Extinción de dominio "testimonial": solo se recuperan bicicletas en Mendoza

El crimen organizado funciona con una lógica empresaria y es perseguido de manera rudimentaria. En Mendoza casi no hay casos de corrupción estructural esclarecidos. Hay normas que permiten una "aproximación" a la recuperación de bienes.

REDACCIÓN MDZ ONLINE

Extinción de dominio "testimonial": solo se recuperan bicicletas en Mendoza

La fiscal Gabriela Chaves tenía el escrito listo: la intención era que los bienes secuestrados a la red formada por la Tupac Amaru en Mendoza pasaran en custodia a la Provincia, en particular al Ministerio de Seguridad. Lo permite la ley y no era una “extinción de dominio” propiamente dicha, pero sí un gesto. En uno de los casos de sospecha de corrupción más ásperos  por las implicancias políticas, la fiscal buscaba un golpe de efecto.  Pero quedó en una mera intención porque el Ministerio Público Fiscal frenó la iniciativa.

Incautar bienes mal habidos; recuperar “parte de lo que se robaron” o que consiguieron con negocios ilegales parece poco menos que una expresión de deseo en Argentina y particularmente en Mendoza. Es que se trata de un paso posterior a saltar la barrera de la impunidad; el real problema del sistema, sumado a la facilidad para camuflar los bienes que los funcionarios públicos y particulares compran sin poder justificar con sus ingresos legales. Para tener una idea: no hay condenas en Mendoza por enriquecimiento ilícito. Ese delito es uno de los que puede servir de base para reclamar la extinción de dominio. Igual suerte corrieron investigaciones por grandes casos de corrupción. No hay condenas, no hay montos establecidos y menos una ligazón judicial entre la corrupción y el destino del dinero robado.

Solo en algunos casos de narcotráfico y trata de personas se logró seguir ese camino. Ocurrió con el caso de Pyme Vip, donde quedaron en la mira los bienes de Sebastián Solé (dinero, inmuebles y autos). A la Sandra Jaquelina Vargas, “La Yaqui”, también le secuestraron bienes comprados con dinero del narcotráfico.

En el crimen organizado y la corrupción hay millones en juego que no se recuperan. Pero, casi como una metáfora de la realidad, los únicos bienes que se han recuperado para el pueblo son los sutraídos por los ladrones de bicicletas. Y es real: la Suprema Corte solo ha dispuesto distribuir esos bienes porque es el único tipo de bienes que tiene un destino específico y un mecanismo ágil cuando se recuperan.

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La "docrtrina Macri" y lo que se podría hacer en Mendoza

Mendoza debería adecuar su Código Procesal Civil para aplicar la “doctrina Macri”. Pero hay herramientas legales que permiten la apropiación para el Estado de bienes incautados.

El artículo 226 del Código Procesal Penal  permite usar los bienes incautados, pero solo para uso de la policía y del Poder Judicial. “Los efectos secuestrados serán inventariados y puestos bajo segura custodia…Los automotores podrán ser solicitados en depósito al órgano judicial interviniente, por el poder ejecutivo  para ser afectados exclusivamente al cumplimiento de la función de seguridad que compete a la policía de la provincia, o por el procurador general para ser destinados a la tarea de la policía judicial”, determina el Código. Es decir, son el Ministro de Seguridad o el Procurador quienes pueden pedir el uso de los bienes. Con el caso "Tupac" se iba a tomar ese camino.

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El Ministerio de Seguridad estaba dispuesto a pedir los bienes. Y la fiscal Chaves hizo un primer intento al Procurador Gullé para que los vehículos secuestrados sean usados por la justicia o la policía. La duda del Procurador era la solidez de la causa, que quedó despejada por el aval de la Corte nacional a la investigación sobre el destino de los fondos que tenían como destino la construcción de viviendas y que podrían haber ido a otros destinos, como la compra de bienes personales. De hecho la lista de vehículos comprados y secuestrados es enorme e incluye camionetas 4x4, camiones y autos de lujo. El Gobierno incluso podría volver a insistir para que el Ministerio de Seguridad pida para sí esos bienes.

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Pero también la ley 6816 establece un mecanismo para incautar bienes secuestrados. En ese caso es más complejo y burocrático. La Suprema Corte tiene la potestad de guardar bajo custodia los bienes y en el caso de los que son registrables (como los vehículos) pueden rematarlos o pasarlos para uso oficial. Solo las bicicletas tienen un fin específico: las escuelas de Mendoza.

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La extinción de dominio puede ser una medida meramente testimonial y requiere más de un trabajo de inteligencia financiera que de una tarea policíaca tradicional. Es que la clave son los negocios. Solo el narcotráfico maneja unos 22.200 millones de pesos anuales en Argentina, sin tener en cuenta el negocio de las drogas sintéticas. Esa estimación, realizada por la Nación, toma en cuenta los secuestros de drogas y el cálculo de lo que no se logra detectar.

En la Argentina, los traficantes de marihuana movilizan $16.227 millones por año. Si se suma el mercado de la cocaína, la cifra llega a los $22.170 millones anuales . Si el narcotráfico fuera una empresa, sería la firma de mayor facturación del país, duplicando, por ejemplo, a YPF.

Con la corrupción la cifra negra es aún más difícil de calcular. En la causa de los “cuadernos”, se estima que se pagaron 200 millones de dólares en coimas. En Mendoza no hay casi investigaciones sobre corrupción y menos se han detectado mecanismos sistémicos que permitan hacer una estimación. En casos como el “Vale Más”, que quedaron impunes, no se culpó a nadie y menos se determinó la “ruta del dinero”.

Pero también hay que tener en cuenta las herramientas que facilitan el lavado de dinero, que es justamente el delito que permite la fuga de recursos. En Mendoza, incluso, es más sencillo gracias a que se permite la compra de inmuebles sin que los escribanos alerten  a la UIF.

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