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Los vínculos con Castillo que pueden condenar a Sergio Salgado

Permisos provisorios, excepciones difíciles de justificar y manejo de fondos sin los controles correspondientes formaron parte del combo que deberán explicar Salgado y sus ex funcionarios ante la Justicia.
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Mariano Bustos

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Los vínculos con Castillo que pueden condenar a Sergio Salgado(Pachy Reynoso/MDZ)

Los vínculos con Castillo que pueden condenar a Sergio Salgado | Pachy Reynoso/MDZ

Los vínculos con Castillo que pueden condenar a Sergio Salgado(Alf Ponce / MDZ)

Los vínculos con Castillo que pueden condenar a Sergio Salgado | Alf Ponce / MDZ

Los vínculos con Castillo que pueden condenar a Sergio Salgado(Pachy Reynoso/MDZ)

Los vínculos con Castillo que pueden condenar a Sergio Salgado | Pachy Reynoso/MDZ

El 2018 promete ser un año cargado en materia judicial. No solo por la aplicación de las reformas judiciales que se orquestaron el año pasado, sino que finalmente se sentarán en el banquillo los intendentes acusados por administración fraudulenta durante su gestión. Así como esta semana se confirmó la elevación a juicio de una de las causas que complican a Luis Lobos, en el corto plazo otro ex intendente deberá sentarse en el banquillo de los acusados. Se trata Sergio Salgado, quien será juzgado por irregularidades en la administración de la playa de estacionamiento de La Salada.

Según consta en el expediente, su ex esposa detalla de hasta que punto llegaba la informalidad con la cual se manejaba el ex jefe comunal y las irregularidades que se cometían en el manejo del dinero. "Con respecto al tema de la Feria La Salada puedo manifestar que mientras vivíamos juntos era habitual que llegaran a nuestra casa ubicada en la Ruta 50 km 1000 de la villa cabecera de Santa Rosa o La Costa, Gustavo Marcial Ibarra, Guillermo Araya, Beto Rosas, Gisel Ruggieri, con una caja negra de cartón como si fuera de zapatos, la cual contenía dinero que provenía de la recaudación de la playa de estacionamiento de La Salada", manifestó Barbará Cristina Dorcemaine ante la Justicia.

"Contaban lo que habían recaudado y Sergio era el que disponía lo que se hacía con ese dinero, esa plata quedaba en el domicilio donde vivíamos y después se la llevaba Sergio o alguna de las personas que he nombrado", agregó.

Dorcemaine agregó también que el dinero no se bancarizaba, sino que a veces quedaba guardado por una semana en la vivienda de la pareja. "En un principio era algo de 25.000 o 35.000 mas o menos, yo lo escuchaba cuando lo contaban y decían la cifra recaudada", adhirió.

Además, la ex del intendente lo vinculó con la adquisición de dos fincas entre los años 2012 y 2014. Incluso, sembró sospechas sobre posibles sobreprecios en la contratación de espectáculos promocionados por un individuo identificado como "Bebe" Fernández.

"Bebe Fernández iba a la casa siempre a llevar plata y cuando había festivales muchas veces llevaba cajas con entradas o precintos para los invitados, es más muchas veces me enteraba que el "Bebe" entraba a mi casa cuando no estábamos, y dejaba dinero por ejemplo debajo de la almohada y lo sé porque el mismo "Bebe" Fernández me lo dijo, yo este dinero nunca lo vi porque se ve que Sergio lo sacó antes de que yo llegara, otras veces llegaba Bebe y dejaba plata sobre la mesa y yo tenía que guardarla, lo raro es que yo no sabía de dónde venía ese dinero", se puede leer en la declaración testimonial que Dorcemainer dio bajo juramento.

"Yo me imagino que contrataban a artistas por un monto mucho mayor y se quedaban ellos una comisión, pero no tengo la certeza, es lo que me imagino, era todo muy raro, nunca supe la cantidad exacta pero se veía que era mucha, eran fajos de dinero", agregó.

En cuanto al estacionamiento del predio el abogado de Jorge Castillo, Fernando Solorsa, aseguró que era explotado de forma "exclusiva y excluyente" por la municipalidad. Según el letrado, así se mantuvo el acuerdo durante 200 días de feria en los que el intendente designó cuidacoches y recaudadores para hacerse cargo del predio.

