Política Nueva resolución desata otra pelea con el SUTE

La DGE saca al SUTE de las juntas de control y sanción

El Gobierno escolar quiere recuperar el poder sancionatorio y de control de ambos organismos. Para el gremio docente es un "avasallamiento y atropello más de Cornejo".
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Jimena Catalá

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Jaime Correas, titular de la Dirección General de Escuelas(Gentileza Gobierno de Mendoza)

Jaime Correas, titular de la Dirección General de Escuelas | Gentileza Gobierno de Mendoza

La DGE saca al SUTE de las juntas de control y sanción

La DGE saca al SUTE de las juntas de control y sanción

La DGE saca al SUTE de las juntas de control y sanción

La DGE saca al SUTE de las juntas de control y sanción

La DGE saca al SUTE de las juntas de control y sanción(Gentileza Gobierno de Mendoza)

La DGE saca al SUTE de las juntas de control y sanción | Gentileza Gobierno de Mendoza

Una nueva resolución del Gobierno escolar, que busca "recuperar" el control y el poder sancionatorio a nivel de las Juntas de Disciplina y Calificadoras, desató otra discordia con el gremio docente que conduce Sebastián Henríquez. 

Gracias a un acuerdo paritario que se firmó en 2009 entre el gremio de entonces y el exdirector general de Escuelas Carlos López Puelles, la DGE advirtió que, desde esa fecha a la actualidad, el Sindicato ha tenido una injerencia importante en la resolución de causas iniciadas en las Juntas. 

"En ese momento, de manera ilegal e irregular, se le atribuyó a la Junta la apertura de sumarios y la aplicación de sanciones cuando, en realidad, el estatuto del docente, que se ha cumplido desde 1984 hasta 2009, dice que ello es facultad del titular de la Dirección General de Escuelas", adujo Francisco Fernández, director de Asuntos Jurídicos del Gobierno escolar.

En el mismo sentido, el actual director General de Escuelas, Jaime Correas, agregó: "La verdad es que durante todo este tiempo, ellos (por el gremio) ejercieron una facultad que no les había sido otorgada legalmente porque, de hecho, el estatuto docente prevé que ante una denuncia se hace todo el proceso y el director de la DGE sancionaba". 

Fundamentó este "ajuste" de rienda de las Juntas en "una serie de irregularidades encontradas". "Por un lado, la resolución se originó a partir de una docente que acusó llevar seis años 'en la parrilla', sumariada, maltratada y que, descubrimos, tenía razón. Así como su caso, hemos visto otros en donde las denuncias no han sido elevadas a la Junta o, por el contrario, casos en los que la Junta sí ha actuado e incluso maltratado a docentes; todo lo cual, dependiendo de la afinidad o no que tuvieran con el gremio", resolvió Correas. 

"En suma, cuando ellos (refiriéndose al gremio) no quieren que alguien se vaya, ni siquiera abren la causa; ellos tienen el poder discrecional de abrir o no una causa. De hecho, tenemos una carpeta de casos que ameritaban abrir causas y no lo hicieron como también tenemos una carpeta de causas que han abierto y que han mantenido en el tiempo y han sido arbitrarios", disparó el titular de la DGE, que ahora recuperaría el poder de sentencia.

La noticia generó un nuevo cimbronazo en el SUTE, en donde aún no logran recuperarse del fallo de la Corte respecto de la constitucionalidad del ítem aula. 

"Esto es gravísimo porque lo que está haciendo el gobierno es pasar por encima de la ley vigente. Acá hay un acuerdo paritario de 2009 que está homologado por un decreto y una ley posterior y sin embargo desconociendo esta legislación el gobierno saca una resolución en donde pretende quitarle las facultades que tienen las juntas calificadores y de disciplina", reprochó el prosecretario del SUTE, Roberto Garcés. 

"Es un claro atropello. Estamos frente a un gobierno que supuestamente venía a restablecer el orden y la legalidad y ahora está pasando por encima de la Ley, desconociendo cómo se viene trabajando desde hace muchos años", añadió y aseguró que "detrás de esto está la intención política del Gobierno de quitar la representatividad de los trabajadores de la Educación en esta Junta".

En medio de la tensa calma por el ítem aula, Garcés apuntó que "se abre una nueva batalla. Vamos a accionar de manera administrativa, judicial y gremialmente. No vamos a permitir que retiren ni un papel de la Junta".

En el mismo sentido, el titular del gremio, Sebastián Henríquez observó: "Lo que quieren es que sea el director general de escuelas el que decida las bajas por ejemplo de suplentes y titulares y sacarle a las Juntas de Disciplina cualquier poder en este sentido y volverlas meramente consultivas". "Y en el caso de las Juntas Calificadoras sacarles el poder de discutir las incumbencias de los títulos en el bono de puntaje y esto es clave porque nos permitía a los docentes tener una injerencia en esta discusión", cuestionó el gremialista.

En otro orden de cosas, Henríquez apuntó que el Gobierno lleva años sin convocar a elecciones para reemplazar a los miembros de las Juntas, violando incluso una cláusula que se convino en la paritaria de fines de diciembre de 2017.  

"Se comprometieron a que en febrero iban a presentar un cronograma para llamar a elecciones y no solo no hicieron eso sino que avanzaron a escondidas para tratar de restringir las facultades de la Junta. Es la misma lógica que el decreto 530 que avasalla la autonomía de los institutos de educación superior eslabones de la concentración del poder político", cerró Henríquez. 

Tras constatar con fuentes legislativas, se corroboró que el acta paritaria de 2009 fue homologada sólo a nivel de la composición de las Juntas, quedando afuera el contenido sobre las competencias de las mismas. Eso habilita a la DGE a llenar este vacío legal con el estatuto docente vigente.