Ítem aula: la retórica es de la Corte, los votos de Cornejo

El Gobierno logró una victoria política sobrevaluada: el ítem aula es una estrategia salarial y no una política educativa. El voto culposo de los jueces y la ratificación de la legitimidad de las decisiones.
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Pablo Icardi

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Ítem aula: la retórica es de la Corte, los votos de Cornejo(Pachy Reynoso / MDZ)

Ítem aula: la retórica es de la Corte, los votos de Cornejo | Pachy Reynoso / MDZ

Ítem aula: la retórica es de la Corte, los votos de Cornejo(Pachy Reynoso / MDZ)

Ítem aula: la retórica es de la Corte, los votos de Cornejo | Pachy Reynoso / MDZ

La sentencia de la Suprema Corte que ratificó la legalidad del ítem aula como parte del salario de los docentes es, a priori, un "triunfo político" del Gobierno, que se potencia más de la cuenta por el contexto. Y en la lectura de los argumentos hay una conclusión: la retórica es propiedad de los ministros de la Corte, en particular Palermo, Adaro y Gómez. Los votos son de Cornejo. Es que el fallo fue unánime, pero en el escrito hay argumentos que cuestionan la decisión del gobierno; en particular de los tres jueces de la Corte que más diferencia han marcado con las líneas de acción de Alfredo Cornejo. Es una especie de voto culposo en el que ratifican la legalidad de la decisión política de Cornejo, pero dejan plasmados en el texto algunas diferencias que sirven para los libros y, probablemente, para alguna demanda particular posterior. 

La disidencia parcial de Adaro tampoco sirve para los números, pues no existe el "medio voto". Sí podría haber ocurrido, como pasó con otras decisiones de la Corte, que se aceptara parcialmente el pedido de inconstitucionalidad del SUTE. Pero ese camino es mucho más sencillo en un fallo de Sala (donde votan 3 jueces) que en uno plenario en el que deben ponerse de acuerdo todos los ministros o al menos 4. Allí puede entenderse la estrategia disruptiva del Ejecutivo, que a último momento pidió que toda la Corte fallara aún cuando ya estaban en borrador las opiniones de los jueces que debían decidir. ¿Qué hubiera pasado si los condicionantes que plantea Adaro hubieran sido el voto propinante en la Sala? La trastienda de esa maniobra va a quedar también en la historia legal mendocina y de eso se encarga en el fallo el ministro Mario Adaro.

Lo cierto es que el Gobierno seguía minuto a minuto lo que ocurría con esa causa judicial y decidía en consecuencia. Incluso hay suspicacias sobre los alcances de ese interés por por saber los detalles, que incluso podrían haber excedido las posibilidades que les permitía a los abogados oficiales ser parte de la causa.

El otro dato es temporal: con la lectura de todo el fallo queda claro que la causa se podría haber resuelto en pocos meses y no demorar dos años. 

La letra chica

Fuera de la estrategia política, hay un dato institucional importante y que también marca un posible error del SUTE al demandar. La Corte aclara algo que parece de sentido común: las normas gozan de presunción de legitimidad; más cuando, gusten o no en lo político, han transitado un camino institucional que no puede ser objetado legalmente. El ítem aula hizo un derrotero por ese lado. La discusión se inició en las paritarias, fue ratificada por decreto y luego blindada por ley. Incluso, hábilmente, hubo rectificaciones para salvar errores groseros.

El pedido de inconstitucionalidad realizado por el SUTE aleja el análisis de bemoles: es blanco o negro. Y para que sea anulada una norma, explica la Corte, debe haber fallas más que groseras. "Ante tal amplitud de pretensiones no abunda señalar que el acierto o el error, el mérito o la conveniencia de las soluciones legislativas no son puntos sobre los que el Poder Judicial deba pronunciarse, por lo que la declaración de inconstitucionalidad de una ley -acto de suma gravedad institucional- requiere que la repugnancia de la norma con la cláusula constitucional sea manifiesta, clara e indudable. Ello es así por cuanto la declaración de inconstitucionalidad de una disposición es un acto de gravedad institucional, configurativa del remedio extremo al que el juzgador debe acudir sólo como última ratio", recuerda la sentencia.

El otro dato clave es que por segunda vez la Corte de Mendoza ratifica que es legal y no vulnera el derecho a huelga descontar los días de paro. En ese sentido los jueces hicieron una fuerte defensa de su jurisprudencia y ratificaron que el Ejecutivo puede descontar los días y usar como herramienta "antihuelga" el ítem aula. 

A pesar de la dimensión económica y social que tiene, la Corte encaja al ítem aula en una simple decisión sobre el salario y no como una política educativa. Es decir, le baja el rango estructural que el Gobierno y el SUTE le dieron. Aunque desde lo argumentativo parece amenguar las pretensiones que Cornejo tiene con el tema, ese dato le jugó a favor de la constitucionalidad porque al ser solo una medida salarial se logró esquivar el Consejo de Educación para su ratificación. Claro que entonces se puede entender que el mismo Gobierno buscó sobredimensionar, entonces, al ítem aula como la "gran política educativa", cuando es solo una medida correctiva desde lo salarial. "En resumen, al no contener la normativa impugnada disposiciones referidas a principios y fines de la educación, ni fijar lineamientos generales del sistema educativo, sino que las mismas se limitan a otorgar un aumento en los haberes de un sector de empleados de la Administración Pública", aclaran los jueces.

Con el sentencia en la mano el Gobierno ahora puede profundizar esa estrategia salarial. Y les quedará el paso más importante: una política educativa.