Las casas de la Tupac que el Estado pagará dos veces

El IPV lanzó una licitación para terminar 81 casas que eran parte del programa social que la Tupac Amaru monopolizó en Mendoza. Pero el Estado ya había transferido recursos para esas casas y ahora investigan si hubo desvío de fondos. Los avances de obra no se condicen con la cantidad de dinero entregado. Las casas costarán el triple de lo presupuestado originalmente. Quitan toda potestad política a la Tupac.

Pablo Icardi

Las casas de la Tupac que el Estado pagará dos veces

Las casas de la Tupac que el Estado pagará dos veces

Las últimas casas del programa social Integración Socio Comunitaria van a quedar en la historia por varios motivos. Uno de ellos es que se pagaron dos veces y con un precio que, sumando todo, excede largamente el espíritu original con el que fue creado el programa en 2006.

El Gobierno licitó la obra para terminar 81 casas que originalmente habían sido otorgadas a las cooperativas nucleadas bajo la Tupac Amaru. Cada casa costará casi 900 mil pesos más lo que se calcule por el aumento de costos desde que se inicie hasta que se termine la obra. Pero es la segunda vez que el Estado destina recursos para esos barrios y ahora el presupuesto triplica lo que originalmente costaban las viviendas. Pero además la duda está en cuánta plata se perdió en el camino, pues ya se habían realizado al menos dos desembolsos para la construcción de las casas y el avance de las obras era mucho menor al que debían tener.

Los barrios Las Violetas, Loteo La Pega y Villa Tulumaya que licitó el IPV estaban dentro del programa Integración Socio Comunitaria y eran parte de uno de los planes más grandes de los asignados a la Tupac Amaru. Incluía la construcción de 150 casas y un presupuesto de $ 56.862.700. Para ello se firmó un convenio que tiene la rúbrica del “bolsero” José López y se armaron los “ACU” N° 2226 y 2227, firmados en diciembre del 2014. Ese acuerdo incluía recursos para todo: la construcción, la mano de obra, un subsidio para herramientas y útiles de trabajo,  la compra de los libros contables y hasta 6 mil pesos para el cartel de la obra, con la obligación del sello de Cristina Fernández, la entonces presidenta.

Estaban involucradas 10 cooperativas y los acuerdos los firmaron, además, el subsecretario de Desarrollo Urbano Germán Nivello, el titular del IPV Omar Parisi y el intendente de Lavalle Roberto Righi. Para ello se pagó el primer anticipo, del 25% del total de las obras por $ 14.189.175  y el subsidio completo de $106.000. Pero hubo tres desembolsos en total por $14 millones de pesos, pero las casas nunca llegaron al 25% de obra. Ahora el Estado pagará 69.900.620 para retomar las obras y terminar las casas. Según la revisión del Tribunal de Cuentas, las obras tenían una avance de entre el  11,22% y el 17,20%. Las obras debían estar terminadas en marzo del 2016. Ahora estarán listas a fines de 2019. La otra clave es que el IPV desadjudicó el programa a las cooperativas de la Tupac y con esa decisión le sacó no solo el manejo financiero del programa, sino la extraña potestad que le había dado el IPV para adjudicar las casas. Justamente esa era una de las principales irregularidades políticas del sistema.

La Tupac, que no tenía existencia legal real, era quien designaba los adjudicatarios de las casas. Y había un acuerdo para que la lista se conociera recién cuando las casas estuvieran al 90 por ciento de su ejecución. Eso permitía mantener la supuesta extorsión (que es motivo de investigación judicial) para que los cooperativistas participaran de las actividades políticas que eran condición para luego tener la casa.

Con el cambio de gobierno hubo un bloqueo a algunas trasferencias a las cooperativas de la Tupac porque justamente se certificó que no había avances  en las obras.  Eso motivó una serie de reclamos en la puerta del IPV.

Según las constancias bancarias, hubo al menos tres transferencias de 14 millones de pesos que se depositaron en la cuenta de la sucursal Plaza de Mayo del Banco Nación que tenían como destino la construcción de esas casas. Ahora la justicia investiga cuántos de esos recursos fueron efectivamante a parar a las obras, cuánto se desvió y a dónde fueron a parar los recursos.

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