La amarga Navidad de Nélida

Tras casi un año de parate la causa mas grande de corrupción que se ventila en Mendoza toma otro impulso. Primero fue una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el viernes se conoció un fallo de la Suprema Corte mendocina, ambos avalando lo actuado por la fiscal Gabriela Chaves. El miércoles comenzará a resolverse si Nélida Rojas y el resto de los líderes de la Tupac volverán a prisión, mientras se avanza en la investigación por los delitos de asociación ilícita y fraude al Estado en el manejo que la organización kirchnerista hizo de más de $800 millones destinados a la construcción de viviendas sociales.

REDACCIÓN MDZ ONLINE

La amarga Navidad de Nélida

Tras varios meses de parate, la fiscal Gabriela Chaves sintió finalmente el viernes que la causa que impulsó contra la Tupac en Mendoza podría llegar a tener otro destino.

La Suprema Corte de Mendoza anuló el fallo que había dejado en libertad y casi exculpados a Nélida Rojas y a toda la cúpula de la organización que manejó centenares de millones para la construcción de viviendas sociales, después de aceptar la casación de la fiscal en contra de la 8va Cámara del Crimen que había anulado tanto la acusación de asociación ilícita como las prisiones preventivas de los acusados.

Los jueces de la Sala que integraron José Valerio, Pedro Llorente y Julio Gómez fallaron apelando a un argumento básico: sostuvieron que existieron vicios en la fundamentación de lo dispuesto por los camaristas.

El fallo se conoció el viernes y las fiestas navideñas le pusieron un paréntesis al futuro de Rojas y al de su familia, que se comenzará a resolver a partir del miércoles.

Tras la resolución de la Corte los fiscales que participan de la causa entienden que ahora, en una nueva instancia que se llevará adelante en el Segundo Tribunal Penal Colegiado, se resolverá el pedido de Chaves que respaldó en su momento una jueza de Garantías, María Cristina Pietrasanta, para que Rojas esté presa mientras sigue su curso la pesquisa.

El Gobierno tiene el convencimiento de que, con la sentencia de la Corte, cobra vigencia el auto de prisión preventiva ya dictado por Pietrasanta sin necesidad de que ese pedido pase por una nueva audiencia.

Por lo tanto, entienden, la Justicia debería arrestar a Rojas nuevamente sin esperar que en una nueva audiencia y ante un nuevo tribunal la cuestión quede decidida. Luego de las Fiestas, la estrategia judicial empezará a develarse.

La causa judicial en contra de la Tupac en Mendoza estuvo prácticamente casi un año congelada, más allá de que se siguió trabajando en algunos temas puntuales, porque las acusaciones más importantes (asociación ilícita y la investigación por lavado de activos y fraude a la administración publica) se debatieron en sendos recursos presentados tanto en la Suprema Corte de Justicia de la provincia como en la Corte Suprema de la Nación, respectivamente. Los dos máximos tribunales fueron avalando lo que quería la fiscal mendocina.

Con el segundo planteo, lo que se decidió en su momento fue sacar una compulsa a la Justicia Federal para despejar una duda: si avanzar por el lado del lavado de dinero, aún con el riesgo de que sea considerado un delito sujeto de investigación de la Justicia Federal. El debate en la Procuración de Alejandro Gullé fue entre quienes sostenían que, si el delito precedente es de órbita provincial, este es el fuero en el que debe ventilarse la investigación. Pero también la otra mitad de la biblioteca consideraba que el lavado de dinero es siempre un delito de carácter federal. La Corte Suprema de la Nación avaló el primer razonamiento.

Pero estaba el otro asunto. Luego de que la Cámara le bajara la investigación, Chaves presentó un recurso extraordinario de casación ante la Suprema Corte para que revierta esa decisión adoptada por los jueces Luis Correa Llano, Ramiro Salinas y Alejandro Miguel. Y el máximo tribunal local la avaló.

Estos dos espaldarazos sirven ahora para avanzar con otro impulso en la causa por corrupción más grande que se ventila en la actualidad en Mendoza. Lo que se investiga es un cúmulo de delitos para determinar si se cometieron irregularidades en el manejo de más de $800 millones de fondos federales para la construcción de viviendas sociales, con recursos que llegaban directamente del ministerio de Planificación Federal que conducía Julio De Vido y eran de manejo discrecional por parte de la organización kirchnerista.