Según declaró la por entonces concejal Norma Trigo nunca tuvieron acceso al expediente que cedía al municipio el uso de la playa de estacionamiento y a cambio de ello el Megapolo quedaba exento de tributar tasas municipales. "Solamente se que dicho emprendimiento tenía una habilitación provisoria hasta el 31 de diciembre de 2013, luego se que Castillo pidió una extensión", declaró la actual intendenta ante el fiscal Santiago Garay.

Lo que esgrimieron los responsables, con Salgado a la cabeza, fue que el dinero que se recaudaba en la playa de estacionamiento era destinada a instituciones educativas, deportivas y sociales del municipio. Sin embargo, en base a testimonios se pudo constatar que no todo el dinero llegaba a ese destino y también encontraron instituciones truchas que cobraron algún porcentaje.

"La institución a la cual pertenezco fue beneficiada con el producto de la playa de estacionamiento de La Salada en enero del 2016. Guillermo Araya nos dijo que había que poner mínimo tres personas para cobrar el estacionamiento, después esa recaudación se la entregaba a él o a un encargado y después el lunes había que ir a una dependencia de la Municipalidad que no se encuentra en el mismo edificio. Cuando fui, el mismo Araya me rindió de dinero y me dio en efectivo 4860 sobre una recaudación de 10.420", narró ante el fiscal Dulio Gabriel Adid Gelado, presidente de la subcomisión de fútbol del club California del Este.

Pero la informalidad fue aún mayor antes del 2016. Es que en un principio las instituciones no tenían participación en la playa. A raíz de las sospechas fue que las autoridades optaron por dejar que sean las propias instituciones las que pongan a disposición personas para hacer de trapitos. Cada fin de semana, la gente cambiaba dependiendo de la institución que sería beneficiada.

"Yo estaba a cargo del personal de la playa de estacionamiento desde el 5 de octubre del 2013 al 26 de julio del 2014. Se cobraba 10 pesos los autos y 20 camionetas o traffics, una vez que ingresaban los autos nosotros tenìamos que estacionar los autos, pero no manejábamos el dinero, los que cobraban la entrada eran funcionarios del municipio ellos controlaban lo que pasaba. Hasta que trabajé yo no vi nadie de ninguna institución benéfica". Las palabras forman parte de la declaración testimonial de Gonzalo Gabriel Gustavo Zapata Ortiz, quien dijo que los sábados acomodaban entre 1500 y 2000 autos, mientras que los domingos la cantidad era menor.

Un testimonio clave es el del ex tesorero Vicente Alfredo Lezcano Lucero. "Al principio el estacionamiento lo cobraba la Municipalidad y que luego pasaron a cobrarlo algunas entidades benéficas. Recuerdo que las primeras recaudaciones, que fueron uno o dos, las cuales se hicieron a través de Renta, pero no quedaba registro, y de las ayudas que hacían tampoco se si quedaba registro. Tengo entendido que lo recaudado se lo entregaba al intendente a través de Gustavo Ibarra y de ahí se repartía a las entidades benéficas. Luego las entidades benéficas hacían ellas las recaudaciones y desconozco cómo hacían la repartición. Ingresaban más o menos tres mil autos a un valor de 10 pesos, hacía un total de 30 mil pesos", expresó.

Por todo ello, la fiscalía determinó que a partir del mes de septiembre de 2013 y hasta el mes de marzo de 2016, durante todos los fines de semana en que funcionó La Salada (aproximadamente 200 días), se exigió y cobró una especie de "canon" o "contribución" de 10 pesos a los asistentes al lugar en contraprestación por el estacionamiento de cada uno de los vehículos, lo que equivaldría a la obtención de una ganancia de aproximadamente $10 millones. Lo que intentan determinar es qué se hizo con el dinero, ya que no hay registros que dejen constancia de que haya llegado a las instituciones a las que se tenía que destinar.

Tanto en el caso de Lobos como en el de Salgado da la impresión de que serán juzgados por las causas más leves de las que cargan en sus espaldas. Sin embargo, no por ello pueden estar tranquilos. Salgado está imputado junto a otros ex funcionarios de la comuna por Concusión en calidad de autor. En concreto, lo acusan de haber malversado fondos del estacionamiento del megapolo La Salada, entidad con la que había firmado un acuerdo comercial sin precedentes.