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Los nuevos proyectos de fracking y una duda: cómo se controla

La petrolera El Trébol tiene proyectado potenciar el uso de la estimulación hidráulica. Fuera de los mitos, las dudas están en cómo se controla.
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Pablo Icardi

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Los nuevos proyectos de fracking y una duda: cómo se controla

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Los nuevos proyectos de fracking y una duda: cómo se controla

 Luego de las primeras experiencias del año pasado la empresa Phoenix (Petrolera El Trébol) pidió explorar y explotar a través del empleo del fracking otros 9 pozos verticales y el próximo semestre avanzará en el primer pozo horizontal para explotar petróleo no convencional. Todo, en el área Puesto Rojas, una antigua concesión petrolera, con pozos  semi agotados, que fue prorrogada en 2011.

Petrolera El Trébol tiene intenciones de profundizar y acelerar la explotación a través del fracking.

Puesto Rojas tiene cerca de 120 pozos petroleros que fueron explorados y explotados en distintas épocas. Ahora revive con el fracking y tiene una ventaja frente a otras zonas con ese potencial: rutas de acceso, logística y concesiones ya otorgadas. Alcanza con ver una imagen satelital del lugar para darse cuenta que hay una especie de hormiguero petrolero que bordea las rutas 40 y 222, que va hacia Las Leñas. Si el lugar tiene algún impacto por la industria petrolera, es probable que sea parte de los pasivos arrastrados desde hace décadas.

Pero en el camino apareció la resistencia a esa actividad y también surgieron dudas.

Fuera de los mensajes erróneos viralizados, las protestas y las tensiones, el debate por el uso del fracking como método de explotación petrolera tiene un eje central: quién y cómo se controla esa actividad en Mendoza. En el caso de Puesto Rojas, el by pass legal que se tomó para acelerar el proceso no generó impactos ambientales, pero sí dudas legales. Es que, como ya se informó, el Gobierno esquivó la Declaración de Impacto Ambiental que exige la ley 5961 y tomó un atajo a través de una excepción que permite el decreto reglamentario de esa norma para algunos proyectos. El tema a dilucidar es si la realización de la fractura hidráulica es un tema menor como para aceptar ese atajo. Lo cierto es que la excepción se tomó como norma en el Decreto Reglamentario firmado por Alfredo Cornejo, pues permite que los pozos petroleros que están en actividad puedan pasar a una explotación no convencional sin tener la obligación de realizar una Declaración de Impacto Ambiental y hacer, en cambio, un aviso de proyecto. En ese caso igual se necesitan informes ambientales y dictámenes técnicos, pero es una vía más corta. Y ahora el tema entró en un limbo conocido: la Suprema Corte de Mendoza, lugar al que recurrió Oikos para pedir la inconstitucionalidad de ese Decreto. Si se toma como parámetro el antecedente  de la ley 7722, puede pasar una década hasta que la Corte decida. 

Es el agua

El uso del agua es el principal cuestionamiento. Las petroleras tienen controles, pero dentro de las actividades industriales no pagan mucho por el agua. Es que el DGI toma como parámetro el volumen de agua empleado. Y, a pesar de lo que se cree, el fracking no usa mucha agua en comparación con otras actividades. Para la industria petrolera convencional el precio del agua establecido por Irrigación es de 10 pesos por cada 1000 litros. Para el fracking es el doble: 20 pesos por cada metro cúbico de agua. Para tener una idea, por cada pozo se usaron de Puesto Rojas se usaron 2500 metros cúbicos de agua. Es decir que deberían haber pagado 50 mil pesos por pozo. Pero en realidad el pago fue mucho menor, porque se usó agua de formación en gran parte. Es decir, se recicló una parte del agua que se había usado en la propia fractura. Según el informe ambiental, se preveían usar 1000 m3 de agua del río salado, próximo al sitio. 

