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Insólito: en Mendoza el Estado paga millones por los casos de corrupción y no recupera nada

Hay varios casos emblemáticos que imponían duras sanciones económicas y que quedaron impunes. Por sanciones revertidas del Tribunal de Cuentas, el Estado debe pagar costas millonarias a los abogados.
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Pablo Icardi

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Insólito: en Mendoza el Estado paga millones por los casos de corrupción y no recupera nada(Editorial El Ateneo)

Insólito: en Mendoza el Estado paga millones por los casos de corrupción y no recupera nada | Editorial El Ateneo

Insólito: en Mendoza el Estado paga millones por los casos de corrupción y no recupera nada(MDZ)

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Insólito: en Mendoza el Estado paga millones por los casos de corrupción y no recupera nada(Editorial El Ateneo)

Insólito: en Mendoza el Estado paga millones por los casos de corrupción y no recupera nada | Editorial El Ateneo

Esta es la historia de un Estado bobo. Le roban, no hallan a los culpables y, para colmo, la víctima debe pagar millones. En los últimos años se detectaron varios casos de corrupción en los que hubo denuncias por daños patrimoniales millonarios para el Estado. Estafa con los Vale Más; robo en la Unidad de Financiamiento Internacional, sospechas en el Casino; y la lista sigue. Todos ocuparon muchas páginas en los diarios, algunos expedientes en la justicia y ningún espacio en las cárceles. El punto común es la impunidad

En ese tren no se recuperaron los activos robados y, peor, el propio Estado pagó, debe pagar y pagará millones a pesar de ser "víctima" de los hechos, por las costas y honorarios de los juicios que se llevan adelante en la Suprema Corte de Justicia.

Mendoza no tiene un organismo anticorrupción y los delitos contra la administración pública se han mezclado hasta ahora con homicidios y otras tipologías distintas. En el Estado solo hay análisis legales y contables a través del Tribunal de Cuentas. Ese organismo extrapoder tuvo una actuación oscilante y que es fuertemente cuestionada por la Corte. Por eso de manera casi sistemática ha revertido fallos en los cuales el Tribunal de Cuentas aplicaba sanciones millonarias a ex funcionarios. Se trata de "cargos" por los cuales se buscaba el resarcimiento económico a la Provincia por irregularidades. Pero en la Justicia detectaron errores materiales en esas sanciones. La conclusión es que no se genera el resarcimiento y el Estado debe hacerse cargo de pagar a los abogados y las costas.

La Corte revirtió los "cargos", es decir los resarcimientos económicos, en los casos de la estafa en la Unidad de Financiamiento Internacional, el de la estafa con los Vale Más y desde Tribunales intuyen que puede ocurrir algo similar con los fallos que obligan a devolver más de 5 millones de pesos a las ex autoridades del Casino por las irregularidades en los servicios de una empresa de limpieza. 

Los errores de enfoque y de procedimiento del Tribunal de Cuentas están en la base de los cuestionamientos. En su mayoría es por la falta de alerta a tiempo sobre las irregularidades o por revisar fallos propios donde no se cuestionaba nada y luego se sanciona. Desde ese organismo aseguran que acatan las decisiones y fallos de la Corte, aunque defienden la tarea que realizan. "No caen bien los fallos, pero se acatan. Cuando el Tribunal aprueba un ejercicio no implica que no pueda revisar o hallar luego algo. Para eso se forman piezas separadas", aseguraron.

Solo por esos casos el Estado pagó o deberá pagar (en algunos casos los honorarios aún no están liquidados) más de 3 millones de pesos a los abogados. Para el año que viene, por ejemplo, el presupuesto de Fiscalía de Estado, de donde salen los fondos para pagar juicios y costas, prevé pagar honorarios por casi 12 millones de pesos.

Los casos

Hay varios casos emblemáticos. En 2010 se detectó que un funcionario del a Unidad de Financiamiento Internacional ejecutaba maniobras fraudulentas por varios millones de pesos en los que desviaba cheques de esa oficina para cobrarlos en cuentas personales. Eran fondos que se justificaban como pagos apócrifos a la AFIP. El acusado y condenado fue Marcelo Martorell, quien era el tesorero del organismo encargado de administrar los recursos provenientes de organismos de financiamiento internacional. En total el desfalco rondó los 3 millones de pesos.

Luego del escándalo el Tribunal de Cuentas sancionó a varios funcionarios. Pero la Corte revirtió los cargos contra María Soledad Patrana y María Florinda Rubio. Por honorarios en esos casos se calcula un gasto de cerca de 1,2 millones de pesos. El Tribunal advirtió irregularidades en el ejercicio 2010, cuando ya se había hecho público el escándalo. Pero revisaron ejercicios anteriores que ya habían aprobado y hallaron el mismo mecanismo de fraude. Ante el hecho, revisaron sus pasos y sancionaron a los funcionarios. Pero como los balances del organismo habían sido aprobados originalmente, la Corte cuestionó el accionar del Tribunal de Cuentas.

Con el caso Vale Más ocurrió algo similar, pero con montos mucho más abultados y otras connotaciones políticas. En la justicia ordinaria hubo impunidad total y en la fase administrativa también. El Tribunal de Cuentas había aprobado los ejercicios contables del FIDES y el Ministerio de Desarrollo. Los ejercicios contables de los años 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005 habían sido aprobados. En algunos casos había advertencias sobre inconsistencias, pero no sanciones. Incluso en los informes de la Sindicatura General de la Nación (hechos por el Tribunal de Cuentas) se mencionaban esas irregularidades, pero no se aplicaban sanciones tampoco. 

Cuando en 2006 se conoció el escándalo, también revisó sus pasos y comenzó con una serie de sanciones multimillonarias. La Corte revirtió los fallos con duros cuestionamientos al Tribunal de Cuentas. Es lo que ocurrió con los fallos contra Luis Carretero y en particular el de Alberto Monetti, a quien el Tribunal de Cuentas había impuesto cargos por 14 millones de pesos. Ese fue un caso particular, pues Monetti era el denunciante de la causa. Incluso reconocen que hubo una especia de "enfoque particular" contra el ex funcionario, pues cuando estaba en la gestión él había cuestionado la actuación del Tribunal de Cuentas. La Corte revirtió el fallo en dos partes y los honorarios que deberá pagar el Estado por perder ese juicio superarían los 2 millones de pesos.