Política Sólo tiene media sanción en la Legislatura

La ley "maldita": lleva dieciocho años de espera y sólo tiene media sanción

Se viene el foro más importante de gobierno abierto y Mendoza todavía no logra aprobar la ley de Acceso a la Información Pública, una herramienta fundamental para la transparencia y modernización del Estado.
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Rubén Valle

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La ley "maldita": lleva dieciocho años de espera y sólo tiene media sanción(Pachy Reynoso / MDZ)

La ley "maldita": lleva dieciocho años de espera y sólo tiene media sanción | Pachy Reynoso / MDZ

La ley "maldita": lleva dieciocho años de espera y sólo tiene media sanción(Pachy Reynoso / MDZ)

La ley "maldita": lleva dieciocho años de espera y sólo tiene media sanción | Pachy Reynoso / MDZ

Hasta el menos avisado ya tiene claro de qué hablamos cuando hablamos de posverdad, fake news o manipulación informativa. Ante este paisaje tan tóxico como recurrente, los datos se imponen como antídotos necesarios para diferenciar lo real del bolazo liso y llano. Pero también es imprescidible contar con leyes que garanticen que la información "sensible", la que nos compete a todos los ciudadanos, no quede ex profeso bajo siete llaves. 

Una de esas normas fundamentales para evitar que quienes están en el poder saquen los pies del plato es la Ley de Acceso a la Información Pública. Que ya acumule 18 años de idas, vueltas y palos en el camino habla a las claras de que se trata de una lupa incómoda para todo el arco político. 

Desde el 2000, cuando el diputado Fernando Armagnague (UCR) presentó el primer proyecto, hubo varias iniciativas similares de Fiscal, el PD, el PJ, el ARI, incluso hasta el gobernador Francisco Pérez envió el suyo. Más cerca en el tiempo, y tras un arduo trabajo en comisiones que contó con el aporte de organizaciones ciudadanas y especialistas en la materia, la propuesta de los senadores Ernesto Mancinelli y Daniela García tuvo humo blanco en la Cámara Alta y pasó a Diputados para su sanción definitiva. Sin embargo, quedó frizada, sin que oficialistas ni opositores mostraran apuro por reflotar la discusión.

Hasta ahora, porque con la confirmación de que Mendoza será sede en mayo de #ArgentinaAbierta, un espacio que pone en el centro del debate "transparencia, gobierno abierto y participación ciudadana", la aprobación de la ley se impone como necesaria para ubicar a la provincia en línea directa con la modernización del Estado que impulsa fuertemente la Nación. 

Sería paradójico que el tema central de ese foro sea el gobierno abierto y que en la provincia anfitriona una ley que va en ese sentido continúe cajoneada. Quien no tiene dudas de que debería estar aprobada antes de este importante evento es la vicegobernadora Laura Montero: "A mi criterio, es necesario sacarla antes del Foro #Argentina Abierto. Estamos trabajando para que así sea. Mendoza debe tener las leyes de Acceso a la información y Ética pública implementadas. No se puede seguir dilatando su sanción".

Ahora que se instaló la polémica acerca de quién será el responsable de dirigir la Oficina de Ética Pública, resurge el planteo de por qué no se sanciona la postergada ley si en su momento había acuerdo político para que avanzara. Las entidades ciudadanas que reclaman "idoneidad e independencia" a quien ocupe ese nuevo espacio advierten acerca de la importancia de este rol porque esta dependencia será la responsable de su implementación y cumplimiento.

Consagrado en la Constitución nacional de 1994. el acceso a la información pública es un derecho que debe garantizar al ciudadano y a la prensa poder controlar los actos de gobierno.

Abrir, pero en serio

Para el proyecto avalado por el Senado, "información pública es toda constancia producida por el Estado, en documentos escritos, fotográficos, grabaciones, soporte magnético, digital o en cualquier otro formato, cuya producción haya sido financiada total o parcialmente por el erario público, que obre en su poder o que sirva de base para una decisión de naturaleza administrativa".

Lo que se busca es que finalmente cualquier mendocino pueda tener acceso a expedientes de la administración pública provincial, cotejar la evolución patrimonial de los funcionarios, conocer las licencias de los jueces, los fallos, la producción de los legisladores, tener precisiones sobre las licitaciones, saber cuáles son las empresas adjudicatarias, etcétera.

Es cierto también que con la política de datos abiertos del ministerio de Modernización hay información que lentamente empieza a visibilizarse, pero todavía sigue siendo muy selectiva, de no fácil comprensión para el lego, y no precisamente la más requerida por la prensa para una investigación periodística a fondo. 

En un mundo hiperconectado como el de hoy es casi imposible para un gobierno esconder información por un tiempo considerable. Por eso lo más sano, lo que marca el espíritu de la ley que espera sanción en Diputados es que no hay excusas válidas para escamotear aquello que es patrimonio de todos.