La licitación del transporte público de pasajeros

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José Luis Ramón

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La licitación del transporte público de pasajeros

La licitación del transporte público de pasajeros

La licitación del transporte público de pasajeros

La licitación del transporte público de pasajeros

 Primera parte

En estos días, con todo el fragor exitoso de los Gobernantes oficialistas; se viene gestando la organización del transporte público para los próximos diez (10) años; o dicho en términos actuales el nuevo sistema de movilidad para la provincia de Mendoza.

Los funcionarios del Gobernador saliente Perez, y del actual Gobernador Cornejo; ambos por igual, están sospechados por los ciudadanos comunes de cuidar el interés económico de las Empresas de Transporte público; tan pero tan bién cuidados, que los han hecho y lo hacen, al borde de actos, al menos hasta aquí sospechados de corruptos. Veremos que conclusiones sacará la Fiscalía de Estado.

Cuando desde el Estado se apresta a organizar la prestación de cualquiera de los servicios públicos, especialmente del transporte; se trata de un servicio, que afecta el diario transitar de más de la mitad de los ciudadanos que habitamos los centros urbanos, sub urbanos y lejanos de la provincia. Se trata ni más ni menos que del traslado, de los trabajadores de la salud, de la educación, de la seguridad, el comercio, los turistas; en fin; de los trabajadores, todos, y de los muchachos que concurren a ser educados, nada más y nada menos, que "el desarrollo del futuro" el "motor de desarrollo".

Cada vez, que surge el debate sobre los servicios públicos; hay un primer concepto que deben comprender en forma cabal; sobre todo los funcionarios del Estado; y es el hecho de que los "dueños" del servicio público somos los Ciudadanos; que a través de mandatos constitucionales, le hemos delegado al Estado, por ende, a los señores que elegimos para gobernar, la disposición y administración de los mismos.

Cuando se puso en la letra de la Ley, de que trataba; este tema de los servicios públicos; se les indicó claramente a los señores encargados de administrar y disponer, que los servicios públicos, deben ser prestados en forma universal, continua e ininterrumpida; sin pretexto, de ninguna naturaleza atendible para obviar cualquiera de estas imposiciones; porque de ello resulta la posibilidad de un progreso organizado de la sociedad.

El carácter UNIVERSAL se desprende de la idea, de que todos los ciudadanos, tenemos el derecho a ser transportados, aún, en las condiciones más desfavorables; y el administrador, en este caso el Estado, debe proveer, todos y cada uno de los medios necesarios para su prestación.

Ahora bién, fruto de las disquisiciones de los conceptos de la "política"; en oportunidades de la historia, quienes tienen la responsabilidad de administrar y disponer del servicio; han entendido en ocasiones; que el mismo, debe estar el 100% "en manos del Estado" la prestación; otras, también por cuestiones de ideología y/o conveniencia u oportunidad, se ha considerado necesario, "delegar" la prestación, en organizaciones empresarias privadas, que asumen esta obligación de prestar el servicio a los ciudadanos en forma Universal, continua e ininterrumpida. Pero, guarda, siempre la responsabilidad, aunque delegue la prestación es del Estado.

En el segundo estadio; el de la delegación en manos privadas, ante la tamaña tarea de controlar en resguardo de los ciudadanos; se crearon, en las décadas, llamadas de la privatización, los Entes de Control, encargados de velar por estos principios de la constitución que obligan a prestar el servicio en forma universal, y cuidando celosamente el interés de los ciudadanos que utilizan el servicio.

El Gobernador Cornejo, y sus funcionarios de Servicios Públicos, están desobedeciendo una orden de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza en el expediente: CUIJ: 13-03840662-5() "PROTECTORA ASOCIACION CIVIL DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR C/GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE MENDOZA P/ ACCION PROCESAL ADMINISTRATIVA" *103883258*.

Es tan completo el aporte hecho en esa causa judicial, que se puede comprender cabalmente, la manipulación en favor del pequeño grupo de empresas que prestan el servicio de transporte, protegidos por los funcionarios de gobierno.

http://telegra.ph/Fallo-SCJM-conden...

https://docs.google.com/document/d/...

El único motivo por el que los funcionarios no quieren poner en marcha el Ente de Control, es porque quieren favorecer abiertamente al "pequeño grupo de proveedores del servicio de transporte público, que atados a la teta de funcionarios del Estado, están obteniendo monstruosas ganancias en perjuicio de los usuarios". Aun no han explicado los pormenores de la Licitación de la Terminal de ómnibus a empresas sospechadas de amigos. Es vergonzoso.

Estas ideas del imaginario de la ciencia política; jamás deben poner en juego el origen de las delegaciones que hemos hecho los ciudadanos, en favor de lo que se llama ESTADO. Siempre estaremos presentes en el reclamo por la organización correcta de la prestación del servicio público.