Allí el error de enfoque, aseguran los especialistas, está en que se considera la cantidad y no el riesgo potencial. El problema del fracking es el mismo que en toda la industria petrolera: no es la cantidad de agua que usan, que es ínfima comparada con otros usos, sino qué se hace con el agua impactada y cómo reducir los riesgos. Por eso el pago del agua que usan es meramente testimonial.

Desde el Departamento General de Irrigación aseguraron, ante la consulta de MDZ, que pondrán todos los recursos necesarios en Malargue para garantizar el control y que no haya irregularidades. Pero, justamente, uno de los problemas es quién financia esos controles. "Tiene que ser la misma industria petrolera, no van a ser los regantes quienes paguen esos controles", aseguraron desde Irrigación. Además, recuerdan que un año atrás las petroleras pagaban solo $8 por cada 1000 litros de agua sin importar el método. 

En el caso de Puesto Rojas el área está en cercanías al río Salado, que es parte de la cuenca del Atuel. Es una zona de alta infiltración de agua. Las perforaciones para hacer fracking se hacen a más de 1000 metros de profundidad y los acuíferos están, según el estudio ambiental, entre los 5 y los 160 metros de profundidad. 

Los riegos detectados no están, según los mismos estudios, en la perforación sino en el uso del agua residual. 

Roles cruzados

La industria petrolera y minera en Mendoza tiene una doble entrada en el Estado. El Ministerio de Economía tiene un área de promoción de esas actividades que tiene también un rol de control. Y por el otro la Secretaría de Ambiente tiene la potestad de controlar que no haya impactos e incluso es quien autoriza o no el inicio de los procesos. En el afán de responder los cuestionamientos, algunos absurdos por cierto, el Gobierno cayó en un recurso que generó un cambio e roles: con un bajo perfil de la Dirección de Petróleo, la Secretaría de Ambiente tomó el rol de promoción de la actividad, cuando por ley su rol es el de promoción de los controles. En el Gobierno hay quienes aceptan ese error discursivo. 

Mientras tanto, las empresas que sondean iniciar actividad no convencional en Mendoza van con pies de plomo. Por ahora lo único concreto es lo de la empresa El Trébol. 

Las dudas sobre las exigencias ambientales pasan el camino elegido. Aunque la diferencia entre la Manifestación de Impacto Ambiental exigida por la ley 5961 y el "aviso de proyecto" que usaron para la actividad petrolera no son tantas en la cantidad de documentación, sí lo es en la transparencia: una exige audiencia pública y la otra no. El artículo 27 de la ley provincial de ambiente determina taxativamente que "todos los proyectos de obras o actividades capaces de modificar, directa o indirectamente el ambiente del territorio provincial, deberán obtener una declaración de impacto ambiental (D.I.A.)". Y el artículo 28 prohíbe "la autorización administrativa y/o la ejecución de actividades que no cumplan dicho recaudo" e indica que se pueden aplicar sanciones o dictar la nulidad de las actuaciones administrativas que se hubieren iniciado. 

El camino corto elegido por el Gobierno es uno de los temas que más ruido hace en la reglamentación del fracking. Ese Decreto tiene muchos puntos positivos: la exigencia de un seguro ambiental, la delimitación de zonas de exclusión, controles específicos del agua y prohibiciones que mejoran el blindaje para proteger ese recurso. 

En la estructura de control la Dirección de Protección Ambiental tiene  9 inspectores. Pero a ellos se le suma una estructura clave: el Departamento General de Irrigación, que tiene una capilaridad mucho mayor. El mecanismo de alerta de los yacimientos tiene también un problema de origen difícil de cambiar: son las propias empresas petroleras las que deben informar sobre cualquier incidente ambiental. Mientras que para calcular las regalías se logró tecnificar el mecanismo para evitar irregularidades (que podían hacerse a través de las declaraciones juradas).

Irrigación tiene una delegación en Malargüe que tiene como misión número uno el control de las actividades extractivas. En esa repartición admiten que "casi todo es nuevo" en cuanto al control de esa acticvidad. Incluso hace pocos años atrás no había especialistas entrenados en fractura hidráulica. 

Los planes de la empresa El Trébol