La inseguridad más temible: la del bolsillo

La inflación obró el milagro: destronó a la seguridad como la principal preocupación y logró que políticos, dirigentes sociales y ciudadanos de a pie coincidan en que es el principal escollo a superar.
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Rubén Valle

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Lo dijo acá a la vuelta la consultora Martha Reale, pero también lo vocean las encuestas de Management & Fit, Córdoba & Asociados, Synopsis, Opinaia, Analogías, Agora, y Universidad San Andrés, entre otras, y hasta el verdulero de la esquina: la inflación llegó al podio de las preocupaciones de los argentinos.

Tarifazos -o sinceramiento, como guste el lector- de por medio, la inflación logró destronar al rubro que por mucho tiempo encabezó todos los ránkings: la inseguridad. Lógicamente, no es que el delito haya dejado de importar o que uno olvide las habituales estrategias de autoprotección contra los chorros, pero los números mandan.

Hoy la inseguridad del bolsillo es la que enciende la alerta y así lo traducen con igual contundencia las encuestas y la calle. Sin elecciones de por medio, aquí no hay candidatos políticos que inclinen la balanza de los sondeos. Hasta las propias pesquisas del gobierno dan resultados similares.

Según la reciente encuesta de Reale-Dalla Torre, la inflación preocupa al 72% de los mendocinos contra un 60% que sigue poniendo a la seguridad al tope de sus desvelos.

Esta creciente inquietud por la inflación indudablemente va de la mano del aumento de las tarifas de la luz, el gas y el agua. A la zaga marchan las recurrentes subas de combustibles y de bienes y servicios.

Tal es el clamor popular por las tarifas en constante ascenso que hasta el gobernador Cornejo tuvo que hacerse eco y ponerse al frente de un reclamo ante la Nación; algo que en otros tiempos solía ser una tarea casi en solitario de Protectora. Tan protagónico fue el rol de esa ONG, que terminó catapultando a sus principales referentes, José Luis Ramón y Mario Vadillo, al Congreso y a la legislatura provincial.

Al pataleo de Cornejo y su decisión de adherir al proyecto de Lilita Carrió, que le pidió un informe al jefe de Gabinete, Marcos Peña, respecto del "método de ajuste de las tarifas de los servicios públicos", se le suman los proyectos de la oposición. Entre estos últimos, el más resonante -por razones obvias- fue el de Cristina Fernández, que fue acompañado entre otros legisladores por la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti. 

La expresidenta propuso suspender los aumentos en las tarifas de electricidad, gas y agua para usuarios residenciales, pymes y cooperativas de trabajo y retrotraer los costos al 1 de enero de 2017. 

Sin ironía de por medio, la propuesta de la exmandataria no incluía autocrítica ni explicación fundada de por qué durante tantos años no hubo actualización de tarifas, lo que inevitablemente devino en este inquietante escenario.  

En el mismo sentido, también hubo iniciativas del FIT, que planteó la necesidad de declarar la "emergencia tarifaria", y del Partido Intransigente, fuerza que sigue agitando reclamos "anti tarifazos" en varios departamentos de la provincia. 

Hasta el ministro de Economía, Martín Kerchner, sinceró lo que antes se mascullaba por lo bajo y que ahora lleva a cierto sector del oficialismo a despegarse de medidas macro que inevitablemente los alcanza con su fuerza expansiva. "Todos estamos de acuerdo en que las tarifas eran insostenibles. Lo que no estamos de acuerdo es en algunos criterios de aplicación. No quiere decir que no haya que ordenar las tarifas, pero sí hacerlo más escalonadamente, más suavemente", dijo en declaraciones radiales el polifuncionario. 

Para Mariel Fornoni, directora de Management & Fit, Mariel Fornoni, la preocupación de los argentinos por los temas económicos viene potenciándose desde fines del año pasado. La inflación y el desempleo ocupan con contundencia los primeros puestos.

Aunque el gobierno nacional no ignora estos datos de la realidad, mantiene firme su expectativa de que la inflación anual no superará el 15%. Pese a que el primer trimestre arrancó en alza y ya acumula un 6,7%, el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, insiste en ver el vaso medio lleno: "Vamos a ir en el sendero de la baja, es el desafío que tenemos... Sin duda las subas de tarifas en servicios públicos, el crecimiento el precio del combustible a nivel internacional, la sequía y el crecimiento de los ingresos brutos impactaron en la suba de precios, pero se trata de factores que no son permanentes".   

En los sondeos, no son pocos los argentinos que reconocen que durante 12 años las tarifas estuvieron "planchadas" y que tampoco hubo inversiones en los servicios públicos esenciales. Sin embargo consideran que los aumentos no fueron graduales sino que los perciben como un shock. En esto, coinciden con igual énfasis analistas, encuestados y cualquier hijo de vecino en la cola del Rapipago. Pareciera ser que no hay grieta que sea funcional al mentado sinceramiento.

"La gente juzga la economía no por sus números, sino por el acceso que tiene a determinadas cosas. Y en esos términos, está muy desbalanceado el tema", resume la consultora porteña.