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Estado bobo: pagarán por cartuchos antigranizo que no servían

En 2008 se compraron cartuchos que eran peligrosos. A pesar de ello, el Gobierno no anuló el contrato correctamente y la Suprema Corte ordenó pagarle a la empresa.
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Imagen referencial.(Pachy Reynoso/MDZ)

Imagen referencial. | Pachy Reynoso/MDZ

Estado bobo: pagarán por cartuchos antigranizo que no servían(Pachy Reynoso/MDZ)

Estado bobo: pagarán por cartuchos antigranizo que no servían | Pachy Reynoso/MDZ

Es una historia del "Estado bobo". En realidad, una nueva historia de un Estado que deberá pagar por ineficiencia: la Corte acaba de condenar a que una empresa cobre por productos que vendió en malas condiciones y que no servían, pero que cobrará porque el Gobierno no reclamó como correspondía. 

Se trata de cartuchos comprados para la lucha antigranizo en 2008, pero que no podían usarse porque eran peligrosos por las fallas que presentaban. El problema fue que el Estado no cumplió con los plazos correspondientes para frenar la contratación y ahora, una década después, deberá pagarlos.

El monto "base" de la demanda no parece significativo: casi 400 mil pesos. Sin embargo, como se pagará con los intereses de la tasa "activa del Banco Nación" por casi 10 años, sí resultará una cifra millonaria.

En el año 2008, se lanzó una compra directa de cartuchos pirotécnicos para la lucha antigranizo. El gobierno de Celso Jaque adjudicó la compra a Stroyproject Eood. Pero cuando se probaron, fallaron: uno de los cartuchos explotó y se comprobó que eran peligrosos para los aviones, "lo que determinó el cese de las pruebas y el precintado y resguardo de todas las cajas de cartuchos" y la suspensión parcial de la operación y de la lucha antigranizo. 

Incluso, uno de los cartuchos falló en pleno vuelo, lo que casi ocasionó una tragedia.

Aunque internamente se comprobó que los cartuchos estaban fallados y no eran aptos, era necesario hacer una pericia oficial. Y esa medida no se hizo por desidia. Por eso la Corte ordenó pagarle a la empresa, a pesar de que era mercadería fallada. 

La base de esa decisión es que, según argumenta el juez Alejandro Pérez Hualde, la provincia excedió los límites razonables para hacer las pericias necesarias y no siguió los pasos administrativos para caducar el contrato. Es decir, a pesar de todo el contrato seguía vigente. 

"Lo irrazonable de la actividad administrativa cuestionada, posterior a la suspensión de la ejecución del contrato, se agrava aún más al evaluar que la Administración bien pudo, por sí y ante sí, rechazar la mercadería entregada, devolviéndola al proveedor. Pudiendo incluso llegar a rescindir el contrato por incumplimiento del proveedor y sancionarlo, además de recurrir a la ejecución del contrato por un tercero (como ciertamente lo hizo). Pero, por el contrario, y sobre la base de razones que no han sido suficientemente explicitadas, la Administración ha preferido mantener la suspensión de la ejecución y, con ello, la vigencia del contrato", argumentan.

El expediente está plagado de pruebas y testimonios que certifican que la mercadería no servía. Sin embargo, los errores de gestión hicieron que la sentencia sea contraria. El juez Julio Gómez votó en disidencia porque considera que, justamente, no hay que pagar por esa mercadería inutilizable.

La Provincia deberá pagar por 4.300 de los 5.000 cartuchos comprados originalmente. "Hacer lugar parcialmente a la demanda interpuesta por y, en consecuencia, condenar al Gobierno de la Provincia de Mendoza demandado a abonarle la suma de $397.320 equivalente a multiplicar el precio unitario de $92,40 por los 4.300 cartuchos antigranizo", dice la sentencia. El problema para las cuentas públicas es que se aplicará el interés de la tasa para la línea de préstamos personales del Banco de la Nación (que supera el 30%).