Chaves siempre estuvo convencida de que era capaz de llevar a la cárcel tanto a Nélida como al resto, entre otros elementos de prueba, porque detectó que los líderes de la Tupac blanquearon una suma que rondó los $4,3 millones, a través del programa de Sinceramiento Fiscal lanzado por el gobierno de Mauricio Macri en 2016 y habían utilizado también recursos de ese origen para pagar la multa correspondiente a ese blanqueo (el 15% de los bienes a blanquear) por una cifra de $580.000.

Damián y Federico Torrengo, hijos de un primer matrimonio de Rojas, blanquearon camionetas y camiones. Carla y Facundo Martínez, los hijos de su relación con su actual pareja Ramón Martínez, lo mismo. Aunque Carla sumó al blanqueo dos inmuebles. Y también aparece Pablo Carmona, marido de Carla, quien blanqueó un camión.

Los líderes de la Tupac en la provincia, registrados en la AFIP como monotributistas clase B y con ingresos declarados de $24.000 al año, en definitiva terminaron siendo propietarios de autos, camiones, terrenos y otros inmuebles.

Y lo que fue más evidente: algunos de esos bienes fueron adquiridos entre 2010 y 2013, pero el grueso se compró hacia finales de 2015 cuando Ramón, la pareja de Rojas, retiró casi a diario del Banco Nación de Lavalle sumas que iban de los $200.000 a los $500.000, según el día.

Chaves logró dar con estos elementos, aunque (hasta los propios fiscales que intervienen lo reconocen) se cometieron errores que llevaron a toda esta demora en el proceso.

Uno de ellos, no menor, fue haber avanzado en una tipificación tan compleja como la asociación ilícita sin haber logrado cerrar el círculo de la corrupción al detalle. Errores que ahora se buscan subsanar tras el fallo de la Corte, apostando a sintetizar en la nueva acusación todos los elementos de prueba que la fiscal está segura de tener.

Entre esos elementos está el avance investigativo por fraude a la administración pública contra varios  ex funcionarios provinciales, pero con la mira puesta en dos objetivos.

Uno de ellos abarca a los directores del IPV durante los últimos gobiernos justicialistas y el otro al actual intendente de Lavalle, Roberto Righi, sobre quien Chaves tiene la convicción de que miró para otro lado mientras la Tupac realizaba sus desmanejos en ese departamento.

La situación de Righi es parte también del interés político de Alfredo Cornejo, por supuesto. Nunca quedó del todo claro públicamente en el transcurso de esta causa, pero siempre su supo que detrás de algunas presentaciones judiciales estaba la mano de abogados vinculados al Gobierno.

El juri que fue presentado en 2017 contra los abogados de la 8va Cámara tuvo una cara visible que fue la de algunos denunciantes de Rojas que viven en Lavalle. Aunque siempre quedó en claro que ellos nunca habían redactado la presentación. El intento de destitución de los camaristas no prosperó, luego de que la presentación fuera enviada al archivo por el voto del peronismo y de 5 de los 7 integrantes del Poder Judicial que integran ese tribunal.

La línea de investigación que siguió los movimientos de Righi no es nueva. Lleva más de diez meses y se abrió a través de una denuncia anónima que Chaves trabajó y que derivó en el hallazgo, en una computadora secuestrada durante un procedimiento en la municipalidad de Lavalle, de elementos como para avanzar sobre el jefe comunal.

Es más: desde principios de este año, según fuentes judiciales, que la fiscal tiene redactado un pedido de imputación para el cacique lavallino.

Lo que se está realizando ahora es un peritaje sobre el estado de avance en el estado de construcción de los barrios en ese departamento, para determinar la responsabilidad del municipio que era, en definitiva, el que tenía que certificar el avance de esas obras.

Hay un punto que la Justicia pretende cerrar sobre la Tupac que todavía está endeble.

La fiscal terminó avocándose en las más de 180 denuncias que fue recolectando su fiscalía por parte de los afectados de la cooperativa de viviendas y con ese paquete repartió decenas de imputaciones por el delito de coacción y extorsión, entre otros.

La apuesta era elevar todas esas acusaciones a juicio, pero surgió un problema y fue que los fiscales advierten que varios de los denunciantes no sostienen sus testimonios y terminarían cambiando su relato, entre otros motivos, por presiones que siguen recibiendo de la Tupac.

Nélida sigue operando, aunque claro está que con mucha menos presencia en Lavalle. Algo que podría cambiar si, como se presume,  termina otra vez a la cárcel.

Temas

¿Querés recibir notificaciones de alertas?