También por mandato de la constitución (Art. 42 de la CN), sabiamente; se exige al Estado; que debe verificar, el cuidado por el interés económico de los ciudadanos; el derecho a la información adecuada y veraz; y la transparencia gubernamental. Por ello es, que en las oportunidades que el Estado, por esas cuestiones de la política, resuelve delegar en los empresarios la prestación, es inevitable, que los Ciudadanos, tengamos el rol de ser guardianes de las decisiones que se tomen. Y créanme, todo esto es posible. En atención a estos principios, se impone "per se", el reconocimiento necesario de derechos a la participación ciudadana.

Y en la medida, que los ciudadanos; en los órganos de control, en las audiencias públicas, en los órganos consultivos; en fin, en cada uno de los procesos de elaboración de los planes estratégicos, las modificaciones parciales del servicio, el establecimiento de las tarifas, sus modificaciones, los planes de inversión; y todas las medidas que afecten el interés y cuidado de la economía del Ciudadano; deben ser hechos a través de los canales de participación; que créanme, son muchos. Bién, si no quieren que los ciudadanos participemos; adelanto desde ya la sospecha de corrupción que debe ser investigada.

Puestos en marcha, estos conceptos; vitales, para entender la idea de reconocimiento de los derechos ciudadanos; y en miras de la intención del Estado de delegar, en Empresas privadas la prestación del servicio público de transporte, hoy de movilidad; antes de comenzar el Plan, se debe poner en marcha el Ente de control, que permitirá garantizar la participación ciudadana, de la manera más pura que sea posible. Porqué el Gobernador no cumple el fallo de la Corte?. A quién protege?

Podrán ser decisiones muy "legales" las del Gobernador; pero en el fondo, para nosotros "Los ciudadanos", serán "ilegítimas"; y al borde de actos sospechados de corrupción.

Y créanme, de seguir actuando así les daremos un mensaje muy claro, que continuará en los órganos de investigación administrativo y de la Justicia; y por supuesto en las urnas.

 Transporte público - Una cuestión de Estado - Falta de transparencia y de información pública - Sospecha legítima de corrupción 

Segunda parte

La concreta propuesta de participación Ciudadana

Previo a la Licitación del servicio público de transporte para los próximos 10 (diez) años; y la llamada a Licitación de la Estación Terminal de Ómnibus, para los próximos 20 (veinte) años; se debió haber puesto en funcionamiento el Ente Regulador del Transporte de Mendoza, a fin de que ejerza las funciones dispuestas por la Ley 7.412, su decreto reglamentario Nº 162. Y por sobre todas las cosas, la orden impartida por la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, en la Sentencia firme de fecha 30-10-2017 en los autos CUIJ: 13-03840662-5() "Protectora asociación civil de defensa del consumidor c/ Gobierno de Mendoza p/ A.P.A." *103883258*.

El Gobernador de la provincia debió:

Haber dado participación de todas las maneras disponibles a las Asociaciones civiles de organización ciudadana. Haber dado a publicidad a la recolección de los datos y estudios que se realicen para dar base técnica, económica, social y legal a las nuevas licitaciones y/o concesiones. Haber convocado a un cronograma de Audiencias Públicas, en forma amplia, con tiempo suficiente, y convocatorias directas, en Barrios, departamentos y sectores de las distintas formas de organización territorial.

Debió..., debió..., a fin de cumplir adecuadamente la Constitución Nacional en su art. 42º, Ley de Regulación de Transporte (7.412) el art. 3º Inc. 1), y proteger los intereses económicos de los usuarios, promover su participación en la fiscalización y control del sistema; garantizar, en todas sus formas, que se escuche sus posiciones en torno al servicio que todos los días usan y por lo cual tienen mucho que decir, sobre: Evitar las negociaciones entre el Gobierno, Empresarios, Sindicatos, sin la debida participación de los Usuarios para lograr un consenso integral fin de evitar los conflictos de intereses para las nuevas concesiones y re definiciones del servicio.

Ciudadanos de "Primera" y ciudadanos de "Segunda" ?

No debió permitir la discriminación a los usuarios de menores recursos o de zonas desfavorables, que se le restrinjan los recorridos por ser barrios inseguros o por la falta de conveniencia económica. La participación de los usuarios en el momento de la formulación política, siempre, va asegurar que se brinde mayor legitimación y consenso. Evita el reemplazo intempestivo de recorridos que alteren la vida cotidiana, asegurando el respeto al desplazamiento con otros medios de movilidad alternativo como es a pié o en bicicleta, limitando la circulación de autos particulares.

Imaginemos, una sola de las últimas toma de decisiones efectuadas por los redactores de la nueva Ley de tránsito de la provincia de Mendoza, donde imponen la obligación de que los ciclistas lleven casco y luces, bajo pena de secuestrar la bicicleta. Los usuarios no participamos de esta decisión. Nadie advirtió (de los redactores) que el 80% de las personas que utilizan bicicleta, la utilizan para el trabajo, con ingresos muy bajos. Mientras que los ciclistas que utilizan este medio de movilidad para distracción, ciclovías y otros usos recreativos, lo son tan solo el 20%. No se consultó a ninguna de las múltiples asociaciones que estudian científicamente como es este medio de movilidad. Por citar un solo ejemplo podemos indicar la Asociación Pro bici http://www.probici.com.ar/.

