La desaparición de Santiago: la verdad en segundo plano

A un mes de su desaparición, no hay certezas sobre lo que le ocurrió a Santiago Maldonado. El Estado es el principal responsable. Pero las pujas políticas nublan la búsqueda de la verdad. El riesgo de caer en el racismo por la estigmatización de los mapuches.
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Pablo Icardi

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La desaparición de Santiago: la verdad en segundo plano(TN)

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El debate político por la desaparición de Santiago Maldonado tensa la cuerda entre dos opciones en las que la búsqueda de la verdad parece un objetivo secundario. El Gobierno nacional, sobre todo de la ministra Patricia Bullrich, se esfuerza más por justificar que las fuerzas de seguridad no tuvieron que ver con el hecho, que en la búsqueda misma o en la investigación interna a Gendarmería. La oposición política también tomó un camino similar en cuanto a lograr un objetivo político: adjudicar la desaparición del joven platense a una decisión del Gobierno.

En ninguno de los casos las intenciones parecen ingenuas, pero quien más tiene que perder en ese camino es el Gobierno. La falta de pruebas conspira para hacer más sólida cualquier teoría. Pero el Estado es garante de los derechos y como tal debe ser el primero en reclamar y mirarse para adentro.

Calificar al hecho como desaparición forzada de persona no implica necesariamente que, como se sugiere, haya un "plan sistemático" craneado desde Casa Rosada; ni siquiera que los gendarmes supuestamente implicados hayan respondido a una orden de sus superiores. Pero el poder que el Estado le otorga a un agente de seguridad (graficado con las armas) también los carga de una responsabilidad extra Argentina adhiere a la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. Por eso se considera en esa categoría delictual a "la privación de la libertad a una o más personas cualquiera que fuere su forma cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado". Es decir, si a Maldonado lo secuestró un gendarme o un policía, es desaparición forzada sin necesidad de que haya tenido autorización para ello de parte del Gobierno.

Ante la sospecha de que hubo excesos en la represión de los gendarmes la reacción del Gobierno fue defender el accionar de esa fuerza de seguridad y dar el debate discursivo. Esa impronta puede conspirar contra ellos mismos. Presumir la inocencia de una fuerza de seguridad en un caso de sospecha de desaparición forzada es mucho más riesgoso que la tesis contraria. Se trata de fuerzas de seguridad que, en con madurez democrática, deben responder a las órdenes y subordinarse a la autoridad política civil. Investigarla y ponerla en crisis podría ser una muestra de autoridad, aún a riesgo de que se confirme otra teoría en la que Gendarmería no tenga nada que ver.

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Sobran antecedentes sobre casos de desaparición forzada de personas ocurridos durante la democracia. El caso de Julio López es el más reciente. Pero Mendoza es protagonista de varias historias que sentaron precedentes. Ocurrió con la desaparición de Cristian Guardati y también con los casos de Garrido y Baigorria. En ambos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos calificó a los hechos como desaparición forzada de persona. Habían actuado agentes estatales (la policía) y las víctimas fueron secuestradas, sin tener acceso al cumplimiento de ninguno de sus derechos. El Estado argentino reconoció la culpa y debió indemnizar a los familiares.

En abril del 1990 Garrido y Baigorria desaparecieron a manos de la policía de Mendoza. El hecho se produjo enel Parque San Martín, frente a la Escuela Hogar Eva Perón. Del operativo participaron por lo menos cuatro policías y dos móviles. En 1998 el Estado provincial reconoció formalmente su culpa en la desaparición forzada del obrero Paulo Cristian Guardati (21), ocurrida en 1992. Guardati fue visto por última vez la madrugada del 24 de mayo de 1992 a la salida de un baile, cuando fue perseguido y detenido por un policía de civil. La Nación debió indemnizar a la familia. En ambos casos se reconoció que hubo desaparición forzada y que fueron fuerzas de seguridad las responsables.

La oposición, liderada por el kirchnerismo, hace su juego y también desalienta el debate serio y la unión por un objetivo: la verdad y que Santiago aparezca. Lo hacen comparando a un gobierno legítimo (y legitimado recientemente) por la ciudadanía y quien los sucedió en el Gobierno tras 12 años. Una década en la que hubo represión encubierta, desapariciones forzadas y encubrimiento  con acusados de delitos de lesa humanidad.

Hay temas que en Argentina son causa común y así quedó claro. Una persona no puede desaparecer como ocurre y parece increíble que el Estado no sepa dar respuestas. El caso de Santiago es particular porque, como dijimos, hay una fuerza de seguridad entre los sospechosos. Lo más lamentable es que oficialismo y oposición ponderen sus propios intereses y dejen la búsqueda de la verdad queda en segundo plano.

El gentilicio

El otro riesgo que aparece con el abordaje fanatizado del caso Maldonado es el uso del gentilicio mapuche y su asociación directa con la violencia, el terrorismo y otros males. Incluso en muchos de esos mensajes se siembra una semilla racista preocupante.

El RAM es una organización pero no representa a la comunidad mapuche.

En Mendoza ese pueblo tiene presencia y también debe enfrentar conflictos por la posesión de la tierra.

Además de los pueblos originarios de la zona, hubo también un arraigo forzado: Mendoza fue destino de muchos prisioneros tomados por quienes condujeron la campaña del desierto a fines del siglo XIX y que en la provincia fueron usados como mano de obra esclava. Antes, el Sur de Mendoza también era tomado como "territorio de los salvajes", como figura en el mapa de la Confederación Argentina.

Según el Censo Nacional de pueblos originarios realizado en 2010 por el INDEC, el 2,4% de la población de Mendoza se reconoce indígena. En total son 41.026 personas. El 48,7% de esos 41.026 habitantes se reconoció perteneciente al pueblo Huarpe, el 14,9% al Mapuche, el 10,7% al Quechua y el 4,6 al Kolla. La comunidad mapuche está formada en Mendoza por 6.132 personas. La mayoría está radicado en zonas urbanas y cerca de 1400 viven en zonas rurales, principalmente en puestos caprinos.

La tensión por las tierras está presente, pero lo encaran por caminos muy distintos. La Suprema Corte, por ejemplo, asesora a la comunidad y también tienen otros vínculos institucionales con entidades estatales, como el INTA. Los mapuches mendocinos tienen arraigada la cultura de campo y una tradición: la transhumancia. Conservan la tradición de la veraneada en la Cordillera y ese formato de producción caprina es un sello propio.

Muchas de las tierras mendocinas donde están asentados los puesteros mapuches no tuvieron valor comercial por décadas, pero ese plano cambia con los proyectos mineros, petroleros y hasta con los proyectos hidroeléctricos. La propiedad de los yacimientos de recursos naturales, como los petroleros y mineros, no tienen relación con la propiedad de la tierra. Pero para desarrollarlos sí es necesario que el superficiario y el titular de las concesiones acuerden. Allí aparecen los conflictos porque la comunidad mapuche aún no tiene la posesión legal de muchas de esas tierras y hay otras personas y empresas que disputan legalmente las propiedades. 

El próximo 23 de noviembre vence la prórroga de la ley que frenaba los desalojos de las comunidades originarias y por eso la tensión va en aumento en distintas zonas del país.