Los planes sociales recalientan la pulseada entre Macri y las organizaciones sociales

Para agrupaciones como Barrios de Pie, los cambios apuntan a "disciplinar" a quienes se sumaron al 21F. El gobierno dice que ahora la prioridad será la educación. La salida laboral, otro punto de conflicto.
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Rubén Valle

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Los planes sociales recalientan la pulseada entre Macri y las organizaciones sociales

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Los planes sociales recalientan la pulseada entre Macri y las organizaciones sociales

Los planes sociales recalientan la pulseada entre Macri y las organizaciones sociales

En un momento de innegable tensión entre organizaciones sociales, sindicatos y la gestión de Mauricio Macri, el gobierno nacional envió una señal inequívoca: habrá fuertes cambios en la política asistencial. Aunque el discurso oficial se enfoque en que ahora los beneficiarios sí o sí deberán estudiar, en realidad la principal estocada será en las arcas de estos sectores políticos con los cuales hoy está enfrentado el macrismo en pleno.

La preocupación de esos sectores también tiene ecos en Mendoza, donde Barrios de Pie (el brazo territorial de Libres del Sur, agrupación que forma parte de Cambia Mendoza) expresó su rechazo a los cambios anunciados por la ministra Carolina Stanley por considerar que a lo que apuntan es a "disciplinar" a las agrupaciones sociales.

La ministra de Desarrollo Social apela al dato duro de que "más del 60% de las personas que cobran planes sociales no terminó el colegio secundario. Nos pareció importante acompañarlos en este proceso. Cualquier empleo hoy en día pide que una persona haya terminado su secundaria".

Con ese argumento de base apuntan a que los beneficiarios de planes si quieren seguir cobrándolos deberán terminar sus estudios primarios y secundarios. Además, advierten que se extremarán los controles, tanto para que se cumplan los requisitos como para que no se despilfarren fondos.

Estos cambios impactarán fuertemente en las organizaciones sociales ya que dejarán de manejar el control de asistencia, principal herramienta de clientelismo político. El "agujero" que provocará en sus arcas preanuncia, inevitablemente, que se recaliente la pulseada con el gobierno nacional.

En su mayoría, los líderes de estas organizaciones están convencidos de que este barajar y dar nuevo representa una suerte de castigo por haber apoyado la marcha del 21F encabezada por Hugo Moyano. Para el gobierno, en realidad evitará que los beneficiarios de planes dependan de un puntero o un jefe político que valide su asistencia en una planilla, tendrán la libertad de elegir de una larga lista dónde ir a formarse.

A partir de la resolución del 14 de febrero, los beneficiarios de los planes "Argentina Trabaja" y "Ellas Hacen" se unen en uno solo que lleva por nombre "Hacemos Futuro".

Sí a la educación, ¿y el trabajo?

Para Barrios de Pie, "el Gobierno busca eliminar esa instancia de trabajo en las unidades productivas, reemplazándola con la asistencia a la Escuela. Estamos de acuerdo con la terminalidad educativa, pero no a costa de resignar el trabajo. En concreto, los recortes en asignaciones sociales son la forma de disciplinar a los Movimientos Sociales por parte del Gobierno Nacional. Les dolió la manifestación masiva del pasado 21 de febrero", denuncian en un comunicado.

No obstante, dejan en claro que "es de suma importancia que se le siga dando un presupuesto adecuado a las áreas de capacitación. Pero es primordial que esa capacitación se transforme en trabajo digno y puestos laborales concretos. En los barrios hay muchas escuelas de oficio, pero lo que falta es trabajo. Nos capacitamos, pero si la economía no incluye, eso es en vano... Entregar un subsidio sin trabajo y sin contraprestación es un error y va en la dirección contraria a una mejor sociedad".

La provincia y su enfoque integral

Lorena Meschini, directora de Economía Social y Asociatividad, asegura que en Mendoza sí está contemplado, además de la terminalidad educativa que plantea Stanley, que los beneficiarios de planes tengan un horizonte laboral factible. 

"El año pasado, la provincia firmó un convenio con la Nación para que seamos el ente ejecutor del plan 'Ellas hacen'. En el caso del "Argentina trabaja" y el "Ellas hacen", tanto para el departamento de San Martín como para el grupo trans lo único que cambiará es el nombre. No es una reconversión, no es que haya que hacer un trámite para reinscribirse. Uno absorbe al otro y solo cambia la denominación. La Dirección de Economía social es la que administra los fondos", explica la funcionaria. 

Según Meschini, desde el vamos la provincia había previsto que se priorizara la terminalidad educativa y la formación a la que refiere Stanley. "En realidad la nueva resolución afecta a las organizaciones sociales porque ellas tienen otro tipo de normativa. Pero a nosotros como provincia no nos afecta en nada porque ya habíamos contemplado la formación y la salida laboral", aclara.

Respecto de la principal crítica de Barrios de Pie, en cuanto a que no se contempla el trabajo como uno de los ejes principales de los cambios, la funcionaria asegura que sí está previsto: "No es así como lo plantean. La resolución lo establece claramente. El primer componente es la terminalidad educativa. Una persona que ha terminado la primaria ni la secundaria es muy difícil que consiga trabajo. Es una realidad. En el caso formativo, una vez que termine el convenio veremos si lo renovamos en los mismos términos o hacemos una nueva propuesta. No comparto la crítica de Barrios de Pie porque al menos aquí lo planteamos como una integralidad donde el trabajo está incluido".

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Algunos números

+ Los beneficiarios de planes son 261.000.
 + Por los planes "Argentina Trabaja" y "Ellas hacen" cobran por mes $4.750. 
 + En Mendoza, son 680 las beneficiarias de "Ellas hacen" y 24 las del grupo trans.
 + Son 250 las organizaciones sociales que reciben $12.000 al año por cada beneficiario de un plan social.
Con los cambios a implementar dejarían de recibir unos $720 millones.
El nuevo esquema también afectará a algunos municipios ya que por constituirse como entes perciben $18.000 al año por cada beneficiario.