La prioridad, de los Usuarios o la de las Empresas ?

Se debiera asegurar que las frecuencias sean hechas en función a los intereses de los usuarios y no a la conveniencia económica de las empresas; asegurando un menor tiempo de viaje, en base a corredores exclusivos para el transporte público que permiten mayor cantidad de viajes, mayor cantidad de pasajeros transportados, con las mismas unidades, permitiendo mayor ahorro de infraestructura, en gastos y seguridad del pasajero.

Se debe garantizar los sistemas de pago del boleto, para permitir el libre acceso y disponibilidad "absoluta" en los recorridos del transporte. Ampliar la información a los usuarios, sobre recorridos, cuadros tarifarios, planos, paradas inteligentes, horarios. Lograr una retroalimentación mediante consultas dinámicas y encuestas para obtener indicadores del servicio y la de satisfacción del usuario.

El Subsidio del transporte. A las Empresas o a los Usuarios?

Tarjeta S.U.B.E. Capital Federal y gran Buenos Aires - Subsidio a los pasajeros

Se debe revertir el sistema de pago por de subsidio a Empresarios y brindar el subsidio a los usuarios que lo requieran por condiciones socio-económicas desfavorables o su lejanía a los centros urbanos.

Se debe garantizare mínimos de calidad en las unidades para que se brinde un servicio "digno", en confort, higiene y seguridad. Se debe dar transparencia a los costos "reales" y evitar que se produzca un enriquecimiento con ganancias espúrea de las empresas. Consolidar tarifas únicas, sociales, multitrayecto, y evitar cualquier nuevo aumento, que no cumpla con los requisitos legales, con información adecuada para los usuarios.

Además, concretamente propongo:

Publicidad: Dar publicidad "inmediata e irrestricta" a la recolección de los datos y estudios que se realicen para dar base técnica, económica, social y legal a las nuevas licitaciones y/o concesiones, a fin que las Asociaciones de Consumidores, Universidades, y cualquier particular interesado en su estudio y dar opiniones y posiciones "sólidas" al respecto cuente con la información pública adecuada para hacerla.

Audiencia Pública: En atención a que las modificaciones en el régimen actual del transporte público, por nuevas concesiones y/o licitaciones por plazos decenales, con nuevos cuadros tarifarios, modificaciones substanciales en recorridos, tipos de unidades, hace obligatorio y necesario el llamado a una Audiencia Pública, que desde ya, como los adelantáramos en innumerables oportunidades, la misma sea convocada, luego de haber realizado audiencias en los Barrios y departamentos de toda la provincia; que asegure a todos los sectores; con el tiempo suficiente, el aporte suficiente de la información necesaria; la realización previa y preparatoria; como ya lo venimos solicitando, conforme el art. 42 y 43 de la Ley 7.412. En definitiva, las asociaciones de ciudadanos y usuarios, deben ser escuchadas porque son las voces de los que realmente pagan, usan y son dueños del servicio.

Reitero el requerimiento "urgente" en poner en funcionamiento al Ente Provincial Regulador del Transporte Público de Pasajeros, conforme lo ha ordenado la Corte de Justicia provincial. Al no hacerlo, queda en evidencia los intereses económicos que defiende el Gobernador, muy lejos de proteger los del usuario.

La Ley 7412 (B.O. 09/09/2005) en su artículo 1º, tiene por objeto la Administración, Planificación y regulación del transporte público y el control de la operación del sistema, como servicio público esencial para el desarrollo humano y económico. Son innumerables los requerimientos hechos, para que los funcionarios de Transporte, pongan en funcionamiento este organismo: en Abril del año 2013 y en Julio del año 2014, y febrero y marzo de 2.015; y finalmente, debió llegar a la Suprema Corte de Justicia, en los autos N° CUIJ: 13-03840662-5, caratulados:-"Protectora Asociación civil de defensa del consumidor c/ Gobierno de la provincia de Mendoza p/ Acción procesal administrativa" *103883258*;

http://telegra.ph/Fallo-SCJM-conden...

https://docs.google.com/document/d/...

Haber licitado la Terminal de ómnibus y licitar el servicio de transporte con la negativa "expresa" de no dar cumplimiento con la ley y la Sentencia firme de la Suprema Corte de Justicia; a que el Gobernador, ponga en funcionamiento dicho Ente, desprotege los intereses de los ciudadanos y usuarios, limita la participación en la fiscalización y control, que ha atentado, en el buen funcionamiento del sistema de transporte público. Y sobre todas las cosas; con una alta concentración de Empresas, con alta rentabilidad, basada en los bolsillos de los usuarios y contribuyentes......

A quienes defienden los funcionarios de los Gobernadores Pérez y Cornejo. Vaya que hay preguntas sin responder. ¿Será más corrupción?.