Fiscalía de Estado podría cederle personal al auditor de Cornejo

Tras perder el poder de controlar los bienes de los funcionarios, el fiscal de Estado Fernando Simón contó que también podría transferir parte de su personal a la nueva Oficina de Ética Pública.
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Jimena Catalá

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Fernando Simón, fiscal de Estado(Alf Ponce / MDZ.)

Fernando Simón, fiscal de Estado | Alf Ponce / MDZ.

Fiscalía de Estado podría cederle personal al auditor de Cornejo(Alf Ponce / MDZ.)

Fiscalía de Estado podría cederle personal al auditor de Cornejo | Alf Ponce / MDZ.

La puesta en marcha de la nueva Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública implica cambios en la Fiscalía de Estado, ya que, bajo la órbita del Senado provincial, aquélla absorberá dos de sus competencias clave: el control de las declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios del Estado y el seguimiento de los empleados públicos sumariados. Además de ello, el organismo de control, que preside actualmente Fernando Simón, podría perder personal calificado.

Bajo este panorama, y luego de la reciente designación del diputado radical Gabriel Balsells Miró al frente de esta nueva oficina auditora, Simón evitó polemizar y, por el contrario, remarcó las atribuciones constitucionales que todavía conservará.

"Fiscalía conserva las atribuciones constitucionales, lo que tiene que ver con toda la defensa del patrimonio, esto es, toda la actividad judicial de todos los organismos de la provincia en los que intervenimos (municipios, organismos centralizados y descentralizados), lo que puede tener que ver con juicios en la provincia, en la Corte nacional y fondos buitre", enumeró Simón agregando que también seguirá encargándose de las investigaciones en torno a la defensa del patrimonio (como podría ser el caso del incendio del ECA), las actuaciones administrativas que tengan que ver con disposición de fondos provinciales o afectación patrimonial en licitaciones relevantes (transporte, hidrocarburos) y, por último, todo lo concerniente al control de legalidad de ciertas normas (recientemente, por ejemplo, Fiscalía presentó un pedido de inconstitucionalidad contra una ordenanza de San Carlos que prohibía los vuelos de fumigación).

A propósito de esta decisión del Parlamento local (recuérdese que la nueva oficina surge de una Ley que "militó" Laura Montero) de traspasar el control de los bienes patrimoniales de los funcionarios del Estado a la órbita legislativa, Simón eludió cualquier consideración política aunque defendió su gestión en ese sentido. 

"El por qué de esta decisión legislativa hay que preguntarlo a los legisladores. En lo que me concierne, no ha habido ningún tipo de crítica a este tema. De hecho, las declaraciones juradas están todas colgadas en Internet y hemos tenido denuncias y se ha investigado y se ha aportado declaraciones juradas cuando la Justicia lo solicitó", dijo Simón. De cualquier manera, deslizó: "No es una decisión inconstitucional la de hacer este traspaso, por eso nunca la objetamos".

Seguidamente, Simón refirió que además de perder dos funciones principales de control, podría transferir parte de su personal de experiencia a la nueva oficina que dirigirá Balsells Miró. "Hace unos días me reuní con Balsells Miró y me solicitó cuatro empleados de experiencia del área. La Ley dice que si ellos decidieran consentir el traspaso, éste podría realizarse", explicó Simón.

Por último, el Fiscal de Estado destacó el perfil de Balsells Miró y sostuvo: "No creo que provenir de la política sea una capitis deminutio, sea algo que te inhabilite para cumplir una función de control, eso se ve caminando. Miró me parece una persona muy correcta y seria", cerró Simón, quien llegó al cargo actual cuando ocupaba una banca en el bloque peronista del Senado.