a la minería, y por lo tanto sabe que un proyecto de este tipo tiene un impacto mayor entre sus electores, algo que no se debe dejar de considerar.

Herencias

El Gobierno también debe tener claro que estas posturas son parte de una herencia que dejó Julio Cobos, cuando presionado por las protestas y los cortes de ruta creó la Ley 7.722 para prohibir el uso de diversas sustancias químicas en la minería. Una ley que está vigente hace 10 años y aún no está reglamentada. Pero más allá de eso, dejó un mal precedente, ya que tomó una decisión basándose en la presión social y no en los argumentos técnicos que indicaban que se podía desarrollar con tecnología y control adecuados.

La historia hoy se repite, porque se cuestiona una actividad en base a supuestos y sin tener información técnica profunda. El mismo proyecto de ley presentado pide prohibir el fracking en base a un "principio de precaución" a la espera de pruebas definitivas. Algo así como no se qué puede suceder, pero por si acaso hay que prohibirlo. 

Igualmente no es el único proyecto, existe uno de 2013 que quedó guardado en los archivos de la Legislatura firmado por Tadeo García Zalazar, actual intendente de Godoy Cruz. 

O sea, desde el mismo seno del actual gobierno nació, en otro momento y con otros intereses, una oposición a una actividad que todo el mundo sabía que es necesaria y que en algún momento se tenía que desarrollar. El proyecto del actual jefe comunal pedía: "Prohíbase transitoriamente en la provincia de Mendoza el uso del bien común "Agua" en todo tipo de actividad de Investigación, Exploración y Explotación de gas, petróleo y otros hidrocarburos no convencionales mediante la utilización de la técnica de Fractura Hidráulica (Fracking)".

De esta forma los representantes de la Justicia, el Ejecutivo, legisladores y la comunidad en general debe replantearse una situación. Decidir si continuamente cederá a las presiones que están basadas en las campañas del terror o se tomarán en cuenta los aspectos técnicos que -en definitiva- son los únicos que pueden asegurar que las industrias se desarrollen de manera adecuada, sin afectar a la población y al ambiente.