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Los sobreprecios de Guaymallén que nadie quiere investigar

El Tribunal de Cuentas le pasó la pelota a Fiscalía de Estado por los sobreprecios detectados en la contratación de maquinarias en el año 2014. Se perdió documentación clave.
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Mariano Bustos

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Los sobreprecios de Guaymallén que nadie quiere investigar(Pachy Reynoso / MDZ)

Los sobreprecios de Guaymallén que nadie quiere investigar | Pachy Reynoso / MDZ

Los sobreprecios de Guaymallén que nadie quiere investigar(www.mdzol.com)

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Comprobantes perdidos, sobreprecios millonarios, familiares que se controlan entre ellos. Estos son algunos de los condimentos que componen un llamativo fallo del Tribunal de Cuentas que pese a haber un potencial perjuicio para el erario público, solo sancionó con multas a los ex responsables de la Municipalidad de Guaymallén y le pasó la pelota a Fiscalía de Estado para que investigue. Se trata de la revisión de las cuentas del ejercicio 2014, en la que detectaron serias irregularidades en la rendición por parte de la gestión de Luis Lobos. En concreto, se puso bajo la lupa el gasto de 46 millones de pesos para alquilar maquinarias.

Lo que llamó la atención de los revisores es que no existía documentación para acreditar que las máquinas alquiladas hayan prestado un servicio efectivo al municipio. Incluso, en base a la poca información que pudo recabarse, se demostró que el alquiler de máquinas tenía un sobreprecio del 16%, lo cual había llevado a pagar casi $7 millones de más.

Por estos desmanejos, que incluyen sobreprecios, perdida de documentación pública y falencias en el control de la prestación del servicio, el Tribunal de Cuentas decidió multar a varios ex funcionarios de Guaymallén. Lo cuestionable es que en lugar de formular cargos para que devuelvan el dinero de los sobreprecios ($7 millones), solo le pusieron multas a Lobos y parte de su gabinete.

Desde el órgano de control se encontraron con la inexistencia de documentación que acreditara la efectiva prestación de los servicios abonados por la contratación de alquiler de horas de camión, camionetas y máquinas por el monto de $ 45.456.883. Al requerir esa información, se encontraron con una respuesta insólita: había desaparecido.

En la respuesta que figura en el fallo 16788, los responsables del área ratifican su "voluntad de cumplir con lo requerido por ese Tribunal", pero explican que "por razones ajenas a nuestro alcance, esa intención se frustra o malogra por el hecho que los responsables de la emisión, tenencia y custodia de la misma no la conservaron, la conservaron parcialmente en algunos casos o la tiraron en otros".

Por si esto fuera poco, en base a la poca información que no se perdió, los revisores pudieron determinar que existía una diferencia entre las horas facturadas y las horas respaldadas con remitos. "Ello llevó a los auditores del Tribunal a detectar la existencia de un porcentaje de sobrefacturación de aproximadamente el 16,80% al vincular el conjunto de la documentación que se aportó", establece el fallo que resuelve sobre una pieza separada anterior.

A pesar de todo ello, y en contra de lo que habían resuelto ante casos similares en el pasado, el Tribunal de Cuentas no formuló cargos para que se devolviera el dinero. Simplemente, dejaron sin aprobar la rendición de cuentas y le patearon la pelota a Fiscalía de Estado para que intente determinar si existió un perjuicio al Estado.

"Solicitar al señor Fiscal de Estado que, en defensa del interés fiscal, se constituya en parte en los procesos judiciales pendientes y/o promueva las acciones que resulten pertinentes, para la determinación judicial de los posibles daños ocasionados al erario público y resarcimiento integral de los que fueren susceptibles de reparación", consta en el artículo 2 del fallo. 

"Si bien el Tribunal no ha podido establecer un perjuicio patrimonial para el municipio, cuya posible determinación se le encomienda a Fiscalía de Estado, si es evidente que los responsables han incurrido en procedimientos administrativos irregulares: desde el no cumplimiento de sus propios manuales de procedimientos (por ejemplo admitir vales sin las especificaciones establecidas) hasta lo más grave, que fue la falta de conservación de la documentación (vales de control horario) que daba sustento a las horas incluidas en las facturas conformadas y pagadas", justifican.

De esta manera, se cambió el criterio respecto a un fallo anterior, el 16679, en el que le formularon cargos solidarios por $747.324 a Luis Lobos y sus funcionarios. Ese fallo correspondía al ejercicio 2015 y hablaba de "vicios en la demostración ante la falta de documentos, en este caso remitos o "vales", que acreditaran la efectiva prestación de servicios".

Al ser consultado sobre este tema, el actual intendente Marcelino Iglesias señaló que en estos dos años las máquinas y camiones que ha alquilado el municipio han sido consignadas por el mismo precio que se pagó en 2014, pese a los niveles de inflación.

Familiares que se controlan

Entre los siete funcionarios que recibieron una multa de 45.000 pesos -el monto más elevado que puede poner el Tribunal- aparece la ex secretaria de Hacienda del Municipio, Irma Bruno. Su hermana es la secretaria técnica de Mario Angelini, uno de los vocales del Tribunal de Cuentas que firmaron el polémico fallo.

Si bien tanto Bruno como Lobos y otros ex funcionarios fueron multados por 45.000 pesos cada uno, entendidos en la materia deslizan que el fallo fue benévolo, teniendo en cuenta los montos de los posibles sobreprecios y la negligencia que hubo en el control de los comprobantes.